Apenas una semana al mando de la principal potencia militar del mundo le bastó a Donald Trump, para dejar en claro que su discurso antiinmigrante, xenófobo, racista y misógino no era sólo parte de su estrategia de campaña para convencer a los hombres blancos, mayores de 45 años, habitantes de pequeñas localidades de cordones industriales empobrecidos que votaron por él y, finalmente, le dieron el sorpresivo triunfo.
Lejos de matizar su razonamiento discriminador expresado en su campaña, el magnate está cumpliendo aceleradamente sus cuestionables promesas electorales, incluso yendo contra la propia ley, la Constitución e impulsando medidas calificadas como «antiamericanas», que contravienen el ideario fundador de los Estados Unidos y que constituyen un profundo riesgo de retroceso de derechos civiles y libertades individuales.
Con un 54% de rechazo al momento de asumir la presidencia de Estados Unidos, marchas multitudinarias en su contra de mujeres y feministas en el país y 600 ciudades de todo el mundo al día siguiente de haber asumido, 109 personas retenidas en aeropuertos y 173 detenidos antes de embarcar producto de su polémico veto migratorio, en apenas unos días Trump ha generado una crisis política, constitucional y judicial de dimensiones que representa un retroceso de derechos para un país construido en base a la contribución de los migrantes a la economía e identidad nacional.
Para agregar más ingredientes al explosivo cóctel (que ya tiene entre ellos la posible intromisión de Rusia en la elección, a través de hackeos informáticos), el delirante magnate ha señalado en su primera semana como Presidente que se habría producido un fraude electoral debido a 3 ó 5 millones de votos ilegales a favor de Hillary Clinton que le habrían hecho perder el voto popular e impulsó una investigación al respecto. Con un sistema de votación indirecta, en Estados Unidos la ciudadanía escoge a los 538 electores del Colegio Electoral. Es así que, paradojalmente, Clinton consiguió 2,8 millones de votos populares más que Trump, ganando sólo en 20 Estados y alcanzando 227 sufragios del Colegio Electoral; mientras Trump, logró 30 Estados y 304 electores, lo que le valió el triunfo.
El mismo día que asumió, el empresario consignado por la revista Forbes en el lugar 324 de las personas más ricas del mundo, firmó una orden que busca minimizar la carga económica la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio -el llamado “Obamacare”- habilitando a las autoridades a retrasar la implementación de cualquier previsión del programa que implique una carga financiera.
En apenas una semana, además restableció la política que determina que los contribuyentes estadounidenses no puedan financiar a ONGs con operaciones en el extranjero que realizan o promueven abortos. Asimismo, ordenó al Secretario de Seguridad Nacional que comience a planificar, diseñar y construir un muro a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos y que termine la política de “captura y liberación”, que dejaba libres a los migrantes indocumentados que fueran detenidos mientras se resolvían sus casos. En la misma línea antiinmigración, ordenó acelerar deportaciones de quienes se encuentran en Estados Unidos ilegalmente, entre otros, de aquellas personas que hayan cometido faltas tan simples como una infracción de pago o hayan “abusado” de la asistencia social.
La guinda de la torta la puso el Consejero de Seguridad Nacional de Trump, el ultraderechista, antiglobalización y antimusulmán, Steve Bannon, que fue editor y financista de Breitbart News, web de extrema derecha apoyada por supremacistas blancos y neonazis. Sin convocar al Consejo de Seguridad Nacional -comité de asesores en seguridad nacional, política exterior y cuestiones estratégicas que recomienda y coordina- y con el respaldo de un memorando de Trump que reforma esta instancia, acotando el poder del director de Inteligencia Nacional (baste recordar cómo el magnate ha denostado la labor de inteligencia en relación a los rusos) y del presidente del Estado Mayor Conjunto, Bannon impulsó un veto migratorio.
El viernes recién pasado Trump firmó la orden ejecutiva titulada “Proteger a la nación de la entrada de terroristas extranjeros a Estados Unidos”, decreto por el cual se suspende la admisión de refugiados y se prohíbe por 90 días el ingreso de personas provenientes de siete países (Irán, Irak, Libia, Somalía, Sudán, Siria y Yemén), que aunque no hace referencia explícita a la religión se orienta a países con mayoría musulmana, constituyendo una vulneración al principio de igualdad ante la ley. Es más, si alguien proveniente de los siete países tiene visado o permiso de residencia o trabajo (Green card) y ha salido de Estados Unidos por negocios, placer u otras razones, en principio podría tener dificultades para poder reingresar a Estados Unidos.
Sin embargo, ni el propio Jefe de Gabinete de Trump, Reince Preibus (quien fuera Presidente del Comité Nacional Republicano, es su principal nexo con el partido y aparentemente tiene con una visión más moderada que Bannon), parece tener claro el alcance de la medida, pues afirmó que el veto no afectaría a quienes poseen tarjeta de residentes permanente, pero luego matizó señalando que sí tendría impacto en ellos si “van a vienen” a esos siete países, porque estarían sujetos a mayor escrutinio.
Ilegalidad del veto migratorio
El Departamento de Seguridad Nacional ha reconocido que le está costando mucho a Aduanas cumplir con la nueva normativa, al igual que a otras reparticiones del Estado. Es así que más de 100 diplomáticos de carrera adscribirán un memorando en donde expresarán su disentimiento hacia el veto migratorio, por considerar que atenta contra los valores estadounidenses y el orden constitucional. A pesar de la existencia de un canal de disentimiento del Departamento de Estado como mecanismo para informar desacuerdos que existan entre el organismo y las políticas de gobierno, el vocero de gobierno, Sean Spicer, señaló que si tienen problemas con la agenda, pueden evaluar no continuar en sus cargos.
El resultado inmediato del polémico decreto fue el caos y confusión en aeropuertos dentro y fuera de Estados Unidos, personas migrantes retenidas en los terminales aéreos, aerolíneas impidiendo que embarcasen pasajeros que iban a ser vetados a su llegada a EE.UU (a pesar de que contaban con los documentos en regla y aprobados incluso antes de que el presidente tomara posesión del cargo), agentes fronterizos negando el acceso de los abogados a sus clientes, masivas protestas, incluso comunicados de senadores republicanos, como Lindsey Graham y John McCain, expresando su temor a que el veto ayude más a reclutar terroristas que a mejorar la seguridad.
El sábado, la jueza Ann Donrelly de Nueva York emitió la orden de paralizar la deportación de quienes llegaron a Estados Unidos con visas aprobadas y válidas, argumentando riesgo de lesión sustancial e irreparable a los afectados, sentencias que se han repetido en varias cortes del país. Y el domingo, los fiscales generales de 16 Estados emitieron una declaración conjunta en que condenan la inconstitucional y antiestadounidense orden ejecutiva del presidente Trump.
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Por su parte, la Fiscala General Sally Yates, la segunda autoridad del Departamento de Justicia, envió una carta a los abogados del gobierno llamando a no defender en tribunales el decreto firmado por Trump, por no estar convencida de que la orden ejecutiva sea legal. La Casa Blanca la acusó de traición y la sacó del cargo.
El asesor de Trump y polémico ex alcalde de Nueva York que impulsó la tolerancia cero contra la delincuencia, Rudolf Giuliani, argumentó que la medida migratoria no se basa en la religión de los migrantes, sino en las áreas del mundo que implican peligro para los norteamericanos. Sin embargo, cabe recordar que en plena campaña electoral, Trump prometió el cierre total y completo de las fronteras a los musulmanes que ingresan a los Estados Unidos hasta que los representantes del país averigüen lo que está pasando, afirmación que continúa en su sitio web.
Asimismo, surgen dudas acerca del criterio usado por Trump para elegir a los siete países a cuyos ciudadanos se les está restringiendo la entrada a Estados Unidos: ninguno de los atacantes implicados en actos terroristas en Washington o Nueva York procede de Irán, Irak, Libia, Somalía, Sudán, Siria y Yemén. Aunque sí de Arabia Saudita, Egipto y Emiratos Árabes, que no están en la lista y, coincidentemente, son países con los que el imperio económico de Trump (que alcanza los US$4.500 millones) tiene negocios y que hacen presumir conflictos de interés. En definitiva, la mayoría de las personas acusadas de terrorismo son ciudadanos nacidos en Estados Unidos.
