Si en Chile la energía es un 40% más cara que en Estados Unidos y no se invierte en nuevas centrales no es por regulaciones ambientales, sino por barreras de entrada a la competencia en generación. Hidroaysén aumentará esas barreras.
El mayor escándalo en torno a la tragedia nuclear de Fukushima es la colusión de reguladores y políticos con la empresa Tokyo Electric Power, Tepco, que permitió que esta durante años pudiera ocultar riesgos de seguridad en la planta, que al final resultaron vitales para originar la crisis nuclear que todavía asola Japón, luego del tsunami de marzo pasado.
Un extenso artículo del New York Times, de fines de abril de este año, relata de manera detallada como la denuncia de un inspector nuclear del año 2000 sobre problemas de seguridad en la planta Daiichi Fukushima, fue omitido por la Agencia de Seguridad Nuclear e Industrial de Japón. Pese a que su identidad estaba protegida por ley, su nombre fue conocido y perdió su trabajo. Mientras tanto, la Agencia entregó el control de los problemas a la propia empresa, la que por los altos costos de reparación, no hizo nada. Más aún, pocas semanas antes del tsunami, la Agencia autorizó la sobrevida de la planta siniestrada. Investigaciones posteriores han revelado que sus ejecutivos escondieron problemas tan graves como grietas en las cubiertas que cubren los núcleos de los reactores nucleares.
Se asegura que Japón es un espejo sísmico de Chile. Ello es un detalle de la naturaleza. Lo que no debiera ocurrir es que Chile se transforme en un espejo del Japón en cuanto a colusiones para omitir o violentar normativas que cautelan tanto derechos sociales como los ambientales o la salud de la economía.
[cita]Endesa que se quedó con el 45%, Colbún con el 25% y Gener con el 20%, porcentajes similares a las participaciones que poseen en el Sistema Interconectado Central, eran prácticamente las únicas empresas que podían garantizar energía a 15 años que se exigía a los licitantes. Lo hicieron mediante una repartición proporcional a precios sustancialmente más altos, dejando además pegados los precios de la energía residencial de la señora Juanita hasta el año 2025.[/cita]
A muchos extraña la transversalidad de las reacciones ciudadanas ante la aprobación ambiental de Hidroaysén. Sin percibir que se trata no solo de medioambiente sino de desarrollo con transparencia. ¿Qué opinaría usted si fuera uno de los afectados de Daiichi – Fukushima o de La Greda en Puchuncaví?
Nada contra nadie sino respeto por los derechos ciudadanos, un estricto cumplimiento legal y probidad administrativa.
Hidroaysén, además de problemas ambientales también plantea problemas de competencia y transparencia de mercados en el sector de la generación eléctrica. Roza la ilegalidad criminal si efectivamente testaferros han usado las servidumbres y pertenencias mineras como forma ilegitima de ocupación territorial para la futura línea de transmisión. En muchos aspectos, en este, particularmente, sus dueños se niegan a informar de manera clara.
El interés compuesto de la sociedad
Un proyecto de estas dimensiones inevitablemente roza múltiples intereses y exige respuestas más completas que un simplismo retórico sobre la matriz energética y la ideología del crecimiento.
Endesa y Colbún, los propietarios del Proyecto, son también los dos más grandes generadores eléctricos del país, con el 74% de toda la producción. El tercero, Gener, ya le manifestó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia el año 2007 los inconvenientes del proyecto para el mercado eléctrico. Sobre todo para la incorporación de nuevos generadores, tanto por la dimensión productiva de los dueños como por la integración vertical que implica en relación a la línea de transmisión. Hasta ahí, fue una disputa al interior del oligopolio de generación, del cual es parte Gener, y que terminó a favor de Endesa y Colbún.
Pero el tema revolotea como ave de mal agüero en el ámbito empresarial. La Fiscalía Nacional Económica, en octubre del año pasado, inició una investigación sobre el cumplimiento de las medidas de transparencia impuestas a Endesa España cuando compró el grupo Enersis y sus filiales, y específicamente la eventualidad de subsidios cruzados. Ello, a raíz de las quejas de los empresarios por el alto precio de la energía.
Economistas tan liberales como Manuel Cruzat Valdés responsabilizan directamente la situación de altos precios a la falta de competencia en el sector generación. Ella permitió, por ejemplo que al licitar los bloques de consumo para clientes residenciales, las tres empresas más grandes se adjudicaran la torta con un precio 30 dólares más caro por megawatt hora (MW/h). Ello les reportó una ganancia adicional de US$ 1.600 millones anuales, es decir un 1% del PIB anual.
Lo peor es que ocurrió producto de una colusión tácita luego que durante el gobierno de Ricardo Lagos se aprobara un esquema de licitaciones a largo plazo (Ley Corta 2) para asegurar la provisión eléctrica. Endesa que se quedó con el 45%, Colbún con el 25% y Gener con el 20%, porcentajes similares a las participaciones que poseen en el Sistema Interconectado Central, eran prácticamente las únicas empresas que podían garantizar energía a 15 años que se exigía a los licitantes. Lo hicieron mediante una repartición proporcional a precios sustancialmente más altos, dejando además pegados los precios de la energía residencial de la señora Juanita hasta el año 2025.
Si en Chile la energía es un 40% más cara que en Estados Unidos y no se invierte en nuevas centrales no es por regulaciones ambientales, sino por barreras de entrada a la competencia en generación. Hidroaysén aumentará esas barreras.
Eso explica la molestia general y la transversalidad. Hidroaysén calificado afirmativamente y sin rigurosidad por parte de los reguladores parece un presente con nombres y apellidos. Lo que menos se puede exigir es que se cumpla la ley y haya transparencia y probidad administrativa, lo que incluye también la defensa de mercados sanos y de la libre competencia.
