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SVS se lanza contra directorio de SQM y abre el camino para denuncias de minoritarios

Enrique Elgueta
Por : Enrique Elgueta Periodista y consultor senior en Comsulting.
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El directorio de las sociedades cascada quedó impune del esquema ilícito de transacciones bursátiles sobre el cual la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) aplicó las multas más altas de su historia (US$164 millones); sin embargo, la mesa de SQM –la sociedad productiva de la cascada– no corrió la misma suerte.

La empresa se venía blindando de distintas formas para evitar –o postergar– la entrega de antecedentes contables al Ministerio Público, información sobre la cual se presume la existencia de US$11 millones en boletas falsas que habrían tenido como destino el financiamiento de campañas políticas. Sin embargo, a partir de la forma en que se supo esta cifra, la SVS simplemente sumó 2 + 2 al tener la convicción de que el directorio la conocía pero no la informó en forma ni oportunidad al mercado, tras filtrarse en Radio Duna y, luego, ser ratificada por Patricio de Solminihac en una conference call con inversionistas y analistas.

Ese detalle se les pasó tanto al presidente del directorio, Julio Ponce, como a Hernán Büchi, Juan Antonio Guzmán, Wolf Von Appen y Patricio Contesse Fica, hijo del ex gerente general de SQM que ya fue sancionado en el marco del Caso Cascada.

Son varias las infracciones que presume la SVS. Por un lado, haber vulnerado la norma de carácter general N°30, que obliga a las empresas fiscalizadas a “divulgar en forma veraz, suficiente y oportuna todo hecho o información esencial respecto de ellas mismas, de sus negocios y de los valores que ofrecen, en el momento que el hecho ocurra o llegue a su conocimiento”; infracciones a los artíuculos 9 y 10 de la Ley de Mercado de Valores, que son de un tenor similar a la norma mencionada; y los artículos 4 y 46 de la Ley de Sociedades Anónimas, de los cuales el segundo instruye a las sociedades a informar sobre su situación legal al mercado.

De esta forma, la SVS irrumpió definitivamente en un caso que está en pleno proceso y sobre el cual aún no es claro el castigo al que se exponen los involucrados. De hecho, si bien Alejandro Montero, José María Eyzaguirre y Wayne Brownlee, directores representantes de Potash Corp (PCS) –sociedad canadiense dueña del 32% de SQM– renunciaron a tiempo a la mesa directiva, no están exentos de la investigación que ya inició el regulador, aseguran fuentes informadas en esta materia, a pesar de que su malestar con el directorio de Ponce ha sido de público conocimiento.

“Atendida la fe pública y el interés de los inversionistas comprometidos en este caso, resulta pertinente informar al mercado y público general la formulación de cargos antes mencionada sobre la base de conclusiones sostenidas hasta la fecha en la investigación administrativa antes referida, sin que ello implique levantar la reserva de los antecedentes recopilados en la misma ni el contenido íntegro de los cargos formulados”, sostuvo la SVS al informar sobre el proceso iniciado.

Se abre la ruta para minoritarios

La formulación de cargos abre el camino para que los minoritarios lleven a tribunales la difícil coyuntura que pesa sobre SQM. En general, estos venían analizando la situación sin tener aún un panorama claro, pues la forma en que venía actuando el directorio levantaba sospechas, pero presuntas infracciones no eran claras. Esto, hasta que la SVS ató cabos con la fallida conference call de De Solminihac.

AFP Cuprum ya había pedido al regulador que investigara eventuales infracciones a las leyes de Valores y Sociedades Anónimas, y la institución encabezada por Pavez ya habló.

La investigación de la SVS podría motivar una revisión de los estados financieros de SQM, lo que permitiría dar pie a nuevas formulaciones contra el directorio. De esta situación, bufetes de EE.UU. ya han tomado nota y, pese a que no son los más reputados de dicho país, están a la caza de clientes para demandas colectivas contra la empresa.

Sin embargo, cuando Pavez fue al Congreso a esclarecer la situación del grupo Penta y la legalidad de sus estados financieros, dejó en claro que las irregularidades tributarias y sus posibles efectos en los balances eran materia del Servicio de Impuestos Internos (SII), un precedente que pone en duda su campo de acción frente a una información financiera eventualmente adulterada, como puede ser el caso de SQM.

Büchi, el ejecutivo con más directorios, no se salva

La salida de los representantes de PCS –ocurrida el 18 de marzo– ya venía levantando dudas respecto del actuar del resto de los directores de SQM, como Hernán Büchi, Juan Antonio Guzmán y Wolf Von Appen, todos personajes archiconocidos en el mundo financiero y que incluso suscitan respeto en El Golf, lo que explica su participación en varios directorios de las empresas más grandes del país.

De hecho, Büchi es el director con mayor actividad del país. Según un estudio que hizo Amrop MV Consulting y que publicó Pulso en diciembre pasado, participa en 7 empresas del IGPA y otras 4 del IPSA. Pero con los antecedentes de 2015, éste participa en 5 sociedades listadas en el índice, como son –además de SQM– Quiñenco, SAAM, la Compañía Sudamericana de Vapores (todas del grupo Luksic) y Falabella –donde es independiente–, sin considerar otras empresas relevantes, como son las aseguradoras de Consorcio Financiero.

Este último holding ya vio la partida de Juan Bilbao tras ser acusado en EE.UU. de uso de información privilegiada. Está por verse si tomará medidas con un director ahora acusado por infracciones a las leyes de Valores y de Sociedades Anónimas.

Conocedores de cómo opera el directorio de SQM, sostienen que en general su posición está en línea con los intereses de Ponce. Quienes lo conocen afirman que tiene una larga relación de amistad con el presidente de las cascadas, al igual que Juan Antonio Guzmán, quien a su vez ocupa un sillón en Sonda y CFR Pharmaceuticals.

Contesse declara ante la Fiscalía

Los cargos de la SVS se formularon el mismo día que Contesse, el ex gerente general de SQM y mano derecha de Ponce por años, acudiera a la Fiscalía a declarar en calidad de imputado.

Contesse siguió la estrategia de Jovino Novoa y no declaró, ejerciendo su derecho a guardar silencio.

El ex gerente general de SQM, que fue despedido el 16 de marzo, fue quien mandó a revisar la legalidad de la solicitud realizada por el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, para que SQM entregara toda su información contable entre 2009 y 2014; primero al Octavo Juzgado de Garantía, el que rechazó la solicitud, y luego al Tribunal Constitucional, que declaró “inadmisible” la solicitud, dejando sin validez lo que fue denominado como una “operación bloqueo” al accionar de la Fiscalía.

Por otra parte, poco después de las 15:00, José María Eyzaguirre Baeza, representante de Potash Corporation of Saskatchewan (PCS) –dueña del 32% de Soquimich–, llegó a declarar ante los fiscales. Cabe recordar que los representantes  de Potash mantuvieron la postura de entregar de manera voluntaria la información solicitada por la Fiscalía, el 17 de marzo, e Eyzaguirre Baeza –quien hoy declaró en calidad de testigo– renunció a su puesto en el directorio de SQM a causa de esta controversia.

Antes que Contesse, declaró su sucesor en la gerencia, Patricio de Solminihac, hermano de Hernán de Solminihac,  ex ministro de Minería de Sebastián Piñera.

El actual gerente de la compañía concurrió acompañado de Ricardo Ramos, vicepresidente de finanzas. Ambos también declararon como imputados. “Se prestó una declaración, estamos coordinados con la Fiscalía para seguir prestando colaboración. Se está entregando información a la Fiscalía y se va a complementar la próxima semana”, dijo Carlos Cortés, abogado de De Solminihac.

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