«Chile debe enfrentar en una discusión madura, informada y propositiva esta realidad, debatiendo en el Parlamento un proyecto de ley que despenalice la interrupción voluntaria del embarazo en casos de riesgo de vida de la madre, violación e inviabilidad del feto”, así la Presidenta Michelle Bachelet anunciaba al país, en su primer 21 de mayo de su segundo periodo, que durante este gobierno como Nueva Mayoría se presentaría el proyecto de ley de despenalización del aborto terapéutico. Hoy, a pocos días del anuncio del proyecto que despenaliza el aborto sobre tres causales extremas, el debate instalado ha estado distante de madurez, información fidedigna y espíritu propositivo. Muy por el contrario, hemos visto de manera sostenida la relativización del proyecto de parte de grupos conservadores poderosos de nuestro país, quienes con sus recursos son capaces de moldear la realidad a su manera, desvirtuando por completo el espíritu del debate. Es por eso que en esta reflexión no sólo buscamos superar las caricaturas sobre el debate del aborto terapéutico, sino también develar cómo la tensión entre reformistas y conservadores ya fue zanjada por la ciudadanía.
Partamos analizando el proyecto, ¿se trata de algo tan descabellado como para generar reacciones tan destempladas de parte del rector de una de las universidades más importantes del país? ¿De la iglesia? ¿De la derecha conservadora?
En efecto, dos de las tres causales consideradas (riesgo de la vida de la madre e inviabilidad del feto), estuvieron contempladas en Chile desde 1931 hasta 1989, a través del artículo 119 del Código Sanitario que permitía el aborto en casos terapéuticos. Dicho artículo fue modificado a finales de la dictadura a través de una “moción” presentada por el Comandante en Jefe de la Armada, que a priori no parecía ser un experto en salud pública, con objeto de impedir cualquier acción que tenga por fin causar un aborto, además de penalizarlo a través de una modificación del Código Penal. La tercera causal (aborto en caso de violación), ha sido sugerida por diversos organismos sanitarios, incluida Naciones Unidas, en tanto se trata de garantizar una decisión voluntaria de las mujeres al verse expuestas a un trauma psicológico tan grande como ser violadas. Si el aborto terapéutico clásico considera variables físicas en el cuerpo de la madre, esta tercera causal considera variables psicológicas, cuestión de toda lógica, pues la salud física no se encuentra en un sitial diferente a la salud mental.
[cita] El mundo desarrollado ya zanjó este debate. Los chilenos también lo hicieron y los conservadores fueron derrotados. Ahora es el momento de que la clase política cumpla el mandato ciudadano. [/cita]
Definir lo que se encuentra en discusión es clave para derribar las falsas caricaturas que se han instalado sobre quienes defendemos el aborto terapéutico, en especial aquella instalada por sectores de la Iglesia, incluso de parte del mismo Ezzati, que llegó a sostener que esto es un debate entre los pro vida y los pro muerte. Falsa caricatura de una falsa realidad. Tras toda pareja o mujer enfrentada a un aborto terapéutico hay un proceso de dolor y trauma, no es justo para quienes han vivido el dolor de perder un hijo el ser acusados de promover la muerte, cuando en la mayoría de los casos no hay otra cosa que el profundo anhelo frustrado de ser padres. Inviabilidad fetal extrauterina, es decir, que no hay vida fuera del vientre de la madre. Quienes defienden tal caricatura engañan a la ciudadanía de manera consciente y aberrante. Diferente es el caso sobre la causal de aborto en caso de violación, que quizás es el más complejo, pero Chile no puede tapar con un dedo los problemas que enfrenta día a día la realidad de su sociedad. Por lo menos ese no es el rol de un Gobierno. ¿Una niña de 12 años violada está preparada física y mentalmente para ser madre? ¿Quién sino el Estado responde por la sanidad mental y espiritual de una mujer violada? Mientras los sectores acomodados pueden realizarse abortos en las clínicas privadas o bien en el extranjero, las mujeres pobres que son violadas no tienen acceso a tratamientos con un mínimo de salubridad e higiene, ni menos a un acompañamiento por parte del Estado en este proceso. El derecho a decidir de la mujer sobre estas tres causales es algo que el mundo zanjó el siglo pasado.
Se trata, entonces, básicamente de una reivindicación de derechos que ya habían sido ganados por la sociedad chilena en la primera mitad del siglo pasado, y que fueron conculcados por la dictadura a modo de gesto a los sectores más conservadores de la Iglesia Católica y del país en general. De hecho, durante estos últimos veinte años no han sido pocos quienes han empujado desde el Congreso la idea de legislar al respecto. El primero, en 1991, cuando la diputada Adriana Muñoz presentó el primer proyecto que buscaba «restablecer la antigua disposición del Código Sanitario que permitía una interrupción del embarazo en situación de riesgo de vida o salud de la mujer (Boletín 499-07). A ese se sumaría el de la diputada María Antonieta Saa, el diputado Enrique Accorsi, la diputada Carmen Ibáñez y el diputado Arturo Longton de Renovación Nacional (Boletín 3197-11); el senador Nelson Ávila en el 2006 (Boletín 4751-11) y los diputados Marco Enríquez-Ominami, Alejandro Sule, Clemira Pacheco, entre otros, en el 2007 (Boletín 4845-11)” (Casas, 2014). En el Senado, se han presentado proyectos casi idénticos al anunciado por el Gobierno, contemplando las mismas tres causales, entre ellos el de los senadores Guido Girardi, Ricardo Lagos Weber, Jaime Quintana y Eugenio Tuma (Boletín 7391-07), y su más reciente versión en el Boletín 9418-11, que suma a la senadora Adriana Muñoz y los senadores Alfonso De Urresti y Alejandro Guillier.
Por eso lo primero que es importante destacar es que es errado pensar que este es un debate nuevo para el Parlamento, menos si consideramos que la mayoría de los parlamentarios se han mantenido por más de un periodo reelectos. Lo que ha sucedido más bien ha sido un bloqueo sostenido al debate de parte de sectores conservadores, quienes lograron que estos proyectos nunca contaran con el patrocinio del Gobierno o que simplemente nunca se discutieran en Sala. Por eso el valor de que dicho proyecto haya sido incluido en el programa de Gobierno de la Nueva Mayoría el 2013. En su hoja de ruta la Presidenta Bachelet prometió a los chilenos la despenalización y que iba construir una mayoría política para cumplir su promesa.
Por lo anterior es que un proyecto de tales características genera un respaldo transversal en las fuerzas humanistas y progresistas, porque son quienes entienden que tras esta política pública de derechos reproductivos descansan banderas de igualdad y libertad. En esa línea se han manifestado incluso algunos sacerdotes, curiosamente quienes trabajan de la mano con los sectores más vulnerables de la población, y líderes del humanismo cristiano que saben poner por delante el bien común por sobre sus creencias personales. Por eso mal le hacen al debate democrático quienes confunden y desinforman sobre el impacto de la reforma. Y lamentablemente ejemplos sobran: las últimas declaraciones del diputado Lorenzini, quien denostó a todas las mujeres del país al banalizar la violación; el rector de la PUC, Ignacio Sánchez, quien señalara que en los centros de salud dependientes de dicha casa de estudios no se realizarían abortos bajo ninguna causal, como si al enfrentar en un parto el caso de que esté en riesgo la vida de la madre existiese una teletransportación milagrosa que derive a la mujer a un centro asistencial que sí opte por salvarla; o quienes nos llenan la TV con fetos perfectos de plástico, como si esos representasen a los que tienen causal de inviabilidad fetal. Ha quedado claro que, lamentablemente, aún los sectores conservadores de nuestro país son incapaces de analizar con un mínimo de respeto, realidad y sentido común, una situación tan traumática para las mujeres.
Pero pese a esta realidad que buscan construir e imponer los conservadores reaccionarios; a la Universidad Católica y otras instituciones que se muestran contrarias a una eventual ley, y que sin tapujos manifiestan que podrían contrariarla, ya que la objeción de conciencia estipulada debe obedecer siempre a un razonamiento individual y no a una sanción colectiva de parte de un centro de salud; o al llamado a movilización realizado por voceros de la Iglesia a rechazar esta reforma; o quienes buscan presionar moralmente a diputados humanistas cristianos para que no voten a favor del proyecto de Gobierno… lo real es que este debate ya se los ganó la ciudadanía. El 2013 la ciudadanía voto mayoritariamente por fuerzas reformistas que tenían en su programa de Gobierno la despenalización del aborto terapéutico. La Presidenta Bachelet y sus diputados electos hicieron campaña sobre esa promesa y se consolidó una mayoría política para cumplirla. Y por si fuera poco, no hay encuesta que no refleje un apoyo mayoritario al proyecto de aborto terapéutico hoy en discusión y sus tres causales (79%, según la última encuesta Plaza Pública Cadem, desagregado en 60% de aborto bajo causales calificadas y 19% a todo evento).
El mundo desarrollado ya zanjó este debate. Los chilenos también lo hicieron y los conservadores fueron derrotados. Ahora es el momento de que la clase política cumpla el mandato ciudadano.
