Bucear en las causas reales que impiden el entendimiento entre empresarios y trabajadores, y corregir los errores impropios de sus organizaciones, es de enorme envergadura y de máxima urgencia en un país que pretende establecer un régimen de justicia social. El actual estado de las asimetrías en Chile en la distribución del ingreso, basadas casi exclusivamente en la falta de actualización y modernización del estatuto de los trabajadores, son impresentables para un país que pretende ser desarrollado.
Entre broma y sátira –y en éstas hay siempre mucho de verdad– un llamado urgente a la todopoderosa clase empresarial chilena: el ser humano hace ya algún tiempo ha dejado la época en que se sostenía sobre cuatro pies o patas para caminar (la época cuadrúpeda) y ha pasado a la manera de andar propia de los individuos que se sostienen de dos patas para caminar (la época del bipedalismo). Y es que la clase empresarial chilena no se ha dado por enterada de que la eterna oposición que ha corroído las relaciones entre trabajadores y empresarios ya está superada en el mundo posmoderno democrático: estos dos universos se entienden, y juntos han conseguido crear un sistema con justicia social en los países que han logrado el desarrollo.
El caso es que desde que los gobiernos concertacionistas, y especialmente el primero de Michelle Bachelet, recogen la necesidad, convertida ya en clamor popular, de legislar para ordenar las relaciones vergonzosamente asimétricas entre trabajadores y empresarios, excesivamente a favor de estos últimos, e implementar el diálogo social, ha degenerado en una belicosidad, por parte de la clase empresarial, desproporcionada y violentamente arrogante. Este verdadero poder de facto en Chile ha sufrido ataques histéricos de pánico por reformas tan esenciales en cualquier país civilizado, como un estatuto de los trabajadores o un seguro por desempleo. La clase empresarial chilena padece de una hiperideologización muy cercana al dogmatismo y al fundamentalismo reaccionario más feroz en la defensa de un ultraneoliberalismo salvaje enraizado en la barbarie y el latrocinio del pinochetismo más trasnochado.
[cita] Bucear en las causas reales que impiden el entendimiento entre empresarios y trabajadores, y corregir los errores impropios de sus organizaciones, es de enorme envergadura y de máxima urgencia en un país que pretende establecer un régimen de justicia social. El actual estado de las asimetrías en Chile en la distribución del ingreso, basadas casi exclusivamente en la falta de actualización y modernización del estatuto de los trabajadores, son impresentables para un país que pretende ser desarrollado.[/cita]
Este ánimo aniquilador y de oposición sin tregua que ha mantenido la clase empresarial contra toda implementación de relaciones simétricas entre los agentes sociales más importantes en el sistema de producción –empresarios y trabajadores–, ha creado un clima político preocupante de animadversión con la clase trabajadora, y no se concilia con la posmodernidad democrática del siglo XXI. Estos dos agentes sociales dependen mutuamente uno del otro, y en la riqueza que se crea de esa relación las dos partes tienen una importancia recíproca. Esto último implica que no pueden excluirse uno del otro sin causar graves deterioros en el proceso de producción. Y, obviamente, la riqueza que crean debe repartirse en forma igualitaria, de lo contrario la paz social no está garantizada.
Chile debe institucionalizar el diálogo social entre trabajadores y empresarios, sin exclusiones recíprocas, donde los derechos y obligaciones se repartan en forma equilibrada por ambas partes. Este consenso y armonización entre empresarios y trabajadores, plasmados en grandes pactos sociales, ha sido el fundamento estratégico para el desarrollo económico, y ha otorgado, a los países donde se ha implementado, un enriquecimiento económico, una paz y justicia sociales sin precedentes históricos, dignas de sana envidia, permitiendo la creación de la sociedad del bienestar, que no es otra cosa que el programa de seguridad social que trata, contra viento y marea, de aplicar Michelle Bachelet en su segundo Gobierno, plasmado en la reforma tributaria para financiar una educacional pública, gratuita y de calidad, la reforma del estatuto de los trabajadores, con la negociación colectiva con titularidad sindical, el fin del antidemocrático sistema electoral binominal y una nueva Constitución para legitimar y otorgar credibilidad al sistema democrático.
Frente a este esfuerzo por fundar las bases de la justicia social a mediano y largo plazo, evitando así el colapso del sistema heredado de la dictadura, que ha provocado la deslegitimización y el descrédito de las instituciones democráticas, los empresarios se han dedicado a satanizar todas estas reformas, especialmente la reforma del estatuto de los trabajadores, sin comprender que el poder en Chile debe distribuirse más equitativamente si queremos un desarrollo real del país, sin exclusiones que atenten contra la paz social.
La conciliación de intereses entre trabajadores y empresarios, y la implementación de la justicia social, es la condición sine qua non para que Chile supere el subdesarrollo. Sólo este entendimiento esencial y estratégico, que debe institucionalizarse, otorgará la justicia social y una sólida paz social, que harán que Chile se convierta en un país desarrollado, pero con inclusión social, modelo europeo y no norteamericano.
Bucear en las causas reales que impiden el entendimiento entre empresarios y trabajadores, y corregir los errores impropios de sus organizaciones, es de enorme envergadura y de máxima urgencia en un país que pretende establecer un régimen de justicia social.
El actual estado de las asimetrías en Chile en la distribución del ingreso, basadas casi exclusivamente en la falta de actualización y modernización del estatuto de los trabajadores, son impresentables para un país que pretende ser desarrollado.
La Presidenta Michelle Bachelet lo expuso hace ya bastante tiempo “(…) tenemos un país moderno del siglo XXI en lo que es el desarrollo económico (…) pero a la vez tenemos (…) condiciones laborales del siglo XIX”.
Por último este “Manual” para que la clase empresarial chilena alcance la posmodernidad democrática:
1. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
2. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias, y a la protección contra el desempleo.
3. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo.
4. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por otros medios de protección social.
5. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
6. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
7. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de los medios de subsistencia por circunstancias independientes a su voluntad.
8. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
No, este “manual” no está diseñado por un peligroso partido político de izquierda: son los Artículos 22, 23, 24 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Ya es hora de que Chile respete los derechos humanos de los trabajadores si quiere ser catalogado como país desarrollado. Y civilizado.
El proyecto de ley sobre un nuevo estatuto de los trabajadores enviado por la administración Bachelet, cumpliendo con su programa de Gobierno, que se discute en el Parlamento en estos momentos, apunta a una mejora sustancial en las relaciones entre trabajadores y empresarios, especialmente en lo que tiene relación a la negociación colectiva, la herramienta esencial para la discusión de los salarios que, en Chile, son paupérrimos.
Estos son los datos: el 70% de los/las trabajadores/as recibe un sueldo menor a $425.000 al mes y está dentro de ese 98,09% que recoge sólo un 42% del ingreso total del país, mientras el 1,11% se lleva el 57,7% del ingreso total de Chile y recibe un sueldo promedio de $459 millones al mes por persona. Con estos datos de desigualdad en el ingreso, las condiciones están servidas para, ya sea un estallido social, muy justificado, por cierto, pero también, y ahora con una corrupción que parece sistémica del establishment político-empresarial, para que crezca un mesiánico populismo, ya sea de izquierda tipo chavista o uno de derecha tipo fujimorista (léase una Roxana Miranda o un Franco Parisi, respectivamente). Hay poco margen de maniobra y tiempo para impedir ambos efectos. Es hora de la acción. Y de la aprobación urgente y rápida del nuevo estatuto de los trabajadores. Y es hora que la clase empresarial abandone la época cuadrúpeda e ingrese a la del bipedalismo en lo que tiene relación con los derechos de los trabajadores.
