Esta semana, el gobierno logró sacar con canasta limpia en sus filas el proyecto de reforma tributaria de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, a pesar de las numerosas críticas provenientes desde la propia Nueva Mayoría a varios puntos de la iniciativa. Es que, más allá de las declaraciones, en el oficialismo imperó el eje rector de no debilitar el capital político de La Moneda antes de tiempo y en una materia donde los votos están asegurados, a diferencia de los otros dos temas emblemáticos del programa, como son la reforma a la educación y la nueva Constitución.
Desde el primer día en que se ingresó la reforma, la derecha, el mundo empresarial y varios medios de comunicación han puesto el énfasis en los efectos negativos de la reforma tributaria, el daño que implica para la pequeña y la mediana empresa (PYMES) y la clase media, mientras que desde La Moneda se enfatiza el principio de establecer una mayor justicia tributaria y generar una recaudación adicional para el financiamiento de una mejor educación y salud.
Una pugna abierta, que graficó bien el diputado RD, Giorgio Jackson: “Las presiones de los poderes fácticos van a seguir existiendo para que esta reforma tributaria no tenga las atribuciones necesarias para fiscalizar a los ‘peces gordos’” y agregó que ha sido evidente cómo los “medios de comunicación conservadores” han hecho una campaña del terror, “desinformando a la población sobre eventuales perjuicios”.
En La Moneda dicen que ha sido “demasiado evidente” la estrategia de estos sectores por torpedear la reforma, que se escudan en la clase media –dijeron–, cuando la verdad es que el problema que tienen es que el 10% más rico del país va a terminar pagando el doble de impuestos que lo que tributa en estos momentos.
El punto es que esa pugna con los fácticos ha llevado a que se exacerben y se dé tribuna a las críticas internas de algunos en la Nueva Mayoría, con el objetivo claro –recalcaron– de generar ruido, desgastar al gobierno para que tenga menos piso político el segundo semestre, en circunstancias que en forma unánime en el oficialismo –gobierno, partidos y parlamentarios– se reconoce que la reforma tributaria no ha estado ni está en peligro.
Ello es evidente si se considera que la reforma tributaria necesita de los votos de 61 diputados y 20 senadores, cuentas que la Nueva Mayoría tiene por sí sola en ambas Cámaras.
El ruido interno, agregaron, sólo debilita al propio oficialismo. Una premisa de la que en Palacio afirman tener plena conciencia. Así como, también, que todos los esfuerzos y el capital político se deben desplegar en la reforma educacional para tener los votos necesarios y, sobre todo, para mantener ordenadas las filas propias, ya que es un ítem donde reconocen que hay diferencias ideológicas al interior de la propia Nueva Mayoría, y en el que más de uno tiene intereses creados, cuando se habla de gratuidad y fin al lucro.
No dilatar en exceso el debate es fundamental. Por eso el gobierno se fijó plazos específicos para sacar adelante la enmienda tributaria: que salga de la Cámara Baja antes del primer mensaje presidencial del 21 de mayo, que pase al Senado y la discusión oscile entre junio y julio, dar espacio a un casi seguro tercer trámite constitucional durante agosto y que esté cien por ciento zanjada en la primera quincena de septiembre, para que no se mezcle con la discusión del proyecto de Presupuesto para el 2015.
Si no se cumplen estos plazos autoimpuestos, será un traspié para La Moneda. “Hay que aprovechar este momento, el gobierno no puede desgastarse en esta reforma tributaria”, reconoció una alta autoridad de Palacio, y eso pasa por el papel que juega la Presidenta Michelle Bachelet.
Mensajes claros
Hace unos días, ante las críticas de que el gobierno no dialogaba aspectos de la reforma, la Mandataria rayó la cancha con claridad: “Si quiere bajar un impuesto, dígame cuál subimos, porque tenemos que mantener la misma recaudación” y sentenció que estaba abierta a alternativas, pero “nada que afecte el principio de justicia tributaria”. Aunque tampoco ha quemado sus naves en este tema, sino que ha sido el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, el que no sólo ha hecho la conducción técnica sino que también la política y comunicacional de la reforma.
Ello, precisamente –reconocen en el gobierno y la Nueva Mayoría– porque la Mandataria debe “guardarse” para las otras dos “verdaderas peleas” del programa: educación y Constitución.
La evaluación que hay hasta ahora de Arenas –“el Negro”, como lo llaman en el oficialismo– es que “ha estado sólido”, que “lo ha hecho bien”, porque ha manejado “la sección pan y circo”, como algunos en el gobierno han ironizado en privado estos días para referirse a algunas críticas a la reforma de parte de ciertos parlamentarios de la Nueva Mayoría.
El punto débil de Arenas que algunos observan en el gobierno pasa por el hecho de que “esta reforma tributaria es un tema de elite” y, por lo tanto –explicaron–, ante el despliegue de consignas desde la derecha y los empresarios, se considera que no ha sido fácil “aterrizar este debate”, hacer la pedagogía política para contrarrestar el impacto que tienen en la opinión pública.
Así, la apuesta en La Moneda para mantener la “disciplina” oficialista ha sido hacer sentir el peso político del que se goza en esta etapa en Palacio.
Por eso no es gratuita la insistencia de los ministros y de la propia Bachelet en frases como que “el programa de gobierno se va a cumplir, porque fue aprobado por la ciudadanía”. Ello apunta, agregan en el gobierno, precisamente a alinear las huestes, una forma suave de mandarles el mensaje de que fue ella la que ganó “con el 62%”.
Una estrategia que comparten varios en la Nueva Mayoría. Unos en privado dicen que “las críticas internas que ha habido son sólo escaramuzas, frases a la galería de sus partidos o electores, pero difícilmente algún parlamentario se va a ir contra la Mandataria, el costo de eso no les conviene políticamente”.
Otros, públicamente recuerdan –como lo hizo ayer el senador PS, Carlos Montes– que “se están haciendo todo tipo de construcciones para relativizar lo que se hace, pero aquí la ciudadanía votó por Michelle Bachelet porque representaba un programa de transformaciones (…). La Nueva Mayoría tiene que entender que aquí hay un programa y jugarse por ese programa. Aquellas personas que están buscando los matices por aquí y por allá, que aclaren de una vez por todas qué es lo que quieren”.
En paralelo, el factor sicológico del viento favorable y sacar punta a los logros obtenidos en este primer tramo, que reafirman el poder político del gobierno. “Tenemos que afianzar la legitimidad del gobierno y eso se consigue con logros concretos, cumpliendo los compromisos, como haber aprobado el voto de los chilenos en el extranjero, mandar el proyecto de cambio del binominal, no descuidar las 56 medidas para los primeros 100 días”, recalcaron en La Moneda.
