Opinión
La desidia institucional ha sido uno de los principales adversarios a los que se enfrentan los trabajadores de la educación en la tarea de acompañar los procesos educativos en los colegios públicos del país. Desidia que debe, con urgencia, pasar a la acción.
Por años, y con mayor intensidad en los últimos decenios, los temas vinculados a Educación han estado en la palestra, convirtiéndose en centro del debate y motor de la disputa política, el debate público y las grandes consignas ciudadanas. Pero a pesar de ello las grietas de la crisis que se vive en esta materia se siguen profundizando.
Tenemos un modelo educativo que se ha centrado en la gestión de pobreza de recursos, en la permanente dilapidación del sistema público, la malas condiciones laborales y problemas básicos de infraestructura. Todo envuelto en una madeja de intereses económicos, ideológicos y políticos que ocultan el fondo: garantizar el derecho a una buena educación para nuestros niños, niñas, niñes y adolescentes.
Un ejemplo claro es lo que viven los trabajadores de la educación –profesores, asistentes de la educación, funcionarios y administrativos– que en diferentes zonas del país se enfrentan al no pago de las cotizaciones (salud y previsional), pagos parciales de sueldo o de plano, en algunos casos, el no pago de sueldos y malas condiciones laborales, las que en términos financieros aún –dada la magnitud de la deuda– no se logra determinar fehacientemente.
Un hecho que se ha mantenido en las sombras y que se presenta de manera clara, directa y lamentablemente es la incapacidad –por diferentes motivos– de municipios y corporaciones municipales de administrar el sistema educativo. Desde el Legislativo y Ejecutivo debemos ponernos de acuerdo en la forma de mejorar este modelo de gestión, que es hasta ahora ineficiente.
A pesar del maltrato que viven las y los trabajadores de la Educación, han hecho una demostración concreta de la vocación con la que desarrollan su trabajo. No han bajado los brazos solamente porque tienen vocación, pero se abusa de ella porque saben que no pueden dejar a nuestros niños sin una educación de calidad.
¿Las consecuencias de este escenario? Trabajadores de la educación con altos niveles de agobio laboral que comienza a pasar la cuenta física y mentalmente.
Todo decanta en que las y los estudiantes son los principales afectados al no poder recibir de forma adecuada su educación en los diferentes establecimientos educacionales. Como Estado no estamos cumpliendo con la tarea de garantizar el acceso a una educación de calidad para todos los niños del país.
La respuesta por parte de la institucionalidad ha sido la burocracia y la desidia, afectando directamente el derecho a la Educación y propiciando el declive definitivo de la educación pública en favor del modelo discriminatorio que seguimos intentando reemplazar por uno que incluya y dote de herramientas de aprendizaje reales a los estudiantes de Chile.
La desidia institucional ha sido uno de los principales adversarios a los que se enfrentan los trabajadores de la educación en la tarea de acompañar los procesos educativos en los colegios públicos del país. Desidia que debe, con urgencia, pasar a la acción.
No podemos permitirnos, conocidas las consecuencias tanto del modelo educativo como de los efectos que tuvo la pandemia en este, seguir bloqueando el derecho a la educación que nuestros hijos tienen, debemos avanzar a encontrar respuestas y soluciones, darles viabilidad financiera y quedarnos en la “responsabilidad fiscal” como argumento, la responsabilidad es con las generaciones de estudiantes que hoy –sin saberlo– se encuentran en vilo. Articulemos esas respuestas y pongamos coto a una crisis que puede ser terminal.
