Opinión
Este 4 de marzo se cumple un año desde que se adoptó el “Acuerdo de EscazúE en San José de Costa Rica; una fecha que reviste gran importancia para la democracia ambiental en Latinoamérica y el Caribe, ya que tras siete años de negociaciones, los estados de la región acordaron un tratado que sentaba las bases para la mejor implementación del Principio 10 de la Declaración de Río, que busca asegurar el Derecho a la Información, Participación y Acceso a la Justicia en materia ambiental. Este hito marcaba el inicio de un proceso que en el mediano plazo dará mayores garantías a la ciudadanía de vivir en un medio ambiente sano.
Meses después de su adopción, el 27 de septiembre del 2018 se abrió para su firma. Nunca nos imaginamos que Chile, bajo la segunda administración del Presidente Piñera, se restaría a último minuto de firmar este acuerdo, ya que justamente bajo su primera administración el 2012 nació la idea de contar con este instrumento regional.
Hasta ahora, el Acuerdo de Escazú ha sido firmado por 16 países, que han dado cuenta de la voluntad política de avanzar en los cambios necesarios para que sus estados sean proactivos con su ciudadanía y, con ello, garantizar el derecho de información, participación y justicia ambiental. Así, el Estado se compromete a entregar información clara, temprana, oportuna y comprensible para asegurar la participación pública en la toma de decisiones sobre asuntos ambientales, así como también promover mecanismos alternativos de solución de controversias y establecer mecanismos de apoyo para los más vulnerables, tales como asistencia técnica y jurídica gratuita.
Pero además, en este acuerdo, se logró abordar específicamente la situación de los defensores ambientales, disponiendo que se les debe garantizar un entorno seguro, reconociendo, protegiendo y promoviendo sus derechos; además de prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones. Estas indicaciones significan un gran avance para la mayoría de los países de la región, en los cuales constantemente los activistas ambientales reciben amenazas y mueren en “extrañas” circunstancias (como son los casos de Macarena Valdés y Alejandro Castro, en Chile y el de Samir Flores en México, asesinado a balazos en la puerta de su casa, entre tantos otros).
El gobierno de Sebastián Piñera ha dicho, entre otras excusas para no firmar, que el país ya cuenta con las disposiciones en todas las materias que aborda el Acuerdo de Escazú. Pero sabemos que Chile requiere muchos cambios en la gestión de la política ambiental y en la evaluación ambiental a la cual se someten los proyectos y, específicamente en relación a los defensores ambientales, no contamos con marco legal alguno que los proteja.
Por otra parte, si bien existe una institucionalidad ambiental, todavía hay un importante espacio de mejora en estas materias. Basta ver la confluencia de eventos de los últimos meses para darnos cuenta de que la ciudadanía se siente absolutamente silenciada. No existe ningún mecanismo que garantice el acceso a la justicia en términos de defensa por casos ambientales: hoy de hecho las comunidades más pobres del país deben financiar con bingos y completadas los honorarios para sus abogados y otros profesionales que se requieren para probar el daño ambiental del cual son víctimas.
Por todo lo anterior, durante las negociaciones, la sociedad civil en su conjunto celebró el liderazgo de Chile en el Acuerdo de Escazú; todo con la sólida esperanza de que nuestro país tenía una enorme oportunidad de avanzar hacia una mayor democracia ambiental y, así, tener más herramientas para aminorar la conflictividad ambiental (de la cual según el Atlas de Justicia Ambiental 2018 somos líderes, en el lugar 15).
Por eso, a un año de ese día feliz (la adopción de Escazú), el sentimiento hoy es totalmente opuesto. Chile nunca concurrió a la firma del mismo acuerdo que en co-presidencia con Costa Rica llamó a firmar (dando de paso el primer bochorno de varios en materia de política internacional que hemos vivido hasta ahora). Las emergencias ambientales se han sucedido, siendo el gran ejemplo la situación que hasta ahora se vive en la zona de Concón, Quintero y Puchuncaví, donde los vecinos siguen sin ser escuchados, pese a que más de 1600 personas tuvieron que ser atendidas en salas de urgencia y no se ha logrado dar con las fuentes contaminantes. Las comunidades siguen vendiendo bolsas de género, números de rifas y tantas otras cosas, para por ejemplo, evaluar el nivel de daño que tienen los salares en el norte de Chile. Los defensores ambientales son asediados solo por denunciar el daño para el planeta y sus vidas…
Y es en este escenario, en el que nos preparamos para la próxima COP 25, como si nuestra credibilidad no fuera lo bastante débil y las personas que habitan nuestro país no se sintieran ya bastante pasadas a llevar.
Pero esta situación todavía se puede revertir. Como ciudadanos que aspiramos a una mejor sociedad, seguimos con la esperanza de que antes de que los presidentes de todo el mundo pisen el territorio nacional, Chile firme Escazú y avance en sus compromisos con las personas, dando un importante paso hacia la verdadera democracia ambiental.
