A veces, las cifras son argumento, arma de ataque o paraguas protector. En estos tiempos en que tanto se habla en Chile de responsabilidades históricas, de impunidad, y sobre todo de tolerancia implícita a las violaciones de los derechos humanos, el Partido Comunista tiene la suerte de tener un respaldo en las urnas de poco menos del 5 por ciento, lo que lo libera de ser cuestionado con urgencia por lo que los regímenes de esa ideología significaron en materia de violaciones a los derechos humanos.
Si el PC exhibiera un porcentaje mayor y, por ejemplo, representara una alternativa real de poder, se le exigirían pronunciamientos precisos sobre la materia y, por qué no, una condena explícita a los procedimientos que sus correligionarios implementaron cuando gobernaron.
El siglo XX, para desgracia de la humanidad, está marcado por demasiados totalitarismos repudiables, y el comunismo, en su práctica, fue uno de ellos. Por cierto que sea cual sea el porcentaje la exigencia debiera ser igual, pero tiende a no serlo, y hay allí una clara injusticia.
La colectividad de Gladys Marín, en todo caso, tiene un antecedente que marca una diferencia notable: en los hechos, los comunistas en Chile fueron víctimas, y ese no es un detalle menor. Al contrario.
Es por eso que es urgente demandar a la derecha nacional una condena firme al pinochetismo. Por lo que ese régimen militar significó, como expresión oprobiosa del horror y del terror como mecanismo de poder, y porque ese sector representa una posibilidad cierta de gobierno, de acuerdo a la última elección presidencial. Joaquín Lavín ha adoptado no tanto una postura de condena como de distanciamiento con el gobierno de Pinochet. Y si personalizar en Pinochet todo lo que su régimen significó es una injusticia, debe colegirse que hay un nutrido grupo de civiles -entre ellos políticos, pero no sólo- que también tienen responsabilidad por los horrores de esos tiempos.
Sería bueno que, derrotada la alternativa de Andrés Allamand, que representaba una cierta condena al pinochetismo (en lo que más vale: a sus métodos inaceptables), nuestra derecha fuera más transparente en ese tema, para no vivir con la sospecha fundada de que muchos de sus integrantes justifican, comprenden y, por lo tanto, toleran los crímenes.
Eso, evidentemente, no libera a los comunistas de las sospechas, fundadas también en una práctica del poder, aunque fuese en el extranjero. Aunque por razones de porcentaje se tienda a disminuir la urgencia de despejar, también allí, esas desconfianzas. Pero no debe caerse en el error de confundir lo urgente con lo importante.
