Ser policía en Chile no es fácil. Existe una relación esquizofrénica con ellos. Siendo la cara visible de la represión estatal, sea que estén cumpliendo labores de control de tránsito, patrullajes preventivos o bien derechamente siendo parte de unidades antiprotestas, la relación que tienen con la ciudadanía pareciera ser siempre tensa; por no decir mala. Y, sin embargo, Carabineros y la PDI son dos de las instituciones en las que mayor confianza tiene la ciudadanía.
A lo anterior se suma el hecho de que la carrera policial en Chile exige muchos sacrificios personales por parte de los policías, es mal remunerada y la cantidad de trabajo es enorme para las dotaciones que actualmente mantienen ambas instituciones policiales. Esto explicaría por qué, quienes apoyan la Agenda Corta, creen que la mejor forma de combatir la delincuencia es darles mayores facultades a dichas instituciones: el problema es que se equivocan.
El problema delictual en Chile no pasa por que tengamos malos policías, sino porque la forma en que están siendo estructuradas las policías en Chile no satisface las necesidades político-criminales de nuestra sociedad. Nuestras policías, hoy en día, están organizadas de forma reactiva, especialmente para enfrentar los casos “flagrantes”; vale decir, en aquellos casos en que se pilla a los delincuentes “con las manos en la masa”. Esto lo podemos ver reflejado en dos indicadores:
1) De acuerdo al último informe comparativo sobre población penal en el mundo, en Chile tenemos 247 presos por cada 100.000 habitantes, mientras que la media en Sudamérica es de 217, y la mundial es de 144. Lo que es peor, no solo tenemos una población penal que supera la media mundial, sino que carecemos de espacio suficiente para resguardar los derechos humanos mínimos de los reos, por tanto, haciendo imposible cualquier intento por asegurar que salgan de la cárcel rehabilitados. Con todo, el alto número de presos nos está indicando que una parte del sistema sí está funcionando, ya que estamos enviando a prisión más delincuentes que la media en otros países.
2) El último boletín estadístico del Ministerio Publico nos muestra que el 58,91% de los imputados que fueron condenados el año 2015 provienen de audiencias de control de detención, vale decir, fueron formalizados por delitos flagrantes. No obstante, cuando comparamos los resultados de causas que ingresan al sistema con imputado conocido versus las que ingresan sin imputado conocido, vemos un cambio radical, que nos revela la debilidad del sistema: en el año 2015, de los 1.332.238 delitos ingresados, en 743.628 (55.61%) el imputado no era conocido; durante el mismo año el Ministerio Publico archivó provisionalmente, y por falta de antecedentes, 570.414 causas con imputado desconocido. En suma estos indicadores sugieren que las causas con imputado conocido que entran por flagrancia tienen una alta probabilidad de terminar con una condena, pero que dichas probabilidades se van reduciendo en los casos no flagrantes en los cuales se conoce el imputado, y son bajísimas en los casos en que se desconoce la identidad del delincuente.
En buen español, el nudo problemático de la inseguridad en Chile –me atrevería a sugerir–, se debe a que la ciudadanía percibe que la persecución penal es mala, debido al alto número de archivos provisionales. Esta percepción es parcialmente verdadera, dado que lo que ocurre es que las policías están orientando gran parte de su capacidad y recursos a los delitos flagrantes, reduciendo su capacidad para investigar delitos. Si las policías no investigan adecuadamente por falta de recursos, difícilmente el Ministerio Público podrá formalizar, y mucho menos condenar a alguien. Lo anterior no indica que las policías o el Ministerio Publico investiguen mal, sino que implica que, siendo los recursos limitados, se privilegian ciertas investigaciones por sobre otras. Es claro que frente a un homicidio o una violación, las policías o el Ministerio Público, destinarán mayores recursos que para resolver delitos contra la propiedad.
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A la postre, al privilegiar policías reactivas y no investigativas la estructura total del sistema se resiente y se reduce la eficacia del mismo para hacer frente a delitos que requieran de investigaciones complejas. En relación con esto, el domingo 27 de marzo recién pasado, El Mercurio publicó una nota que refleja el problema: el General Director de Carabineros, Bruno Villalobos, habría pedido al Fiscal Nacional que se revisaran las ordenes de investigar que la Fiscalía envía a la institución, debido a que “la policía uniformada es eminentemente preventiva y que solo el 7% de su dotación está dedicada a labores investigativas de alto impacto.”
En este contexto, la “Agenda Corta” no viene a cambiar el paradigma. De hecho, las diversas reformas sugeridas vienen a acentuar el carácter reactivo de las policías y facilitar su labor en delitos flagrantes. Se nos ha dicho que la idea detrás del control preventivo de identidad es utilizarlo para encontrar a los prófugos de la justicia. Esta explicación es a todas luces irracional por ser evidentemente ineficiente, dado que buscar aleatoriamente gente con órdenes de detención pendientes, es prácticamente como buscar una aguja en un pajar. Peor aún, ninguno de los parlamentarios que apoyan la “agenda corta” se ha planteado crear unidades de análisis delictual al interior de la policía, como ocurre en el Reino Unido.
Por el contrario, la lógica que se ha instalado en los últimos gobiernos, sin importar su color político, es, por un lado, flexibilizar las garantías procesales, fomentando la mala calidad de trabajo investigativo, y, por otro, potenciar el carácter represivo de las policías, particularmente de Carabineros.
Esto último queda en evidencia cuando Carabineros hace frente a protestas violentas en Santiago. Normalmente el número de detenidos es alto, pero el de condenados por desórdenes o delitos de daños es bajo por la nula capacidad de Carabineros para producir prueba en este contexto. Un problema análogo ocurre con el problema de La Araucanía, donde se ha producido una militarización de facto que no ha sido capaz de resolver los atentados incendiarios y ha polarizado aún más el conflicto en la zona. Ambos casos, ilustran cómo la función represiva de Carabineros, por muy eficaz que se le considere, se ve coartada por la incapacidad de producir evidencia que permita sostener en Tribunales las detenciones que hacen en esos contextos. En otras palabras, la represión, no conlleva un mejor combate contra la delincuencia si las policías no son capaces de investigar y desarrollar planes de prevención estratégica mediante el uso de inteligencia policial.
La nueva agenda corta que se discute en el Parlamento está buscando convertir a Chile, de a poco, en un Estado Policial. Aumentar las facultades de las policías en el contexto político actual, continuar flexibilizando los requerimientos probatorios, crear un delito de lesiones que no requiere probar las mismas y el control de identidad preventivo son mecanismos que buscan aumentar la efectividad de Carabineros, y en menor medida de la PDI, para reprimir la protesta social. A qué punto queda claro que el real objetivo de la agenda corta es este y no la delincuencia, que se aprovecha para sancionar filtraciones.
En conclusión, la ciudadanía debiera ser consciente de que ha llegado la hora de debatir sobre qué tipo de policías queremos. Discutir sobre cómo mejorar la policía no significa atacarla, sino hacerse cargo de lo necesario que es realizar una “agenda larga” que mire a modernizar y mejorar la eficiencia de las policías. Necesitamos una policía que sea eficiente contra al delito, no una policía eficiente reprimiendo la protesta social. Una policía cuyo fin sea la investigación de delitos y la obtención de una condena para los responsables, no una policía, como ocurre ahora, cuya principal meta es satisfacer la estadística de “detenidos” que le pide el Ministerio del Interior. Si los parlamentarios no son capaces de realizar este debate, es hora de que los ciudadanos comencemos a exigir que se realice.
