La coincidencia es que para mayo próximo podría haber veredicto sobre la decisión judicial -por ahora, en suspenso- que obliga a la Argentina a pagar a tenedores de bonos de deuda bajo riesgo de entrar en default técnico si no lo hace. Pero en el fondo, y dada «la pertinaz actitud del gobierno de Cristina Kirchner de burlarse de todas las normas internacionales», es «bastante probable» que ni siquiera ese fallo ponga fin a la disputa entre el Gobierno y los acreedores que no aceptaron ninguno de los dos canjes de deuda que ofreció.
Ésa fue una de las conclusiones del seminario que se realizó ayer en esta ciudad para analizar el impacto que los fallos del juez Thomas Griesa produjeron en el pago de la deuda argentina y el temor de que éste se extienda a procesos de reestructuración de deuda de otros países.
Organizado por la principal asociación de negociadores de bonos de mercados emergentes (EMTA, por sus siglas en inglés), el seminario transcurrió en la sede central de Merrill Lynch y se convirtió en el principal foro en abordar la cuestión. «Ésta es una prueba del interés que genera este caso», dijo Henry Weisburg, del estudio Sherman & Sterling, ante la impresionante respuesta que tuvo la convocatoria: más de 400 personas colmaron la sala. «El problema con la Argentina es que por mucho que se la analice desde el costado lógico, siempre termina sorprendiéndote porque, en definitiva, si en algo se especializa [Cristina] Kirchner es en ignorar las normas internacionales», cuestionó Hans Humes, de Greylock Capial Management.
Moderado por James Kerr, un primer panel puso muy en duda que la oferta de reabrir el canje de deuda tenga impacto en el ánimo del tribunal. «Es algo que parece más una narrativa que algo con contenido legal. Me parece que los demandantes lo rechazarán y los jueces lo ignorarán», pronosticó Weisburg.
La expectativa coincidente es que difícilmente la Cámara que debe revisar el fallo de Griesa acceda al pedido de la Argentina de una nueva audiencia de sus trece miembros. La misma duda existe para la posibilidad de que, en ese caso, la Corte Suprema acceda a tomar el expediente. La coincidencia fue que, de producir la Cámara un fallo adverso, el Gobierno «hará todo lo posible» para «burlar la decisión y demorar su cumplimiento todo lo posible», lo que incluye intentar un cambio de jurisdicción para el pago a los acreedores que sí aceptaron canjes para, así, evitar el alcance de la justicia norteamericana.
La posibilidad de esa hipotética alternativa fue matizada, sin embargo, por Sebastián Vargas, de Barclays. «Ensayar a las apuradas un cambio de jurisdicción cuando se tiene en contra a la justicia norteamericana no creo que sea algo sencillo», deslizó.
El seminario fue ocasión también para que los bonistas que sí aceptaron canjear sus papeles con quita reiteraran su posición de «víctimas» en todo el proceso. «No queremos que la justicia desvíe dinero de nuestros pagos para ponerlo en manos» de los llamados «fondos buitre», dijo el abogado Sean O’Shea, su representante legal.
Consultados por LA NACION, funcionarios argentinos que siguen el proceso coincidieron en que las expresiones públicas y el interés abierto por la causa favorecen la expectativa de que se modere la decisión inicial de Griesa, que para pagar a los llamados holdouts habilita la posibilidad de echar mano del dinero que se gire a los Estados Unidos para pagar a otros acreedores.
Los bonistas minoristas italianos que siguen en default le pidieron a la justicia de Estados Unidos que no revise la sentencia que obligó a la Argentina a pagarle a un grupo de holdouts en octubre pasado. En un escrito presentado como «Amigos de la Corte», los tenedores italianos afirmaron que la «Argentina se mantiene en la misma estrategia de la última década de eludir a sus acreedores y a la justicia».
