[Opinión] La decisión de reactivar la economía

En los últimos meses nuestra economía se ha debilitado, creciendo a tasas de 2% anual, bastante lejos de las cifras cercanas al 5% que pudimos ver en la última década. Este escenario económico, es producto de la confluencia de múltiples factores de carácter externo, vinculado a una menor actividad de los mercados internacionales, pero también a factores internos, relacionados con la confianza del mundo privado y las brechas de desigualdad que tenemos en nuestro país.

En un contexto como el que enfrentamos, con trazas de incertidumbre, el Estado debe entregar un mensaje claro que llegó la hora de reactivar la actividad económica. Es imprescindible que el Estado despliegue políticas públicas de orden contracíclico, a fin de dinamizar la economía del país. Esto es, precisamente lo contrario a lo que indica el reflejo natural del modelo monetarista en orden que promueve un debilitamiento del rol del Estado.

Los senadores socialistas, consideramos que el Estado debe dar el primer impulso reactivador fijando una agenda clara de inversiones en obras públicas de calidad que modernicen el país. Mantener la baja tendencial en el crecimiento generará márgenes aún mayores de desigualdad, ya que un menor crecimiento afecta el número de empleos disponibles, así como su calidad.

Si bien la situación del país está lejos de ser recesiva -pues Chile continúa creciendo, aún cuando sea a menores tasas- la relevancia del momento económico y social viene dada por el hecho evidente del agotamiento de un modelo extractivo y enfocado en la exportación de recursos naturales. Durante años, Chile vivió y creció sobre los cimientos de la riqueza de sus tierras y sus mares, pero el fin del superciclo del cobre, así como otrora ocurrió con el salitre, nos ha demostrado que nunca podremos pensar en salir de las vías del desarrollo, si es que no dejamos de ser un país dependiente de la extracción de sus recursos naturales.

El Gobierno debe asumir este desafío, como una tarea de largo plazo que de cuenta de una apuesta de futuro y de un compromiso con el bienestar general de la Nación y de las generaciones venideras; el que no se resolverá con una política fiscal austera que busque resultados en el corto plazo, relacionados con los indicadores económicos con los cuales las agencias de calificación de riesgo conceptúan al país.

[cita tipo=»destaque»] Si bien la situación del país está lejos de ser recesiva -pues Chile continúa creciendo, aún cuando sea a menores tasas- la relevancia del momento económico y social viene dada por el hecho evidente del agotamiento de un modelo extractivo y enfocado en la exportación de recursos naturales. Durante años, Chile vivió y creció sobre los cimientos de la riqueza de sus tierras y sus mares, pero el fin del superciclo del cobre, así como otrora ocurrió con el salitre, nos ha demostrado que nunca podremos pensar en salir de las vías del desarrollo, si es que no dejamos de ser un país dependiente de la extracción de sus recursos naturales.[/cita]

Tal y como los Senadores Socialistas ya señalamos en nuestro documento “Política Pública Pro Crecimiento y Desarrollo”, que estamos promoviendo en el contexto del debate de la actual ley de presupuesto, el rol del Estado en el desarrollo y en el crecimiento no puede ser únicamente subsidiaria u ordenadora. En un contexto como el actual, un comportamiento abstencionista sólo podría atribuirse a un sesgo ideológico irreflexivo. Hoy, más que nunca, es necesario que el Estado mantenga una actividad dinámica y estimuladora de la economía. No afirmamos que el Estado sea el único actor relevante en materia económica y menos que sea el único polo de acción requerido para reactivar la economía, pero si es el llamado a hacer uso de sus prerrogativas ordenadoras, con el fin de organizar y coordinar una estrategia amplia que promueva el crecimiento y que promueva la reactivación. El principal instrumento de reactivación debe ser el aumento de la inversión pública, que puede generarse en la modalidad de inversión directa o a través de la asociación público-privada.

El Estado debe optimizar sus esfuerzos en orden a estimular una inversión productiva de calidad, mediante asociaciones público-privadas en materia de infraestructura. En este contexto, resulta imprescindible promover la eficiencia en el sector público, acotando plazos, reduciendo burocracia, de manera tal de impulsar la inversión y la cartera de inversiones por vía de concesiones, cuando este modelo sea eficiente y permita modernizar la calidad de los servicios.

El Estado chileno debe avanzar en ejecutar las inversiones públicas programadas y en facilitar la inversión privada, por la vía de la reducción de trabas burocráticas excesivas, ampliando el uso de plataformas electrónicas y fijando reglas estrictas para cancelar oportunamente los compromisos de pago con proveedores privados.

Mayores niveles de inversión, tanto pública como privada, generan más y mejor empleo, al tiempo que mejoran la calidad de los servicios públicos y dinamizan la inversión del sector privado. Por ende contribuyen a elevar la demanda interna, generando un efecto irradiador a toda la economía.

El presupuesto de la nación para el año 2017 debe entregar señales claras de que su foco será el gasto que moviliza inversión privada y que tiene su acento en el desarrollo de proyectos de infraestructura, energía y grandes obras públicas. Reactivar la economía es el nuevo desafío.