Opinión
Cada cierto tiempo el mérito vuelve, una y otra vez, a estar en el centro de la discusión pública. Esta vez surgió por distintos flancos. Primero, el caso de Fernanda Bachelet evidenció la falta de méritos en cargos públicos de designación presidencial. Luego, la mitad de jóvenes que cada año no supera los 500 puntos en la PSU ―en su mayoría pobres salidos de colegios pobres― vendría a reforzar la tesis de que la educación no es más que la reproducción de las desigualdades de la cuna, algo así como la antítesis de la “meritocracia”. Ahora último, y en buen momento, por el proyecto de ley denominado “Admisión Justa” ―que será presentado en marzo―, el cual pretende volver a introducir la selección académica en ciertos establecimientos subvencionados por el Estado.
Al mérito, sin embargo, se le suele confundir con la justicia social. En alguna de las versiones del liberalismo, la meritocracia sería el único orden social verdaderamente justo. Esta idea bien intencionada, pero abstracta, no es gratuita y trae consigo costos que conviene considerar a la hora de diseñar políticas e instituciones sociales. Por lo pronto, en la educación, el mérito es sin lugar a dudas un elemento de primer orden a considerar, toda vez que el esfuerzo y dedicación de los alumnos es uno de los determinantes del aprendizaje y también permite a profesores y apoderados a educar en la virtud.
Con todo, la calidad de la educación está determinada por una serie de factores exógenos al mérito individual: el contexto social y familiar, el involucramiento de los padres, la calidad del establecimiento, las potencialidades individuales, el entorno dentro del establecimiento, etc. Y, por lo demás, cuando se entiende que la educación es al mismo tiempo la transmisión de valores, de la cultura, las artes, la espiritualidad y, en suma, una visión amplia del mundo, de vínculos con las otras personas y con la naturaleza que nos rodea, el mérito ciertamente deja de cumplir esa elevada función ordenadora y absoluta que se le suele atribuir.
[cita tipo=»destaque»]Así, cuando la educación se pretende experimento político meritocrático, la institucionalidad educativa se transforma en un agregado de pruebas, procesos y estandarizaciones que tienden inexorablemente a la homogeneización de la oferta educacional.[/cita]
Así, cuando la educación se pretende experimento político meritocrático, la institucionalidad educativa se transforma en un agregado de pruebas, procesos y estandarizaciones que tienden inexorablemente a la homogeneización de la oferta educacional. En consecuencia, los colegios devienen fábricas de entrenamiento de pruebas estandarizadas que facultan a los alumnos a entrar a otras fábricas (las universidades), esta vez, de certificados bien pagados en el mercado laboral.
Lamentablemente, los costos de la Ley de Inclusión aprobada en el 2015, y toda la tecnocracia que la hizo posible, se están pagando con una mayor homogeneización de proyectos educativos en el sector subvencionado por el Estado. Y la sola incorporación de la variable “antecedentes académicos” en el superalgoritmo de selección quizás genere incentivos en los alumnos para aprender a responder mejor sus pruebas, pero no mucho más.
Más allá de los méritos académicos, el Gobierno debe reivindicar la importancia de la participación de los establecimientos en los procesos de selección escolar y entender que la calidad de la educación requiere de la mutua colaboración y compromiso entre apoderados y sostenedores para llevar a cabo proyectos educativos que entreguen algo más que un puntaje PSU. Cosa que difícilmente un algoritmo podrá descifrar. En la educación, ninguno sobra.
