A pocas semanas de comenzar un nuevo proceso participativo, se espera que no solo los órganos del proceso constitucional, sino que también todos quienes participan en el debate público, desde líderes de opinión a las principales autoridades políticas del país, puedan reconocer el rol fundamental que ha tenido y tiene hoy nuevamente la opinión, el testimonio y la experiencia ciudadana, en instancias tan importantes para nuestra historia democrática.
Si bien en el mundo no existe una fórmula única para articular el involucramiento de la ciudadanía en los procesos constitucionales, nuestro país cuenta con antecedentes importantes de observar y poner en valor.
Como parte de ese ejercicio, hace algunos días la Secretaría Ejecutiva de Participación Ciudadana hizo entrega del Informe de recopilación de procesos participativos previos (2016-2022) cumpliendo así el mandato constitucional reflejado en el Artículo 105 del Reglamento que regula los órganos del Proceso Constitucional.
Este informe nos permite repasar el camino recorrido en términos de participación y discusión constitucional, considerando tanto el proceso impulsado por la Presidenta Michelle Bachelet, como luego los esfuerzos de la Convención Constitucional, en los cuales se establecieron diversos mecanismos y canales institucionales. Pero también, podemos dar una mirada a aquellas instancias donde la ciudadanía generó una ola de participación propia, buscando o creando caminos alternativos, dando cuenta de una sociedad que busca hacer oír su voz y plantear sus necesidades.
En un proceso constitucional que está indudablemente vinculado a los fallidos intentos anteriores, se espera que la participación realizada también llegue a ser un insumo relevante para el trabajo de la Comisión Experta y del futuro Consejo Constitucional.
En un momento donde la escucha activa de las preocupaciones y anhelos ciudadanos cumple un rol fundamental, este ejercicio de recopilación, aunque acotado, intenta dar cuenta de la diversidad formal y sustantiva de los esfuerzos que sectores plurales de la ciudadanía han realizado para contribuir a la mejor toma de decisiones.
Miles de sueños y anhelos han sido expresados a través de procesos que varían ampliamente en énfasis y contenidos. Jóvenes, adultos mayores, migrantes, católicos, feministas, comunidades rurales, entre tantos otros, han impulsado iniciativas, dando cuenta de una participación que no responde a una sola voz o un solo pueblo, pero sí a la misma necesidad de escuchar y encauzar las múltiples voces de un país diverso.
Esta enorme diversidad de demandas sin duda representa, para las propias comunidades, organizaciones, colectivos y personas, el gran desafío de hacerse escuchar; y a los actores del debate público, el poder incorporarlas. En este contexto, pareciera que el factor institucional se vuelve fundamental para el éxito de los procesos participativos. El gran interés de la ciudadanía en participar de los asuntos públicos necesita ser apoyado y canalizado institucionalmente para lograr con éxito los objetivos democráticos y de incidencia que levanta como su principal motivación.
A pocas semanas de comenzar un nuevo proceso participativo, se espera que no solo los órganos del proceso constitucional, sino que también todos quienes participan en el debate público, desde líderes de opinión a las principales autoridades políticas del país, puedan reconocer el rol fundamental que ha tenido y tiene hoy nuevamente la opinión, el testimonio y la experiencia ciudadana, en instancias tan importantes para nuestra historia democrática.
