Señor Director:
En entrevista al programa ‘La Mesa’ de El Mostrador Mercados, Gonzalo Rivas, Presidente del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID), presentó un resumen de la nueva estrategia nacional de innovación: Ciencia, Tecnología e Innovación para un Nuevo Pacto de Desarrollo Sostenible e Inclusivo, destacando dos elementos: la propuesta de desarrollar un programa nacional de investigación en torno a la resiliencia ante desastres ambientales; y la presentación de un nuevo instrumento tributario para grandes empresas, que permitiría aumentar el presupuesto del sector.
Articular el sistema de investigación con un programa nacional de adaptación social a los desastres ambientales parece una buena idea para darle orientación al quehacer científico. Sin embargo, una decisión de esta magnitud no se puede definir en un espacio como el CNID. Estas definiciones deben tomarse democráticamente en procesos deliberativos, involucrando a los actores organizados institucionalmente en universidades e institutos. No por una cuestión meramente procedimental, sino para asegurar la validez de las definiciones y el éxito de las políticas públicas que se desprendan de ellas.
Por su parte, el nuevo instrumento tributario presentado por Rivas nos parece derechamente desastroso. Se propone un impuesto para empresas cuyas ventas superen las 100 mil UF, pero se les ofrece la opción de pagarlo u obtener un crédito tributario del 100% de ese nuevo impuesto, si es que lo destinan a juntas de investigación e innovaciones sectoriales administradas por ellas mismas. Es cierto, urge aumentar los impuestos a las grandes empresas para superar el presupuesto actual del sector, pero esto no puede ser al precio de cederles la iniciativa en la investigación.
El problema del sistema de investigación en Chile es justamente que lleva 40 años canalizando recursos públicos al incentivo de la participación empresarial en investigación científica y desarrollo tecnológico. Recursos públicos han financiado el desarrollo del área investigación en universidades privadas, incluso en transnacionales implicadas en casos de lucro, como las de Laureate International. Mientras que otros tantos recursos se han desvanecido intentando activar la supuesta demanda por innovaciones tecnológicas en un sector empresarial que no las necesita porque opera sobre un modelo primario exportador y es eminentemente rentista.
Es tiempo de dejar de cederle la iniciativa en investigación al empresariado. Para esto, las nuevas recaudaciones deben canalizarse hacia un sistema de universidades e institutos público y altamente democrático, diseñado y financiado con el objetivo explícito de ejercer influencia modernizadora sobre la Sociedad. Sólo a través de dinámicas activas de participación y del establecimiento de una orgánica radicalmente democrática en estas instituciones, seremos capaces de definir las orientaciones estratégicas para el desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y asegurar su materialización, aportando así a la construcción de una visión pública para el desarrollo social.
Ricardo Segovia, Lucía Castillo e Iván Salinas
Militantes de Izquierda Autónoma
