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OPINIÓN

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Respuesta al general (r) Griffiths sobre FF.AA., Defensa y Constitución

por 19 septiembre, 2021

Respuesta al general (r) Griffiths sobre FF.AA., Defensa y Constitución

Crédito: Aton

Es muy cierto que la defensa al ser un tema de todos, requiere de un diálogo con los menos sesgos y prejuicios posibles para ser fructífero; es decir, requiere salirse del microverso corporativo de comprehensión y movernos a un mundo mayor de tolerancia y diversidad en busca de respuesta para las nuevas preguntas. Concuerdo también que no podemos entrar al futuro mirando el retrovisor como decía Marshall MacLuhan, pero tampoco podemos de dejar de mirarlo por la posibilidad de repetir errores pasados.
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Tomado las palabras de inicio de la respuesta a mi columna “FF.AA., Defensa y Constitución: una revisión necesaria” por parte del ex vicecomandante en jefe de Ejército y actual investigador de Athenalab (del empresario Nicolás Ibáñez), general (r) John Griffiths Spielman, y con “la finalidad de favorecer el intercambio de opiniones y diálogo académico en estas materias” en este relevante momento de “reconstrucción del contrato social” (Rousseau y Locke), me permito contraargumentar algunos de sus supuestos.

Debo empezar por decir que me llama la atención el apresuramiento de su respuesta, anclada a una visión corporativa y ajena al tiempo académico necesario para la reflexión que, desde mi punto de vista, sin duda conduce a ruidos (errores). Por ejemplo, el general (r) Griffiths parte atribuyéndome algo no está en el texto al decir que “de ser aceptadas sus propuestas en el prospecto de una nueva Constitución, todos los males –que el autor adjudica a las instituciones de la Defensa– serían subsanados”. Lo supone, pero como el lenguaje es preciso y en ningún lugar se señalan soluciones “mágicas” en un contexto más bien anclado a interrogantes universales. Lo que se expresa es que “se explica como exigencia concreta a las FF.AA. en un Estado de derecho que eleva sus estándares (democráticos) y en la necesidad del desarrollo del buen gobierno en ámbito de la defensa”.

Luego relativiza los hechos negativos enumerados que justifican el texto, diciendo que “algunos están en plena investigación”. La contundencia fáctica y en muchos caso judicial no puede dejar dudas en materias de DD.HH. (ej. ahí están el informe de Amnistía Internacional presentado por Erika Guevara o el desfile de militares por los tribunales, incluyendo un comandante en jefe), transparencia/corrupción (ej. además de los casos que conduce la ministra Romy Rutherford, está la reciente querella del CDE por el sobreprecio en la compra de helicópteros del Ejército), y de autonomía (ejemelo, la Constitución de 1980 incorporó a las FF.AA. como poder del Estado autónomo – entre otros, recomiendo el último libro de Augusto Varas “Legitimidad del Monopolio y uso de la fuerza en Chile, FF.AA. y Carabineros en la nueva Constitución” y ver Pablo Contreras y Sebastián Salazar “Obedientes y No Deliberantes”: FF.AA., Autonomía y Control Democrático).

En relación a lo deliberativo, además del anclaje real de algunos mandos con la derecha política (más de alguno fue senador por ese sector, hoy tienen un constituyente y/o miembros de una rama al menos se juntaron con RN previo a la elección del Presidente Piñera), el pronunciamiento de la Contraloría General es claro frente a “actos deliberativos” de mandos de las FF.AA. Estos hechos no pueden ser minimizados.

Me llama la atención el apresuramiento de su respuesta, anclada a una visión corporativa y ajena al tiempo académico necesario para la reflexión que, desde mi punto de vista, sin duda conduce a ruidos (errores). Por ejemplo, el general (r) Griffiths parte atribuyéndome algo no está en el texto al decir que “de ser aceptadas sus propuestas en el prospecto de una nueva Constitución, todos los males –que el autor adjudica a las instituciones de la Defensa– serían subsanados”. Lo supone, pero como el lenguaje es preciso y en ningún lugar se señalan soluciones “mágicas” en un contexto más bien anclado a interrogantes universales.

Después el general (r) Griffiths insinúa una confusión entre la doctrina de seguridad nacional y la seguridad nacional. No hay confusión, en un breve espacio se explica una secuencia histórica y lógica como la seguridad nacional es permeada por estos eventos. Sin embargo, hoy el desarrollo democrático y civilizatorio con sus efectos multidimensionales, han implicado una reconceptualización (reconversión) del concepto y adicionalmente una redefinición de los medios que las garantiza (literatura especializada sobra;  además del citado libro de Varas, por ejemplo es interesante ver la tesis doctoral “La Seguridad Nacional en el Estado Constitucional de Derecho” de Freddy Yvan Sagastegui Cruz).

Luego el general (r) hace una definición del sentido y anclaje del texto constitucional genérico (y con el cual concuerdo plenamente), para luego preguntarse si las FF.AA. deben o no estar en la Constitución (pregunta que en mi columna no se hace al decirse que deben estar en el capítulo de la defensa nacional) y deducir equivocadamente que se insinúa que el Estado no debe monopolizar el uso de la fuerza porque no se especificaría las instituciones depositarias. Lo más probable es que si se parte de una premisa errada se llegue a una conclusión errada. Es claro que desde la “Paz de Westfalia” en 1648 y, particularmente, con la definición de Max Weber (quizás con excepciones como el de la Segunda Enmienda de 1791 en EE.UU. que posibilita de existencia de una milicia para un Estado Libre), nadie pone en duda que es el Estado es quien debe monopolizar legítimamente la violencia y organizase para ello. Lo que se discute en mi columna son los límites y contrapesos y no este principio. Sin embargo, hay que decir también que ya no es sostenible una función imperial del poder como la que le da Nicolás Maquiavelo en “Discursos sobre la primera década de Tito Livio”.

Luego, el general (r) Griffiths vuelve a interpretar erradamente lo expresado en relación al orden público. Ahí se expresa que “los conceptos de seguridad nacional y de orden público no solo están destinado a proteger la integridad del Estado (subrayo), sino especialmente son mecanismos destinado a dirimir controversias políticas internas (desde una perspectiva conservadora) y que hoy no se adecúan a la diversidad del país”, y se plantea “precisar el concepto orden público en función de una gobernanza democrática” (no terminar con él como trata de inferir) y frente a la seguridad nacional que “sintetizo las demandas conservadoras de seguridad” como lo expresa Varas (2021), se plantea cambiarlo por un concepto de seguridad democrática 2.0 (diferenciar seguridad interna y externa). Esta es una discusión abierta hace tiempo entre seguridad/orden y derechos sociales/individuales. Tras el fin de la Guerra Fría se ha tendido a securitizar la democracia a través de una concepción de seguridad ampliada que limita su propia esencia, por ejemplo, criminalizando el ejercicio de la protesta (no olvidemos que el DINE inicialmente alerto sobre presencia extranjera en las protestas). Recomiendo leer “Protesta y DD.HH.” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - septiembre de 2019 y de Juan Carlos Montalvo Abiol, “Concepto de Orden Público en las Democracias Modernas del 2010”).

Luego, el investigador de Athenalab habla de las capacidades nacionales como instrumentos de poder de un Estado que se deben combinar para responder en un contexto (supongo) de “seguridad ampliada” (le llama problemas estratégicos o de Seguridad Nacional), para decir posteriormente que las FF.AA. están en todo el territorio y tienen capacidades humanas y tecnológicas. Uno de los temas de fondo no es la combinación de capacidades para una respuesta sistémica y multidimensional a los desafíos, sino su duplicación y los recursos para ello. Como argumentaba el profesor Paul Samuelson “cañones o mantequilla” no se puede tener ambos porque no hay recursos y hay una desnaturalización de la función esencial de los organismos creados para ello. En el texto se habla, entonces, de la “redistribución solidaria de un trabajo sistémico (que incluye las FF.AA.) y el refortalecimiento de otros organismos públicos especialmente creados para tareas específicas” en termino de proceso, incluso para enfrentar posiblemente lo que llama singularidades catastróficas con el tiempo. Por otro lado, también está lo escrito por Alfred Stepan en cuanto a que la clave para preservar las nuevas democracias y su desarrollo, era garantizar que nadie las llamara y/o apoyara una solución militar a los problemas (protestas, pandemia, migraciones o Araucanía y menos al gobierno como en el caso de Brasil con varios ministros y más de 6000 puestos) y lo que Samuel Huntington advirtió en cuanto a que la amplitud de la misión militar incrementa la influencia institucional en asuntos ajenos a la defensa (interesante de esta ampliación y sus efectos fue el temprano texto de Vicenc Fisas sobre el militarismo, “El poder militar en España” de 1979). El artículo, por cierto, reconoce la gran responsabilidad de las autoridades civiles en todo esto.

Frente al conservadurismo de los conceptos citados y anclados que pone en duda el general (r), esa de la autoridad fuerte y el reino del orden de Portales, la literatura directa e indirecta es vasta desde diversas perspectivas ideológicas. Por ejemplo, Ana María Stuven en “Una aproximación a la cultura política de la elite chilena: concepto y valoración del orden social 1830-1860), sostiene que “El apego al valor “orden social” se relaciona con la concepción de poder que manejaba la clase dirigente y a través de la cual expresaba su visión jerárquica del mundo, que le concedía la hegemonía sobre el motor de cambio”. Kathya Araujo y Nelson Beyer, tienen un interesante texto “Autoridad y autoritarismo en Chile. Reflexiones en torno al ideal tipo portaliano – 2013). Mario Góngora en “Ensayo Histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX”, ha caracterizado al modelo de Estado desde el siglo XIX, diciendo que “la religión del ejecutivo omnipotente” es quebrantar los resortes de la máquina popular representativa, pero basado en una obediencia sostenida en la legitimidad legal. Lautaro Ríos en “La Soberanía, el Poder Constituyente y una Nueva Constitución para Chile – 2017”, habla que “somos ciudadanos de un pueblo castrado del primer atributo de la soberanía: el de decidir nosotros mismos lo que queremos ser”, al ser la voluntad popular sustituida por una comisión reducida de “notable” (acuerdo entre elites básicamente conservadoras) y/o por poderes fácticos. Esa es la tónica constitucional, teniendo como resultado las Cartas Magnas que se dictaron a partir (a excepción como la de 1828). Jaime Guzmán llego a decir en función de consolidar una democracia autoritaria y protegida (Constitución de 1980 que aún nos rige en esencia), que ésta “debe procurar qué si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría (a partir) de un margen de alternativas (…) lo suficientemente reducido para ser extremadamente difícil lo contrario”. En toda esta historia conceptual se anclan la seguridad nacional y orden público y el rol de las FF.AA. a pesar de las reformas del 2005 (ver Augusto Varas, “Las FF.AA. en la nueva Constitución”).

Es muy cierto que la defensa al ser un tema de todos, requiere de un diálogo con los menos sesgos y prejuicios posibles para ser fructífero; es decir, requiere salirse del microverso corporativo de comprehensión y movernos a un mundo mayor de tolerancia y diversidad en busca de respuesta para las nuevas preguntas. Concuerdo también que no podemos entrar al futuro mirando el retrovisor como decía Marshall MacLuhan, pero tampoco podemos de dejar de mirarlo por la posibilidad de repetir errores pasados. Espero que con esto se diluciden las interrogantes expuestas y se comience un diálogo lo más transparente posible entre todos.

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