La decisión de Carabineros de Chile de cancelar el contrato suscrito con la empresa Aeroservicio S.A. para la provisión de un avión destinado a vigilancia territorial en la zona norte del país parece lo más razonable. Principalmente porque con ello no se sigue profundizando los problemas en torno a una decisión mal tomada en su oportunidad.
El avión requerido, que debía entrar en servicio en el mes de octubre del 2007, es pieza central del llamado Plan Vigía que debe implementarse en la frontera con Bolivia, para impedir el tráfico de drogas por vía terrestre desde ese país. Para ello, está contemplado que tal aeronave esté dotada de un sistema FLIR (Forward Looking infra-red) de visión nocturna, y que desde el punto de vista operativo, se complete con una base y una flota de vehículos terrestres de intersección.
Durante el proceso de licitación, de manera inexplicable, Carabineros se inclinó por adquirir un avión jet Cessna Citation CJ1. Esta, según los especialistas, es una nave demasiado pequeña, que no sirve para instalar en su interior los visores y equipos necesarios. Tal decisión se adoptó pese a que existen versiones de que la policía uniformada habría recibido de la FACH observaciones en este sentido, y que ellas también habrían sido comunicadas a la Subsecretaría de Carabineros.
Lo más complejo es que el avión, al no traer los componentes técnicos requeridos de origen, estos debían ser instalados mediante un proceso de ingeniería que incluía intervención del fuselaje. Tal hecho, en la práctica una operación mayor, requería certificación final de la autoridad aérea, la Dirección General de Aeronáutica Civil, DGAC, dependiente de la Comandancia en Jefe de la Fuerza Aérea, para obtener la autorización técnica de vuelo, ATO.
Para salvar todos estos inconvenientes, la adjudicataria contrató a ENAER, también de la FACH, para que hiciera las instalaciones y obtuviera los permisos de la DGAC. Este último organismo, en una decisión absolutamente independiente, determinó que no existen antecedentes técnicos fidedignos que indiquen que ENAER tiene experiencia en este tipo de actividad. Pese a que el proveedor, además, había comprometido una certificación adicional de que el trabajo estaba bien hecho, por parte de los fabricantes del avión.
Todo esto fue complicando los plazos y quedó finalmente anulado unilateralmente por Carabineros, lo que perece muy bien. Porque, si se me permite la comparación, el proceso era lo mismo que el zoológico de Santiago decidiera comprar un camello y adjudicara la licitación respectiva a alguien que le ofrece un caballo al que unos veterinarios le instalarían una joroba, operación que sería certificada por unos genetistas árabes especialistas en camellos. Lo más probable es que efectuada la operación con pleno éxito, el camello a la primera oportunidad relinchara como caballo, siguiendo las reglas de la naturaleza.
En este caso la racionalidad indica que para comprar un avión hay que seguir los consejos de los especialistas, en este caso la FACH. Porque al fin y al cabo no es Carabineros quien está comprando, sino el Estado de Chile, con dineros de todos los chilenos, que se deben invertir de la manera más eficiente posible.
