Opinión
Créditos: Agencia Uno.
Aquí es donde se abre una ventana de oportunidad para una comprensión ampliada y consensuada de cómo y por qué nos vemos afectados como comunidades cuando hay un desequilibro entre las demandas del entorno y los recursos disponibles para ser desplegados, no solo en tiempos de crisis sino en tiempos de aparente normalidad. Es necesario, por tanto, aprovechar las características diversas de las comunidades, para potenciar estrategias que afiancen vínculos, reconstruyan confianzas y fortalezcan redes de comunidades y actores territoriales que trabajen alineados con un propósito común de bienestar.
De acuerdo con cifras de la OCDE, entre los años 2020 y 2021, los establecimientos educativos en Chile permanecieron cerrados 259 días, en los que las clases se desarrollaron de manera remota. Este cambio de modalidad sin duda generó tensiones y evidenció, en un nivel amplio, un efecto negativo en distintos ámbitos del aprendizaje y socialización de nuestros niños, niñas y jóvenes. Entre ellos destacan: el aumento de licencias médicas entre educadores y una baja asistencia de estudiantes a clases durante los últimos dos años.
En respuesta a este escenario, el Ministerio de Educación lanzó el Plan de Reactivación Educativa 2023, que considera una serie de acciones organizadas en tres ejes: Convivencia y salud mental; Fortalecimiento de aprendizajes; y Asistencia y revinculación, además de la creación de un Consejo transversal y multidisciplinario, encargado de entregar recomendaciones al ministerio en esta materia.
El plan se articula sobre una serie de iniciativas que se han desplegado entre los años 2021 y 2022 para atender a problemas de larga data que se intensificaron en nuestro sistema educativo, como las brechas de aprendizaje por nivel socioeconómico, infraestructura, recursos físicos, necesidad de actualización en la formación y capacitación docente, deficiencias tecnológicas en nuestras escuelas, y el evidente deterioro de la convivencia en las comunidades educativas. La formulación de acciones relevantes en torno a estos tres ejes constituye una buena oportunidad para destacar la interacción evidente e innegable entre la salud mental y el desarrollo potencial de los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto a nivel de los individuos como de las organizaciones.
Aquí es donde se abre una ventana de oportunidad para una comprensión ampliada y consensuada de cómo y por qué nos vemos afectados como comunidades cuando hay un desequilibro entre las demandas del entorno y los recursos disponibles para ser desplegados, no solo en tiempos de crisis sino en tiempos de aparente normalidad. Es necesario, por tanto, aprovechar las características diversas de las comunidades, para potenciar estrategias que afiancen vínculos, reconstruyan confianzas y fortalezcan redes de comunidades y actores territoriales que trabajen alineados con un propósito común de bienestar.
Si bien se valora la existencia de una política de Estado articulada, donde participen distintos actores con el propósito compartido de superar los efectos negativos de la pandemia, es necesario dejar espacio, dentro de los ejes de reactivación del plan, para que las propias comunidades educativas puedan tomar protagonismo tanto en la definición de sus problemas como en la búsqueda de soluciones con apoyo de las autoridades nacionales. En muchas ocasiones, las políticas educativas llegan a los establecimientos como mandatos que no dialogan con las verdaderas necesidades de sus profesionales, estudiantes y familias, lo que lleva a una sobrecarga en las comunidades y un desgaste de valiosos recursos y esfuerzos.
Es de esperar que el Consejo para la Reactivación Educativa pueda incidir en esta nueva agenda y relevar en sus declaraciones y acciones que los protagonistas fundamentales del cambio educativo se encuentran en los territorios y que existen capacidades locales para impulsar las acciones de mejoras en los tres ejes que este plan ha priorizado.
