Opinión
Créditos: Agencia Uno.
El itinerario constituyente tiene un punto de inflexión, y es que en septiembre se entrelaza con la conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar chileno. Tras medio siglo, la dictadura de Pinochet ha dejado en herencia, precisamente, la Constitución que se intenta reemplazar, además de crudas heridas frente a las cuales el Estado de Chile tiene la responsabilidad de hacer justicia y generar nuevas estrategias de reparación, construyendo nuevas narrativas de memoria histórica que resignifiquen los hechos del pasado, con el actual momento político del país.
Terminado el 2022, concluyen los primeros meses del gobierno progresista de Gabriel Boric. Tras el rechazo a la propuesta constitucional el 4 de septiembre pasado, los principales desafíos para los próximos meses surgen del éxito que pueda tener el nuevo proceso constituyente, pero también en torno a las narrativas de memoria que el gobierno deberá elaborar para enfrentar la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado cívico-militar.
El comienzo del 2023 está marcado, programáticamente, por la designación por parte del Congreso del grupo de 24 expertos para la redacción de una nueva propuesta constitucional. Posterior a eso, en abril comenzará la elección de consejeras y consejeros constitucionales, donde el voto será obligatorio. Los principales desafíos recaen en hacer conectar una propuesta constitucional redactada por un grupo selecto designado por el Congreso, que luego será discutida con otro grupo electo por la ciudadanía.
El itinerario constituyente tiene un punto de inflexión, y es que en septiembre se entrelaza con la conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar chileno. Tras medio siglo, la dictadura de Pinochet ha dejado en herencia, precisamente, la Constitución que se intenta reemplazar, además de crudas heridas frente a las cuales el Estado de Chile tiene la responsabilidad de hacer justicia y generar nuevas estrategias de reparación, construyendo nuevas narrativas de memoria histórica que resignifiquen los hechos del pasado, con el actual momento político del país.
La tarea no es fácil, pues consiste en conciliar un proceso constituyente que busca dejar atrás uno de los legados más persistentes de la dictadura (la Constitución del 80), con fuertes restricciones a la participación ciudadana y popular, en el marco de una conmemoración que cada diez años ha sido profundamente ciudadana, en un claro prurito por instalar un sentido de “nunca más” a las formas de violencia, represión y supresión de la soberanía popular que significó la dictadura.
El desafío, por tanto, es no solo articular una narrativa histórica que posicione al gobierno de Boric frente a los 50 años del golpe militar, y lo que este evento representa en términos de las memorias de las violaciones a los derechos humanos, la supresión de las instituciones políticas, y la represión que se ejerció contra un importante segmento de la sociedad civil por parte del Estado, sino también hacer sentido del contexto post estallido social, los efectos del Rechazo, el nuevo proceso constituyente, y el rol del actual gobierno y el Estado en su compromiso de reparar las heridas del pasado y presente con un nuevo texto constitucional que por fin deje atrás los legados del golpe cívico-militar de 1973 y nos guíe en una nueva convivencia democrática para el próximo medio siglo.
