La presidente argentina Cristina Fernández de Kirchner se prepara para apuntar a los bancos, los fabricantes de alimentos y las empresas de servicios públicos tras nacionalizar YPF SA, dijo Daniel Marx, que colaboró en la privatización de la mayor compañía petrolera del país hace dos décadas.
Fernández, de 59 años, podría aumentar los controles sobre las empresas de electricidad, gas y procesamiento de alimentos para frenar la inflación más alta de la región y profundizar las reglamentaciones bancarias para limitar la salida de capitales y el gasto de los consumidores en combustible, explicó Marx, ex subsecretario de Finanzas que actualmente dirige la firma de investigación de Buenos Aires Quantum Finanzas, en una entrevista del 17 de agosto. Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte SA, Metrogas SA y Transener SA son las compañías que más probablemente se nacionalicen, agregó.
Fernández ya ha obligado a las empresas a repatriar los ingresos por exportaciones y prohibió la mayoría de las compras de moneda extranjera. Su expropiación de YPF, la mayor compañía petrolera de Argentina, en abril llevó el costo del endeudamiento del país a 12,12 por ciento, más del doble del promedio de las naciones en desarrollo. Los rendimientos de Edenor, Pan American Energy LLC y Banco Macro SA, el mayor banco del país por valor de mercado, también aumentaron a por lo menos el doble del promedio de las compañías de América Latina por el temor de que Fernández trate de extender su influencia sobre más sectores de la economía.
“Esta forma general de manejarse con el sector privado no se va a detener con el caso del petróleo y el gas”, señaló Marx. “Los controles se volverán más formales y unilaterales”.
Comisión de energía
El 16 de abril, Fernández dijo que expropiaría el 51 por ciento de la mayor compañía energética del país perteneciente a Repsol YPF SA con sede en Madrid luego de que las importaciones de combustible se duplicaron a US$9.400 millones el año pasado. En los dos meses anteriores a la toma de control, el gobierno impidió el pago de dividendos de YPF y respaldó las decisiones de los gobiernos provinciales de revocar quince de las licencias de yacimientos que poseía el productor.
El mes pasado, Fernández extendió su control sobre la industria energética creando una comisión encargada de supervisar todas las inversiones petroleras privadas. El rendimiento de los bonos de Pan American con vencimiento en 2012 trepó 1,77 puntos porcentuales, a 10,24 por ciento, desde la toma de control de YPF, en contraste con una caída de 0,4 puntos a 5,93 por ciento para las compañías energéticas de América Latina que figuran en el índice de Credit Suisse Group AG.
“Es común que los gobiernos justifiquen las expropiaciones diciendo que así recuperan el control de un sector clave”, declaró Juan Pablo Fuentes, economista de Moody’s Analytics Inc. de West Chester, Pensilvania. “Pero después todos los sectores empiezan a ser estratégicos”.
“El gobierno busca alcanzar sus objetivos políticos controlando a las compañías”, dijo Boris Segura, estratega latinoamericano de Nomura Securities International en Nueva York. “Los diferenciales de rendimiento con la región sólo se reducirán si tenemos meses y meses sin noticias negativas pero, tratándose de Argentina, yo no contaría con ello”.
