La justicia tendrá que esclarecer la cadena a través de la cual actuó Inverlink y la justicia, también, deberá delimitar la frontera que separa los legítimos tenedores de depósitos de los tenedores ilegítimos.
¿Quién hubiera pensado hace algunas semanas atrás, que la acción corruptora de un importante grupo financiero (Inverlink), iba significar las renuncias del Presidente del Banco Central, del Superintendente de Valores y Seguros, y del Vicepresidente de Corfo? En particular el descabezamiento del Banco Central es el de mayor impacto; la renuncia de su presidente se hizo en un momento de grandes dificultades para el gobierno y el nombramiento del nuevo ejecutivo estuvo rodeada de una discusión narcisística y curricular que no tienen nada que ver con las profundidades con las que se desenvuelve el desarrollo político actual.
Sin embargo, la disputa de quien va a pagar los costos de la millonaria estafa perpetrada por el grupo Inverlink a la Corfo (estimada en 106 millones de dólares) no está concluida. Recordemos que este grupo operando por mas de 10 años en el mercado nacional y que tenía la confianza de mas de 100 mil chilenos vinculados a sus empresas, incurrió en actividades delincuenciales que le permitió obtener excepcionales ganancias.
Entre estas aparecen más de 70 millones de dólares de papeles Corfo con endoso falso y que ingresaron en febrero al mercado, justamente el mes que ya se conocía el soborno que había hecho este grupo a la secretaria de la presidencia del Banco Central para tener información reservada. No hay que tener un doctorado en economía para darse cuenta que en estas circunstancias, la compra de estos papeles debió hacerse a un precio muy bajo sobre todo si se tiene en cuenta que este grupo tenía, a la fecha, serios problemas de caja.
Finalmente, para quienes compraron estos papeles, en las circunstancias indicadas, podrán obtener grandes utilidades al momento de su vencimiento y Corfo o sea los contribuyentes tendríamos que hacer la pérdida.
Según información de todos conocida, una parte importante de los papeles fueron endosados, falsificando la firma y el timbre de Corfo (por el ex operador de la mesa de dinero de Inverlink) creándose así un ilícito en el primer eslabón de la cadena de endosos. Y otra parte, endosados por el ex jefe de Tesorería de Corfo, quien sustrajo tales documentos. Además, curiosamente, estos documentos registran más de seis endosos en el mismo día, situación considerada por los expertos en estas materias, como poco habitual.
Ahora bien, el juez a cargo de la causa ha decidido recientemente liberar los documentos retenidos (con un valor del orden de los 3 millones de dólares) a tres Administradoras de Fondo de Pensiones (Cuprum, Provida y Hábitat) y, por tanto, Corfo tendría que hacerse cargo de las pérdidas. Una de las razones que fundan esta decisión es que estos organismos han comprado los papeles por remate electrónico.
Como era lógico esperar, Corfo apeló esta resolución, contrariando la opinión del presidente del gremio de las AFP, quien criticó la nueva iniciativa legal de Corfo, en circunstancias que el uso de los procedimientos jurídicos disponibles no estaban agotados. Las razones esgrimidas por Corfo es que no se realizaron varias diligencias solicitadas al tribunal (citar a los gerentes generales de las tres AFP a declarar, exhibir los depósitos en cuestión, peritajes caligráficos y opinión de la Superintendencia de Valores) y, además argumenta Corfo, las AFP en cuestión estaban obligadas a chequear el último endoso.
En el contexto de un proceso que continúa en los tribunales de justicia, es interesante analizar la reacción del sector financiero dada por sus principales dirigentes (o «fuentes del sistema financiero» que rebotan en la prensa) y que entendemos que, lógicamente, tienen que defender a sus asociados (AFP y Bancos). Una de estas reacciones es la que señala que los argumentos legales emprendidos por Corfo estarían «minando la confianza del mercado lo que, tarde o temprano, afectará el sistema o el riesgo país».
Después de todo lo que hemos vivido con las tropelías de Inverlink esto aparece como una amenaza grotesca. En efecto, el riesgo país no se ha modificado sustantivamente durante este turbulento período, más aun, la agencia clasificadora de riesgo internacional Moody’s Investors Service (una de las dos más importante al nivel mundial) mantuvo la clasificación de los bancos locales.
Ciertamente, mientras la justicia haga su trabajo y no concluya no habría porque esperar un cambio en la evaluación comentada. Naturalmente, si en la sentencia final se detecta complicidad de algunos bancos o AFP en supuestas transacciones ilegales, entonces habrá un castigo en la clasificación individual de estos bancos, pero eso significa que el sistema funciona.
Otro argumento insólito y desprovisto de toda lógica surgido en este proceso es el del presidente de las AFP, quien comentó: «sería muy lamentable (que Corfo apelara) porque significaría que el gobierno estaría defendiendo una imagen y no el interés de los trabajadores que participan en el sistema de AFP».
Increíble, pues si se demostrara, una vez que las instancias legales quedaran agotadas, que alguna de las AFP (o corredoras de bancos) ha actuado en forma dolosa o, simplemente, todas ellas son inocentes, solo entonces se podrá inferir que se está protegiendo el interés de los trabajadores que son miembros de las AFP o el de simples ciudadanos que confiaron sus recursos en el ámbito de los Fondos Mutuos.
La justicia tendrá que esclarecer la cadena a través de la cual actuó Inverlink y la justicia, también, deberá delimitar la frontera que separa los legítimos tenedores de depósitos de los tenedores ilegítimos. Después de todo esto, sin duda será necesario recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones financieras privadas y en la gestión de instituciones económicas del sector público.
