Decir que en Chile existen gobiernos regionales está muy alejado de nuestra realidad. Lo real es que hoy sólo tenemos administración regional muy intervenida por el nivel central y una tensión política por resolver. La tensión es cómo avanzar en grados crecientes de autonomía regional, manteniendo la representación nacional en el ámbito de la gestión regional.
De acuerdo con la Ley 19.175 Chile posee gobiernos regionales, pero en la práctica eso no sucede. ¿Cómo puede ejercer la función de “gobierno” un órgano autónomo como el Gobierno Regional, presidido por un agente designado por el Presidente de la República?
Para entender el imbunche de los mal llamados gobiernos regionales, hay que considerar su configuración. El Gobierno Regional, es un órgano autónomo que ejerce la función de “gobierno” por medio del Consejo Regional, el que a su vez es integrado por Consejeros Regionales y por el Intendente. La función ejecutiva de este órgano recae sobre el Intendente, quien es designado por el Presidente de la República. Por otro lado, los Consejeros Regionales —hasta ahora— son elegidos por los Concejales de cada comuna. Como consecuencia, los ciudadanos no participan de manera directa para elegir ninguna de las principales autoridades llamadas a “gobernar la región”.
Este diseño claramente atenta sobre dos principios fundamentales de la democracia y de la acción de “gobierno”. El primero se relaciona con el principio de la representación territorial. En la actualidad este espacio de “gobierno” es ocupado por personas que no gozan de la legitimidad para representar las preferencias políticas de los ciudadanos que habitan en regiones. La representación es indirecta y la legitimidad de origen está ausente en estas autoridades regionales. El segundo principio es el de la rendición de cuentas. Este no se refiere al acto de dar cuenta de la inversión pública anual que se realiza en regiones (transparencia activa), sino que se refiere al derecho que recae en los ciudadanos de controlar socialmente la gestión gubernamental, y al deber que tiene todo gobernante de someterse al escrutinio público para evaluar su acción de gobierno. Ambos principios se encuentran fuera de la acción regular de los gobiernos regionales en Chile.
[cita]Decir que en Chile existen Gobiernos Regionales está muy alejado de nuestra realidad. Lo real es que hoy sólo tenemos administración regional muy intervenida por el nivel central y una tensión política por resolver. La tensión es cómo avanzar en grados crecientes de autonomía regional, manteniendo la representación nacional en el ámbito de la gestión regional.[/cita]
En la práctica, lo que existe en Chile son “Delegaciones Regionales” que administran e implementan políticas públicas, las cuales deciden el destino territorial de recursos condicionados por el nivel central de gobierno. Entonces, ¿Qué debería darse para que existan “Gobiernos Regionales en Chile”? A lo menos tres aspectos.
Lo primero y más básico es que los ciudadanos elijan de manera directa a las autoridades que ejercen la función de gobierno en la región. Esto incluye a Consejeros Regionales e Intendente. Ahora bien, como se trata de un país unitario, esto no significa que el Presidente de la República pierda la posibilidad de contar con un representante directo e inmediato en regiones que garantice la implementación de ciertas políticas públicas en todos los territorios. Manteniendo un representante del presidente en regiones, se evita que sus habitantes sufran las consecuencias que implica tener un “Presidente Regional” de tendencia política distinta al Presidente de la República, que por ejemplo y con tal de hacer una férrea oposición al gobierno nacional, impida u obstaculice la implementación de políticas públicas nacionales en regiones.
Lo segundo es que los Consejeros Regionales cuenten con atribuciones para proponer políticas públicas, de tal forma que efectivamente el Consejo Regional se transforme en un espacio de debate, deliberación y de construcción de “Política Regional”. Con las atribuciones actuales no pueden ejercer dicha función.
Lo tercero se refiere a los mecanismos de control y participación de ciudadanos en el diseño, decisión, evaluación y control sobre la implementación de políticas públicas regionales. La experiencia de los gobiernos regionales peruanos, es un caso que se puede imitar. En ellos, los ciudadanos, representados por medio de organizaciones sociales, productivas y culturales, se constituyen anualmente en “agentes participantes”, figura mediante la cual pueden incidir sobre un porcentaje considerable del presupuesto regional, presentando proyectos e iniciativas de impacto local. Es como que en Chile un 30 % del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) sea decidido por representantes sociales (“agentes participantes”) de regiones.
Decir que en Chile existen gobiernos regionales está muy alejado de nuestra realidad. Lo real es que hoy sólo tenemos administración regional muy intervenida por el nivel central y una tensión política por resolver. La tensión es cómo avanzar en grados crecientes de autonomía regional, manteniendo la representación nacional en el ámbito de la gestión regional. Cuando esa tensión encuentre consensos, estaremos recién frente a Gobiernos Regionales, antes sólo serán imbunches.
