Desde nuestros inicios como República, cada 25 o 30 años ha habido una mutación constitucional importante en el país, por lo que el debate actual no es atípico en nuestra historia. Es cierto que tiene lugar a sólo 8 años desde que promulgué las modificaciones de la Constitución de origen ilegítimo de Pinochet, completando un conjunto de modificaciones que comenzaron en 1989 y culminaron en 2005.
Es frecuente escuchar la afirmación que antes del quiebre de nuestra democracia en 1973, Chile tuvo sólo dos grandes constituciones: la de 1833 elaborada por Mariano Egaña y la de 1925, que algunos atribuyen a José Maza, y que fue producto de una comisión designada por Arturo Alessandri. Sin embargo, más allá del lugar común sobre el cual se levanta esta afirmación, es posible reconstruir una imagen distinta en nuestro devenir constitucional.
Cuatro décadas después de la promulgación de la Constitución de 1833 se inicia el debate para modificar sustancialmente la Constitución de Mariano Egaña (extremadamente presidencial) y finalmente se establecen un conjunto de disposiciones, que -entre otras materias- tenían por fin evitar que el Presidente de la República se pudiera reelegir y a la vez, como se decía en ese tiempo, fuera el Supremo Elector. Los cambios introducidos por los constituyentes de 1870 dieron lugar a una Constitución muy distinta a la que tenían al frente, aunque formalmente se siguió hablando de la carta fundamental de 1833.
Apenas dos décadas después, y tras la Revolución del 1891 contra Balmaceda, sin cambiar una coma de la Constitución el país pasó de un régimen presidencial a un régimen parlamentario.
En el siglo XX ante las nuevas demandas sociales, en 1925 se dictó una nueva Constitución, la que antes de 20 años, en 1943, fue modificada de una manera importante bajo la presidencia de Juan Antonio Ríos, para poder hacer de ésta un instrumento que permitiera al Estado jugar en la economía un rol más activo. Fue esta carta constitucional la que naufragó e impidió, con las normas que ella establecía, resolver la gran crisis política de 1973.
En resumen, desde nuestros inicios como República, cada 25 o 30 años ha habido una mutación constitucional importante en el país, por lo que el debate actual no es atípico en nuestra historia. Es cierto que tiene lugar a sólo 8 años desde que promulgué las modificaciones de la Constitución de origen ilegítimo de Pinochet, completando un conjunto de modificaciones que comenzaron en 1989 y culminaron en 2005.
A tres semanas de haber iniciado mi mandato presidencial, solicité que una Comisión Bicameral pudiere redactar una nueva carta constitucional o modificar la que se había recibido, de manera de poder contar con un texto plenamente democrático. Le solicité al presidente del Senado de esa época, Andrés Zaldivar, iniciara los contactos para poder establecer esta comisión. La respuesta de Renovación Nacional y de la UDI fue inmediata: no aceptarían integrar ninguna comisión. A partir de allí, las discusiones fueron mucho más modestas. ¿Qué buscaba este trabajo? Cambiar y modificar los enclaves autoritarios, aquellos que hacían que la Constitución de Pinochet fuera anti-democrática a la luz de cualquier examen en derecho constitucional.
En 2005 concluyó una larga negociación que permitió sacar los enclaves autoritarios: restituir la facultad presidencial para remover a los altos mandos de las Fuerzas Armadas restableciendo su obediencia a las autoridades elegidas; los senadores designados, los senadores vitalicios, el Consejo de Seguridad Nacional, composición del Tribunal Constitucional, etc. Se me hizo ver que no había acuerdo para cambiar el sistema electoral binominal. Respondí que no firmaría una modificación constitucional si no se sacaba de la Constitución este inciso. La solución fue eliminar la consagración constitucional del binominal que estaba en la carta de Pinochet, dejándolo como una ley de quórum especial, aunque este era el mismo que se requería para una modificación constitucional.
La Constitución actual lleva mi firma y ella pasa desde el punto de vista formal el test democrático. Fue lo que dije cuando la promulgué, sosteniendo entonces que en otro momento habría que abordar el tema de cambio al sistema electoral. En cuatro de los seis mensajes presidenciales abogué por el fin del binominal y sostuve que su mantención significaría terminar designando todos a los parlamentarios a dedo, lo que ha ocurrido por desgracia en varias ocasiones, o como hemos visto en las actuales negociaciones de las plantillas parlamentarias, candidaturas que deambulan de región en región, a la espera de los acuerdos finales. Estas prácticas están en la base del descrédito de nuestra política, haciendo que la ciudadanía se sienta presa de la voluntad de las dirigencias políticas.
Como he afirmado en los últimos años, ha llegado el momento de plantear algo diferente. No estoy disponible para discutir más sobre el binominal, sólo aceptaré ser parte de un diálogo con interlocutores que estén decididos a cambiarlo. Es aquí donde algunos distinguidos constitucionalistas de derecha se equivocan. En las discusiones que llevaron a la Constitución de 1933, en el proceso constituyente de 1870, en el trabajo para elaborar la Carta de 1925 o en las modificaciones de 1943, nadie tenía ni pretendía usar un poder de veto de un sector sobre el proceso, sino se entendía que la sociedad chilena requería cambios constitucionales para mantener la legitimidad de las instituciones políticas que permitía modificar las cartas constitucionales. Hoy, sin embargo, tenemos un veto explícito sobre la mesa: el de la derecha, que puede frenar cualquier cambio si no es de su gusto. En la oposición hemos ganado la mayoría de las elecciones desde 1988 en adelante, pero que nunca hemos logrado poder discutir una carta constitucional de igual a igual con la derecha.
¿Es posible debatir entre todos una nueva constitución sin que exista el derecho a veto, la permanente amenaza de que si no llegamos a acuerdo primará lo actual? Más que discutir sobre el mecanismo (asamblea constituyente u otro) es importante acordar que el diálogo sea sin calculadora en mano. La derecha chilena debe aceptar sentarse a redactar una carta constitucional a partir de una hoja en blanco y entre todos se decida mantener de la carta actual, se mantiene.
En un libro sobre la reconciliación recientemente publicado, señalé que ésta se va a alcanzar finalmente cuando entre todos nos pongamos de acuerdo en las reglas básicas para dirimir las diferencia. Que el actual texto constitucional lleve mi firma, no significa que me oponga a su modificación. Por el contrario: porque en la actual carta ya no están los enclaves autoritarios promulgados en 1980, podemos ser más ambiciosos en nuestras metas.
Chile, al igual que otros países latinoamericanos entra a un nuevo ciclo político donde lo central es crear instituciones democráticas que consagren una mayor participación ciudadana, un nuevo ciclo económico donde luego de haber disminuido significativamente la pobreza, es la mejora en distribución del ingreso lo más urgente y un nuevo ciclo social para acoger las demandas de los nuevos sectores medios emergentes y que se saben todavía vulnerables ante el riesgo de volver a la situación de pobreza. Este nuevo ciclo, consecuencia de este nuevo Chile producto de los cambios políticos de los últimos 30 años, requiere de un Estado activo y no subsidiario para asegurar ese mínimo civilizatorio donde todos los chilenos tengan iguales oportunidades.
Es este nuevo Chile, el que requiere entonces un nuevo consenso institucional. Así ha sido siempre, a lo largo de nuestra historia. Confío que ahora también estaremos a la altura de este desafío.
(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl
