Por unanimidad (3 votos) el juicio de segunda instancia del poder judicial contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, ocurrido en el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF4) el día 24 de enero, no solo ratificó la condena de 9 años y medio dada en primera instancia por el juez Sergio Moro, sino que la aumentó a 12 años y un mes, bajo acusaciones de corrupción pasiva y lavado de dinero. Esto abre la puerta para su inhabilitación política, aunque Lula da Silva puede aún apelar esta decisión en instancias superiores. El expresidente es acusado de recibir un departamento triplex de parte de la constructora OAS, como pago de una propina del valor de 3,7 millones de reales (694 millones de pesos chilenos).
Con todo, las evidencias usadas en el juicio en su contra está muy por debajo de los estándares que cualquier sistema judicial garantista tomaría en serio. El proceso judicial contra Lula ocurrió en tiempo récord, con justificaciones torpes que hablaban de cumplir con ritmos y metas exigidas por el Consejo Nacional de Justicia para el 2018. Esta ausencia de normalidad jurídica es el paraguas que ha cobijado un juicio que contiene una serie de arbitrariedades, y donde la defensa irrestricta del proceso judicial es la máscara usada por parte de los oponentes políticos de Lula para debilitar el petismo e intentar excluir a su representante de participar en la carrera presidencial de este año (donde, según las principales encuestas, Lula figura como candidato preferido). Esa aberrante condena no será suficiente, sin embargo, para prohibir la candidatura de Lula, que fue oficializada en este 25 de enero junto al Tribunal Electoral con un llamando a toda la militancia petista para desobedecer la decisión judicial en “defensa de la democracia y Lula”.
Esta será sin duda una larga disputa jurídica hasta la elección de octubre, teniendo en cuenta que en el TRF4 la defensa, necesitada de ganar tiempo, se encuentra dando seguimiento a la apelación. Esto garantiza que la candidatura de Lula siga mientras esté pendiente el juicio en segunda instancia, no aplicando la ley de la “ficha limpia”, por lo demás apoyada con entusiasmo por el PT y PSOL cuando fue sancionada por el gobierno petista en 2014. Las apuestas de la defensa están en el Supremo Tribunal Federal que, con posterioridad a los análisis que haga el TRF4, puede interpretar de manera distinta la necesidad de que el imputado cumpla inmediatamente su condena y, a través de un pedido de Habeas Corpus, determinar una nueva evaluación (en beneficio del ex-presidente) sobre su inicio.
El argumento de la “democracia en riesgo”
En medio de este escenario incierto, luego de que la sentencia a Lula fuera confirmada se oyeron muchas voces cuestionando la manera en que la justicia brasileña ha conducido el juicio, asimilándolo con una suerte de “cacería de brujas” y la instrumentalización de un “pánico moral” contra la corrupción. Todo esto de manera muy sesgada, e imputando culpabilidades antes que las evidencias sustantivas sean presentadas. No obstante, no solo Lula sufre las consecuencias de la (in)justicia brasileña – injusticias que vienen desde el gobierno petista y se no han alterado: al revés, todos los actores políticos han ayudado profundizarlas.
Pareciera que transformar la defensa de Lula en la defensa de las garantías democráticas mismas es la única salida para que el PT no muera en sus intentos electorales ejecutivos y legislativos este año. Las posibilidades de que Lula vuelva a la presidencia han disminuido; no obstante, la estrategia del PT ha sido usar el debate sobre su candidatura no solo como un foro de defensa personal del líder petista, sino también como un mecanismo para mantener vivo su protagonismo político. Por otra parte, queda más y más en evidencia que esta búsqueda de protagonismo se desarrolla sin ningún proyecto sustantivo, que no sea de la memoria idealizada de un PT y un Lula del siglo pasado.
[cita tipo=»destaque»]Con todas sus arbitrariedades y parcialidades, el proceso que busca incriminar y condenar a Lula ha terminado por transformarlo en un mártir político. Es sabido que las garantías del Estado Democrático de Derecho en Brasil son muy restringidas, algo que hoy está siendo finalmente contestado gracias a la visibilidad que despierta la figura del expresidente y actual candidato.[/cita]
Que la justicia brasileña es torpe y parcial, no nos cabe duda; sin embargo, esta nunca resultó incómoda para el gobierno petista hasta el juicio político a la entonces presidenta en ejercicio Dilma Rousseff. Recordemos que la ex-presidenta sancionó por decreto una ley antiterrorista (marzo, 2016) para frenar las articulaciones de los movimientos sociales autónomos que insurgieron en las masivas protestas de las jornadas de junio del año de 2013, cuando millares de personas salieron en las calles por la alza de los precios de los pasajes en los transportes urbanos, el descontento por los gastos en la organización del Mundial en estadios de fútbol ($11.000 millones de dólares), y no en la utilización de esos fondos en mejoras en la salud, educación e infraestructura “padrón FIFA”. El gobierno petista no encontró mejor salida que forjar un discurso de criminalización de las protestas por derechos sociales básicos, polarizando y creando un narrativa oficial que responsabilizaba al “avance de la ola conservadora” de las jornadas de protesta en junio de 2013 y 2014. Bajo este clima se desarrollaron las masivas protestas por su juicio político, con un discurso oficial que evade toda la responsabilidad que le cabe a la gestión petista (conservadora y neoliberal) en su propia pérdida de apoyo en las bases sociales.
En la actualidad, es cierto que la justicia parece mostrar una clara animadversión contra el expresidente imputado, mientras que la misma hace vista gorda hacia otros escandalosos sucesos de corrupción en el país. No obstante, el argumento de gran parte de los intelectuales progresistas dice que “el juicio de Lula abre precedentes peligrosos para la democracia en Brasil”, como ha dicho por ejemplo el historiador Peter Burke en una entrevista reciente. Esto significa implícitamente que con anterioridad a la persecución política existía un respeto generalizado hacia los princípios del Estado Democrático de Derecho. Pero en realidad el caso de Lula no hace más que revelar la gigantesca asimetría respeto de garantías constitucionales, comparado con los millares de casos como los de Rafael Braga, joven negro y pobre, único detenido y condenado de las manifestaciones de junio de 2013, sin jamás haber participado de ellas. La condenación de Rafael es uno de los casos más emblemáticos de la farsa de la «democracia racial» brasileña y la falencia de lo que se denomina Democracia en su sentido amplio común.
Lo anterior es una muestra de la condescendencia hacia el petismo por parte de un sector importante de la intelectualidad progresista, omitiendo las concesiones brindadas a la derecha durante sus mandatos. Fue el gobierno petista el que modificó la Ley de Drogas el 2006, lo que significó una intensificación de la política de “guerra a las drogas” que terminaría por permitir el aumento del complejo industrial prisional, lo que hizo que Brasil pase del 4° lugar mundial en población encarcelada el año de 2006 a ocupar el 3° lugar once años después. Esta falta de crítica también obvía que fue el gobierno Dilma – ciertamente víctima de un golpe blando para fines de renovación del sistema político – el que decretó durante los megaeventos deportivos (Copa de las Confederaciones y Mundial de Fútbol que tuvieron lugar entre 2013 y 2014 ) la ocupación de las Fuerzas Armadas en las comunidades periféricas de las ciudades-sede. En este sentido, Michel Temer solo continuó la línea iniciada por el gobierno petista, y bajo la justificación de más seguridad para los turistas extendió la ocupación para las Olimpíadas de Río de Janeiro en 2016. Al día de hoy, el Estado continúa reprimiendo a las comunidades pobres y negras del país.
Los ejemplos de violaciones del Estado Democrático de Derecho por el gobierno petista son muchos, y van desde masacrar los pueblos indígenas de la Amazonia con la faraónica obra de la hidroeléctrica Belo Monte, a la intensificación del modelo de Estado Policial con la defensa de la aplicación de las Unidades de Policía Pacificadora (UPPs) y la represión y persecución a los movimientos sociales que no son parte de su aparataje, hasta la blanda actuación frente a situación del segundo mayor desastre ambiental de la historia del país cuando el gobierno de Dilma calificó de “desastre natural” el rompimiento de dos represas de la minera Samarco. La justicia federal terminó por perdonar la sanción reparatoria aplicada a la empresa, mediante un recurso de apelación por “accidente”, pese a que los técnicos de la policía federal reconocieron que Samarco tenía conocimiento de los problemas infraestructurales de las represas.
Con todas sus arbitrariedades y parcialidades, el proceso que busca incriminar y condenar a Lula ha terminado por transformarlo en un mártir político. Es sabido que las garantías del Estado Democrático de Derecho en Brasil son muy restringidas, algo que hoy está siendo finalmente contestado gracias a la visibilidad que despierta la figura del expresidente y actual candidato. No obstante, toda la argumentación de su acalorada defensa se reduce a la instrumentalización de una imagen idealizada de su figura, un odio de clase por no tratarse más que de un trabajador (operário) de origen popular y nordestino. Por cierto, esta imagen no representa la condición actual de Lula da Silva, la figura que se enorgullece de decir en sus plenarias que “nunca antes en la historia de Brasil, los empresarios ganaron tanta plata como en mi gobierno”.
PT y la instrumentalización de los movimientos sociales
Bajo los lemas “En Defensa de la Democracia” y “Elección sin Lula es fraude”, los partidos PT, PCdoB, PSOL junto a otras organizaciones políticas como MTST, MST, MAIS y UNE, se hicieron parte de los llamados “Frente Brasil Popular” y “Frente do Povo Sem Medo”. Estos tienen como objetivo convocar a militantes y masas populares hacia las movilizaciones en defensa de Lula, tanto en Porto Alegre (que es la ciudad donde ocurrió el juicio) como en las principales ciudades del país. En estas movilizaciones, el reclamo se ha centrado exclusivamente en la posibilidad de que el líder petista sea candidato en las próximas elecciones presidenciales.
Estas convocatorias han sido respaldadas por un Manifiesto firmado por un número importante de personalidades políticas e intelectuales, líderes de centrales sindicales (con la excepción de CSP-Conlutas), así como también por otras manifestaciones de apoyo en vídeos, como los de sus aliados Renan Calheiros (PMDB) y Eunício de Oliveira (PMDB), de algunos de sus oponentes históricos como Geraldo Alckmin (PSDB) y Fernando Henrique Cardoso (PSDB), e incluso del actual presidente de la República, Michel Temer (PMDB). La transversalidad de este respaldo es muestra fehaciente de que Lula da Silva es en la actualidad una figura conciliadora; pero por cierto que también existe el temor (no sin fundamentos) de que, en algún momento, a ellos les pueda tocar la suerte del ex-presidente petista.
A partir del impeachment de Dilma Rousseff, los movimientos sociales agrupados en la “Frente do Povo Sem Medo” y “Frente Brasil Popular” se han movilizado únicamente en virtud de la posibilidad de la carrera presidencial de Lula. En consecuencia, estos referentes han abandonado en gran medida la resistencia en las calles a las reformas privatizadoras del actual presidente Temer. Por ejemplo, la Central Única de los Trabajadores de Brasil canceló la huelga general marcada para el pasado día 05 de diciembre de 2017 (que fuera acordada en asamblea junto a otras centrales sindicales), dejando el camino libre para la aprobación y ejecución de las nuevas reglas laborales que precarizan aún más los derechos de los y las trabajadoras. Lo anterior es una muestra de que los movimientos sociales organizados durante los últimos 4 años han tenido como centro de sus actividades la defensa del mandato de Dilma y, ahora, de la candidatura de Lula. Se trata de la movilización de sus bases militantes, sin intención alguna de expandir el radio de interpelaciones a los problemas materiales de la poblacion del pais.
Una de las tareas urgentes del momento sería hacer frente a la Reforma a la Previsión Social anunciada, cuya votación se inicia el 20 de febrero. Lamentablemente, no se vislumbra ningún movimiento al respecto por parte de estos Frentes por enfrentar los ataques del gobierno a los derechos sociales; y aún así, éstos se arrogan el título de representantes de las masas populares. Sus esfuerzos se ven concentrados en la “defensa de la democracia”, de la cual hoy Lula da Silva se ha convertido en su figura máxima.
Petismo: pérdida de densidad social, representación del empresariado
La llegada el 2003 al Palacio del Planalto de un líder de origen sindical y popular, de la mano el Partido de los Trabajadores (PT), supuso un recambio en la composición de las elites políticas. De hecho, éste fue el argumento principal de la campaña de Lula, junto a la promesa de construir un programa de reformas sociales que incluía la reforma agraria, avances significativos tanto en la demarcación de tierras indígenas como en las demandas del movimiento negro. Lula también contó con un apoyo importante de la intelectualidad progresista. En una sociedad marcada por desigualdades estructurales históricas y una política de acuerdos cupulares entre los sectores dominantes, para los grupos que apoyaron la llegada de Lula a la presidencia, se anunciaba un proceso de democratización social del poder político.
Sin embargo, su gobierno no alteró la estrategia neoliberal de desarrollo, y los buenos resultados de la economía en el período 2002-2007 fueron posibles gracias a un escenario internacional altamente favorable. Según Marcelo Dias Carcanholo, el aumento de las exportaciones (fundamentalmente productos primarios) permite afirmar que Lula no cambió la lógica económica de sus predecesores para no perder la credibilidad de los mercados. Al contrario, incluso profundizó ciertas reformas estructurales neoliberales, y aprovechó una coyuntura internacional favorable para la elevación de las tasas de crecimiento sin riesgo de presiones inflacionarias, para así desarrollar un conjunto de políticas sociales compensatorias durante 2002 y 2007. El resultado, según Dias Carcanholo, fue una relativa re-primerización y des-industrialización económica, es decir, una mayor vulnerabilidad frente a los cambios en mercados exteriores.
Como contrapartida, el receso en esta tendencia favorable tuvo efectos inmediatos. Para responder a la crisis de 2007-2008, el gobierno decretó una exoneración tributaria y una expansión del crédito, y protegió mercados garantizados. En conjunto, esto ha significado políticas anticíclicas tímidas que, en el mediano plazo, ha acentuado el déficit fiscal e incrementado el endeudamiento de las familias. En este sentido, la expansión económica relativa permitió al gobierno de Lula la ampliación de políticas sociales compensatorias – lo que explica el fuerte apoyo popular hacia a su gobierno hasta los mandatos de Dilma Rousseff –, pero al mismo tiempo destruyó cualquier posibilidad de apoyo popular a las propuestas de cambios realmente estructurales en la sociedad brasileña.
Al contrario, una verdadera izquierda hubiese terminado con las estructuras neoliberales heredadas, reduciendo así la vulnerabilidad estructural frente a los vaivenes de la economía mundial. También hubiese promoviendo una modificación progresiva de la concentración de la renta, la ampliación del mercado interno, y una expansión de la integración regional que vaya más allá que los acuerdos comerciales. Según Carcanholo, eso habría significado también políticas sociales y públicas que trasciendan las medidas compensatorias.
En la actual coyuntura, el PT no representa una alternativa de izquierda pues sus gobiernos jamás ha sido de izquierda; así, la actual lucha por la candidatura de Lula se revela como la defensa estéril de una democracia que permanece incuestionada, pero que si uno remueve y va más allá de ella, encuentra las luchas reales. Para avanzar en políticas postneoliberales, se debe hacer una profunda crítica política del neodesarrollismo, más que defender su (nefasto) legado de neoliberalismo y corrupción.
