La desprotección del Estado a la infancia ha ocurrido desde su propia creación como república. Según el historiador Jorge Flores Rojas las iniciativas estatales han estado por debajo del aporte de los privados. La subvención estatal a estos hogares de menores comenzó en 1910, presionado sobre todo por el ambiente de la cuestión social.
(*) Siglo XX: Un Estado de desprotección
Estamos al frente del sacrificio de cientos de niños y niñas. En la actualidad el fiscal Marcos Emilfork investiga al menos 251 muertes entre el 2005-2016, dejando fuera los decesos desde el 2004 hacia atrás. ¿No se investigan porque están prescritos como delitos? ¿No debiera haber, al menos, un juicio histórico?
La desprotección del Estado a la infancia ha ocurrido desde su propia creación como república. Según el historiador Jorge Flores Rojas las iniciativas estatales han estado por debajo del aporte de los privados. La subvención estatal a estos hogares de menores comenzó en 1910, presionado sobre todo por el ambiente de la cuestión social. “La historia de la protección de memores en Chile ha ido de tumbo en tumo siempre. Pero también en este diagnóstico calamitoso ha habido experiencias positivas, como el Politécnico y la Ciudad del Niño” (La Segunda, 23/9/2016).
A mediados de 1965, según la historiadora María Angélica Illanes, la situación volvía a ser insostenible. La Alianza por el Progreso recomendaba una serie de reformas políticas para evitar una segunda Cuba. La preocupación hacia los pobres fue una de ellas. Así se evidenció que de los 331 “establecimientos encargados de recoger a los menores en situación irregular… 235 eran privados, los que albergaban a 21.217 niños y 95 eran instituciones públicas, que sólo albergaban a 8.951 menores”. Por otro lado se estimaba que 400.000 menores estaban viviendo en la calle o situaciones irregulares (Illanes, 1993, pp. 263-264).
Con el golpe de Estado, la iniciativa de crear un servicio nacional se postergó, pero fue retomado en 1979 con la formación del SENAME. Su objetivo fue coordinar todos los esfuerzos privados y estatales entorno a la protección de los derechos del niño (Ley 2.465). ¿Logró realizarlo?
La instalación de la dictadura significó una grave situación para los sectores populares. Según cifras oficiales en 1975 la cesantía llegó a más de 18%. Al año siguiente se presentaron más 156.000 personas a inscribirse a las municipalidades como cesantes. Esto repercutió definitivamente en los niños y niñas, ya que ellos no fueron sólo testigos de la instalación del neoliberalismo, sino víctimas de ella y protagonistas de las protestas en contra Pinochet (Patricia Castillo, Infancia en Dictadura, 2015). Una historia social del Sename y de la infancia en transición debe partir de las voces y memorias de aquellos niños y niñas.
¿Espacios de protección?
Edison Gallardo vivió toda su infancia en el Sename. Nació en 1978 y desde tres años estuvo en casas de menores. Según su testimonio el maltrato y la desnutrición eran problemas frecuentes. “En la noche teníamos que romper los candados de las despensas: robábamos los quesos, legumbres y fruta, generalmente era comida vencida” (Qué Pasa, 2/9/2016). Entre 1975-1987 el 16% de los menores de seis años estaban en estado de desnutrición (Análisis, 16/1/1989).
El drama era caótico en aquellos centros: privatización, impunidad y escasa fiscalización. Según Edison: “No había fiscalización… sólo una vez fui a un sicólogo… nunca investigaron las denuncias que muchos como yo hicimos. Yo vi morir a varios niños allí dentro”. Una ex directora del hogar San Francisco recuerda que “en un año yo tuve la visita del supervisor sólo dos veces y esta inspección se hizo en mi oficina” (Análisis, 9/1/1989).
El caso del hogar San Francisco es particular. A fines de la dictadura albergaba a 199 niños, ya sea por “protección” como por “conflictos con la justicia”. Según Elsa Catalán, directora de la Corporacion Promesi, dicho hogar era un organismo colaborador del Sename y recibía una subversión mensual por jóvenes. El traspaso al área privada era parte de la política neoliberal que afectaba tanto a la salud, la educación y la protección de la infancia popular. Según un funcionario de Sename la primera corporación que tomó San Francisco hizo pedazos “lo bueno y poco que había”. Luego la tomó Promesi, después que el Hogar de Cristo la rechazara (Análisis, 9/1/1989). El 31 de diciembre de 1988 dicho hogar se quemó. Once niños murieron calcinados. Uno de los jóvenes, Juan Carlos Sáez Sáez tenía 17 años y estaba por vagancia. Le faltaban dos días para salir en libertad cuando fue el incendio.
¿Eran los hogares espacios de protección? Arlette, una menor de 14 años conoció esta experiencia a fines de los años ochenta.
“El año pasado estuve ocho meses en un Hogar de Menores. Fui a dar a esa cárcel porque tuve problemas con mi padrastro. El trató de abusar de mí. Pasó una vez no más. Y no pasó tampoco porque yo no me dejé. Estaba sola en la casa con él. Entonces fui a pedir protección a una jueza y ella me mandó a la cárcel, o sea, a la Casa de Menores que tienen los carabineros. Después mi mami me fue a sacar para que volviera a estudiar, porque allá en la cárcel no se estudia” (Análisis, 15/5/1989).
La joven volvió a su casa con la condición de no hablarle más a su padrastro. “Yo no quería volver pero me obligaron. Bueno, la verdad es que yo le dije a mi mamá que me sacara porque allá no se estudia… a veces le pegaban a uno las carabineras y las muchachas también se golpeaban entre ellas” (Análisis, 15/5/1989).
Los abusos eran desoídos y las denuncias castigadas. Según Edison Gallardo:
“Cuando denuncié los abusos contra un compañero de monseñor (Francisco José) Cox. Yo los vi con mis propios ojos. Me acuerdo como si fuera hoy haberle dicho a una tía: ‘No quiero ir más donde monseñor, porque hace cochinadas con otros compañeros’. Nunca más me llevaron al Arzobispado de La Serena, y me castigaron de por vida” (Qué Pasa, 2/9/2016).
Finalmente entre la calle y los hogares de Sename no había demasiadas diferencias. Rafael tenía 12 años cuando fue entrevistado por revista APSI. Vivía en Pudahuel, pero pasaba toda las tardes pidiendo dinero en el Metro Baquedano. Su madre lo hacía en Los Héroes. “Lo que pasa es que mi padrastro me retaba mucho. Entonces me escapé varias veces”. Fue detenido unas siete veces como mendigo y llegado al Centro de Orientación y Diagnostico de Pudahuel (actualmente llamado CREAD). “Una vez estuve ahí y las tías nos trataban mal, nos pegaban. Las otras seis veces estuve en República (34° Comisaría de Menores) en la que el trato no fue tan malo” (Apsi, 20/6/1990).
Al momento de asumir el primer gobierno de la Concertación la infancia popular vivía una serie de conflictos históricos que no se fueron resueltos tampoco en Democracia.
Infancia Popular: La otra Transición
Un primer conflicto, que tuvo algunas mejoras, fue la diferenciación entre hijos legítimos e ilegítimos. En 1990 estos últimos eran alrededor de 83.000, no teniendo los mismos derechos de quienes nacieron dentro del matrimonio: eran rechazados en escuelas y no podían exigir ni siquiera una pensión alimenticia hacia su padre (Análisis, 24/4/1989). Después de cinco años de discusión parlamentaria, se aprobó la igualdad tanto para los hijos nacidos fuera o dentro del matrimonio. La paternidad sería verificada a través de una prueba de ADN mediante el Servicio Médico Legal y los certificados de nacimientos serían modificados (El Mercurio, 9/9/1998).
Un segundo conflicto, al parecer resuelto, fue el tráfico de bebés. Según la revista Análisis hasta quince mil dólares podía pagar una familia extranjera por un niño chileno, sin necesidad de papeles (Análisis, 8/5/1989). Edison Gallardo recuerda las adopciones irregulares. “Muchos niños fueron adoptados aun cuando tenían familias que los querían aquí. Vi a muchas mamás llorando en la reja por la partida de sus hijos. Desaparecían de un día para otro” (Qué Pasa, 2/9/2016). Otros casos fueron descubiertos en el 2014 por la gestión del sacerdote Gerardo Joanson a fines de los años setenta (Ciper, 11/4/2014).
Un tercer conflicto era el trabajo infantil. A fines de la dictadura unos 370 mil niños y niñas estaban en esa situación. (Análisis, 1/5/1989). En 1999 la Dirección del Trabajo estableció que existían 47.000 menores entre 6 y 14 años que trabajaban ilegalmente, porque la legislación solo aprobara que lo hicieran los niños entre 15 y 17 años con aprobación de sus padres (La Tercera, 8/12/1999). En total se calculaba que eran 250.000 menores trabajadores a fines de los noventa (LUN, 9/12/1999).
Un cuarto conflicto era el tráfico y abuso sexual de niños. Según la revista Pluma y Pincel muchos de los niños y niñas que se prostituían pernoctaban en las cercanías de la Plaza de Armas en Santiago. “Se prostituyen por hambre y no pueden dejar de ir a la rotonda si no cuentan con un trabajo”, decía Paulina, una de las niñas entrevistadas en 1988 (Pluma y Pincel, marzo de 1988). Un estudio del Sename y Unicef calculó que sólo en 1992 existían 2.480 menores explotados sexualmente, de los cuales el Sename atendía alrededor del 30% en los años siguientes (El Mercurio, 26/10/2000). Las cifras aumentaron. En 1999 se detuvieron a 3.500 menores que obligados a prostituirse, mientras que alrededor de 10.000 continuaba ejerciéndolo (La Tercera, 23/6/2000).
Un quinto conflicto era la vagancia infantil. Muchos de estos niños eran llevados a cárceles de asuntos. En 1994, la revista Apsi denunció la presencia de 200 niños en la cárcel de Puente Alto, al cuidado de 18 gendarmes (Apsi, 21/2/1994). Muchos de ellos robaban para sobrevivir. Marcelo decía en 1992:
“No siempre me pescan por robo, otras por vagancias… a mi mamá no la he visto más, aunque sé que vive con un hombre. Mi papá trabaja en la construcción y es el que tiene que cuidar a mis cinco hermanos. Cómo no alcanzaba para todos, cada uno todos los días tenía que volver con algo… mi vida ahora es el robo, pasar dentro y afuera, que me peguen y que me suelten… y después hay que pensar en otra cosa, porque sobre los 18 años te tiran condenas con años” (Análisis, 6/1/1992).[1]
Frente a estos casos, el parlamento creó la Ley de Responsabilidad Penal, aprobada en el 2008, la cual facultaba al SENAME crear Centros Cerrados, para no ser llamados cárceles, ya que tendrían diversos servicio como educación, deportes y actividades de rehabilitación. Eso en la teoría. Lo cierto que la Infancia Popular no fue prioridad del Estado a comienzos de los noventa, y continuó de “tumbo en tumbo” viviendo la desprotección en la transición a la democracia.
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En octubre del 2016 la revista Paula conversó con los niños y jóvenes de La Caleta Los Héroes, ubicada a metros de Panamericana con Alameda. Julio, de 21 años, comento: “Cuando tenía 5 años mi papá falleció por culpa de la pasta y mi mamá cayó presa. Yo estuve en Paternitas pero me escapé junto a mi hermana y nos fuimos a vivir debajo del Mapocho”.
La pregunta clave: ¿Era mejor estar en la calle que en el Sename? Polette le contesta:
“Es mejor vivir en la calle. No me acostumbré a estar encerrado, no me gustaba. El COD Pudahuel era terrible. ¿Lo conoce? Tenía que pelear todo el tiempo para defenderme. Pero también aprendí violín y flauta, pero no podía dejar que me pasaran a llevar y los tíos, que son pasados de vivos, nos paqueaban y eso a mí no me gustó nunca” (Paula, 5/10/2016).
A los días vino 24 horas y les hizo otro reportaje. No pasó una semana y a comienzos de noviembre la Caleta fue quemada. “Carabineros”, dijo uno de ellos, quién volvía todos los días a pedir dinero.
(*) Publicado en RedSeca
