Trabajo asegurado por meses tendrá el Consejo de Defensa del Estado (CDE) a raíz del Caso Cascadas y los abogados que representan a los acusados.
Las innumerables causas que tienen involucrada a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), debido a los recursos presentados por los principales acusados en la investigación –Julio Ponce, Aldo Motta, Roberto Guzmán, Leonidas Vial y Citigroup–, hacen inevitable que en los próximos meses los actores principales del caso sigan desfilando por tribunales.
Pero el 1 de agosto pasado, el Consejo para la Transparencia (CPT) agregó un elemento que puede ser clave en el futuro de la causa que lidera la SVS. En un fallo –del cual se abstuvo de participar el ex director de una de las sociedades cascadas Norte Grande, Alejandro Ferreiro–, el CPT resolvió acoger el requerimiento de los abogados de Julio Ponce, quienes reclamaron en enero pasado que la SVS les negó información clave para su defensa.
En particular, el CPT ordenó que la SVS revele a Ponce los estudios que sustentaron su tesis de que las operaciones controvertidas con sociedades cascadas se hicieron a precios fuera de mercado; asimismo, la identidad de quienes transaron acciones de las cascadas entre 2008 y 2011; y, además, que indique las operaciones con las mismas sociedades por parte de las AFP y Moneda Asset Management.
El abogado de Ponce, Raimundo Labarca, aseguró que esta decisión es clave e invalida toda la investigación y, por ende, anularía los cargos. Esto, pues –a su juicio– la SVS debe cumplir la orden del CPT, entregar la información requerida y, dado que antes se le impidió que ejerciera su derecho a la defensa por la ausencia de dicha información, el proceso debiera volver al período de descargos.
Derecho a la defensa 1
Aunque la SVS ya informó que no volverá atrás y que, por el contrario, además de delegar en el Consejo de Defensa del Estado (CDE) la presentación de un recurso de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, continuará el procedimiento contra Ponce que hoy concluye con la etapa probatoria. La SVS insiste en que son procesos independientes. De ser así, la SVS daría a conocer su resolución final en septiembre próximo.
La decisión adelantada por la Superintendencia no es trivial. A su juicio –aseguran fuentes que conocen del caso–, lo que resolvió el CPT se refiere al derecho de acceso a la información y no a aspectos jurídicos relativos a la investigación misma. Discutirá su tesis ante la Corte y, si se ve obligada, en última sentencia entregará la información requerida.
Pero –adelantan las fuentes–, la SVS dará en tribunales la disputa de fondo en esa discusión: que la no entrega de los antecedentes requeridos por los abogados de Ponce, no le impidió a éste ejercer su derecho a la defensa ni provocó que no se cumpliera con el debido proceso, como sostuvo el viernes el abogado del empresario, Raimundo Labarca.
Sin embargo, el escenario no es tan simple para la entidad que dirige Carlos Pavez y esto se debe, en particular, a los considerandos que incluyó el CPT en su dictamen.
En su considerando 24, el Consejo –al argumentar la orden de revelar estudios que demuestren que las operaciones se realizaron a precios superiores o inferiores a los de mercado– señala explícitamente que, dado que dichos antecedentes abordan un aspecto central para formulación de cargos a Ponce, “le asiste el derecho a conocer cabalmente los antecedentes que el órgano fiscalizador ha ponderado para fundar su acusación, todo ello con el objeto de poder ejercer debidamente su derecho a defensa en el mismo”.
El fallo se refiere, en este caso, al derecho a la defensa de Ponce más que al acceso a la información que regula la Ley de Transparencia y, por eso, a juicio de abogados cercanos al caso, la SVS y el CDE deberán impedir que ese argumento sea validado en la Corte. Esto, porque, si así ocurriera y el tribunal de alzada determina que la SVS vulneró el derecho a la debida defensa del empresario, la SVS se vería obligada a retroceder el caso seis u ocho meses.
En la práctica, dice un profesional, el caso se caería “a pedazos”, pues podría terminar recién a mediados de 2015, con lo cual casi la totalidad de las operaciones cuestionadas a Ponce caducarían.
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El CPT también toca aspectos cruciales relativos al proceso al analizar la solicitud de Ponce sobre la identidad de todos quienes compraron o vendieron acciones de Norte Grande en el período investigado.
Al acoger la solicitud de Labarca, el Consejo señala que, aun considerando la Ley sobre Protección de la Vida Privada, debe prevalecer el derecho de Ponce a acceder a dicha información, “por cuanto sólo de ese modo puede ejercer en plenitud el derecho a defensa que dicha posición jurídica le confiere”.
Aun más, advierte que como la SVS le imputa al presidente de SQM el haber transado acciones cuyos efectos les provocaron perjuicio a los accionistas minoritarios de las cascadas (AFP y Moneda entre ellos), “la identificación de las contrapartes de tales operaciones resulta necesario para confirmar o descartar el esquema y patrón defraudatorio a que alude la SVS y por lo mismo constituye un antecedente necesario para el derecho que a toda defensa debe asistir en orden a desvirtuar las presunciones que fundan la imputación”.
Las aseveraciones del Consejo hacen prever –asegura un profesional cercano al caso– que Ponce, luego de pedirle a la SVS que regrese el caso a los descargos –a lo cual la SVS ya adelantó que se negará–, acudirá a la Corte pidiendo que detenga el proceso y revise la ilegalidad que, a su juicio, cometió la Superintendencia al no permitirle acceder a la información que manejó la entidad fiscalizadora en su investigación.
AFP, Moneda y Piñera al desnudo
Pero la decisión del CPT no sólo pone en riesgo el futuro del caso armado por la SVS, sino que podría llevar a que se transparente la participación de las AFP, Moneda y las sociedades vinculadas al ex Presidente Sebastián Piñera en las transacciones con sociedades cascadas.
Entre 2008 y 2009, como lo informó en su momento este medio, Bancard, Axxion e Inversiones Santa Cecilia, todas de Piñera, realizaron ventas y compras de papeles de las cascadas. Lo mismo hicieron las AFP y Moneda, teniendo en algunos casos participaciones relevantes en dichas transacciones, como ocurrió con Provida, en abril y mayo de 2010.
Aunque para los detractores de Ponce el intento del empresario de hacer públicas estas operaciones es atacar la supuesta intervención de Piñera en el caso estando al frente de La Moneda, para su defensa era clave a fin de demostrar que Ponce no lideraba un esquema de operaciones, pues había libertad para participar en dichas transacciones.
