Opinión
El mercado educativo, iniciado en dictadura y administrado y profundizado durante los gobiernos de la Concertación y la Alianza, no ha retrocedido un solo centímetro. El endeudamiento y la hegemonía privada en el sistema, que han configurado una educación superior masiva, cara, lucrativa y de muy baja calidad, sigue estando lejos de sufrir una transformación.
La cuenta pública de este 1 de junio pudo ser prometedora en educación, en virtud de que el programa de la Nueva Mayoría incluía grandes titulares que aseguraban que se garantizaría la educación como un derecho social, por medio de reformas profundas al sistema. Estas promesas fueron respuestas al movimiento social por la educación que, bajo la consigna de “Educación Pública, Gratuita y de Calidad para todos”, aboga por la desmercantilización de ella en todos sus niveles, para que empiece a ser comprendida como un derecho social garantizado. Sin embargo, el hecho de que esta nueva cara de la vieja Concertación no fuera más que una máscara, se hizo notar claramente en la agenda educativa: un nuevo nombre para un grupo donde al final del día mandaban los mismos y bajo los mismos intereses.
El mercado educativo, iniciado en dictadura y administrado y profundizado durante los gobiernos de la Concertación y la Alianza, no ha retrocedido un solo centímetro. El endeudamiento y la hegemonía privada en el sistema, que han configurado una educación superior masiva, cara, lucrativa y de muy baja calidad, sigue estando lejos de sufrir una transformación. Es más, las políticas subsidiarias del gasto público, que tan solo han cambiado el nombre de becas a “gratuidad”, han terminado por favorecer al mercado, siendo las instituciones privadas masivas-lucrativas las más beneficiadas. En este contexto, la prometida reforma a la educación superior, que ni con su división ha sido capaz de articular apoyo de ninguno de los actores involucrados, amenaza con naufragar.
Esta reforma, con la indicación sustitutiva, quedaría en al menos 3 proyectos de ley: 1) el que busca regular los excesos del mercado en la Educación Superior y poner en ley la beca-voucher gratuidad, hoy en lenta tramitación; 2) el proyecto de ley sobre Universidades del Estado que se presentará en los próximos días en un Senado con una agenda copada al menos hasta julio; y 3) el proyecto de ley que reemplazaría al Crédito con Aval del Estado, del que hasta el momento solo hay anuncios. A estos tres habría que sumarles el proyecto comprometido por el gobierno a la Pontificia Universidad Católica, producto de la demanda por el fin al Aporte Fiscal Indirecto en el Presupuesto 2017.
Esta compleja y pretenciosa agenda legislativa del Gobierno ha sido incapaz de reunir más apoyo que el poco que tenía a comienzos de julio pasado, con la primera presentación de la Reforma, y refleja que, por sobre una definición respecto del futuro de la educación, han primado la improvisación, las presiones y el cálculo político. Mientras esto ocurre, personeros de la antigua Concertación salen en defensa de su gestión pasada, defendiendo, entre otras cosas, el Crédito con Aval del Estado, sostén principal de la expansión del mercado educativo masivo lucrativo.
Sin ir más lejos, como dijera Mariana Aylwin, “fue lo mejor que pudimos hacer en ese momento”. Todo esto, como telón de fondo de los altos costos que ha tenido para el Estado este sistema hegemónicamente privado, donde el caso de la Universidad del Mar es ejemplar, con los millonarios costos que tuvo su cierre, pero que dista de ser una excepción, dadas las millonarias transferencias del Ejecutivo a las instituciones privadas masivas lucrativas, por medio de la garantía estatal de los créditos y los subsidios a la demanda, como las becas o la “gratuidad”.
[cita tipo=»destaque»]Esta compleja y pretenciosa agenda legislativa del Gobierno ha sido incapaz de reunir más apoyo que el poco que tenía a comienzos de julio pasado, con la primera presentación de la Reforma, y refleja que, por sobre una definición respecto del futuro de la educación, han primado la improvisación, las presiones y el cálculo político. Mientras esto ocurre, personeros de la antigua Concertación salen en defensa de su gestión pasada, defendiendo, entre otras cosas, el Crédito con Aval del Estado, sostén principal de la expansión del mercado educativo masivo lucrativo.[/cita]
En este escenario, las fuerzas de cambio que abogamos por transformaciones profundas a nuestro sistema nos hemos visto arrinconadas. Se nos impide discutir sobre la educación que queremos para Chile y cómo expulsamos al mercado de ella. Por el contrario, se nos presenta la discusión como una principalmente “técnica”, respecto del control del Estado a los excesos del sistema y sobre ajustes necesarios para que este mercado sea sostenible en el tiempo. En la misma línea, se nos presenta el avance de la gratuidad como la posibilidad de un triunfo, cuando en realidad es una disputa sobre el tiempo que se demorará el Estado en pagar la cuenta del mercado, es decir, cuánto falta para el “Mercado Gratuito”.
En esto, pareciera que se abandonó la idea de educación pública, gratuita y de calidad, que agrupaba a cientos de miles en las calles. La presentación del proyecto de ley sobre las Universidades Estatales aún anida la posibilidad de una verdadera reforma. El experimento vivido en nuestro país, de extrema privatización, que configuró un sistema hegemónicamente privado, como ninguno en el mundo, y que se ha dedicado a endeudar a estudiantes a costa de una falsa promesa de movilidad social, puede comenzar a ser revertido. Y para esto, desde las fuerzas de cambio debemos ser claros: para revertir esta masificación irracional que endeuda a miles de jóvenes chilenos en una educación cara, segregadora y de mala calidad, es necesario configurar una Red de Educación Pública, que, con seriedad, responsabilidad y convicción, apueste por una masificación eficiente, que reconstruya la educación pública gratuita, moderna y democrática.
Esta reconstrucción puede iniciarse usando las capacidades hoy existentes, comenzando la expansión de las 18 universidades estatales, junto con los 15 centros de formación técnica estatales en formación, sin perjuicio de discutir como país la recuperación del control público sobre Inacap. Asimismo, podemos incorporar en esta expansión a las tres universidades públicas no estatales laicas pertenecientes al CRUCh, a saber, la Universidad Austral, Universidad de Concepción y Universidad Técnica Federico Santa María. Las universidades del llamado G3 han sido fundadas con el reconocimiento de poderes públicos; su patrimonio es propiedad de su cuerpo académico y no de un controlador externo; y han demostrado ser colaboradoras de lo público a lo largo de su historia siendo un aporte fundamental a nivel nacional y regional.
La disputa por una verdadera reforma no podemos dejarla para “cuando seamos Gobierno” o cuando “seamos la tercera fuerza del Parlamento”. Las condiciones de lucha para quienes queremos cambios profundos no se eligen y la disputa por una reforma está siendo hoy.
Desde Izquierda Autónoma y la Fundación Nodo XXI tenemos la convicción profunda de que la desmercantilización de la educación pasa necesariamente por la reconstrucción y expansión de la educación pública como corazón, eje rector y presencia mayoritaria del sistema. De este modo podremos recuperar la soberanía de la sociedad por sobre espacios hoy colonizados por el mercado.
