La criminalidad no es un reality show

No cabe duda que debe existir preocupación frente a una estrategia precaria en materia de seguridad, sobre todo cuando se burla al Estado de forma tan fácil. Sin embargo, eso no tiene que dar paso a un festival de payasos y payasadas. El hecho de que desde hace un tiempo viéramos por TV a un alcalde –que otros mencionan como “ingenioso”– yendo a terreno con una retroexcavadora, creyendo ilusamente que demuele el crimen narco, es solo un ápice, un botón de muestra de lo patética que se ha vuelto la inacción en la convivencia de una sociedad cada vez más compleja y autónoma en su organización, o desorganización a estas alturas. Aunque exista ese despelote, no se puede dar pie o crédito a que las respuestas para encarrilar de nuevo el comportamiento social sean nuevas barbaridades que lo único que provocarán será más prepotencia y, como consecuencia, más reacciones violentas de lado a lado. 

¿Armarse hasta los dientes? ¿Detenerlos y dispararles a todos? Medidas bien populares, pero carentes de toda racionalidad y deliberación a la altura de la complejidad de un fenómeno social en pleno desarrollo. Nadie puede quedar ajeno a la rabia cuando se está en presencia de crímenes cobardes y crudos, pero de pronto olvidamos 20 años de desarrollo de delincuencia al alero de una desigualdad aberrante que se empina en lo ridículo, en un margen de al menos los últimos 50 años. Podríamos aquí perfectamente también sumar el antecedente de una crisis migratoria mundial sin precedentes y que en Sudamérica se expresa en Estados fracasados con ideas fracasadas y que, con violencia estatal, terminan autoexiliando a millones de sus ciudadanos en búsqueda de una vida mejor. El problema es que no circulan por el mejor continente para eso y en masa llegan a Chile. Aun con ello presente, tomando un estudio del extinto CONACE, de título “Asociación entre drogas y delitos” por allá por el año 2005, viejo es, pero demuestra que lo vivido estas últimas semanas presenta algunos orígenes bastante claros. 

Aquel estudio menciona datos de otro estudio de Gendarmería, más antiguo, del año 2002, es decir, más de 20 años atrás. Bueno, los datos son reveladores. Dentro de todas las personas que en un periodo determinado cometieron un delito, el 40% cuando lo cometió por primera vez estaba drogado. Otro dato esclarecedor es que, de la población penal examinada, un 57% consumió alguna vez pasta base y el 44% cocaína. Asimismo, un 40% de todos los reclusos declaró que cometió delito para poder comprar droga. Eso, hace más de 20 años, nos dice que uno de los orígenes de la problemática está plenamente identificado y sabido. Si esos datos los cruzamos con datos actuales, tales como hacinamiento carcelario (140%), o con reincidencia del crimen (sobre el 50%), o que más de un 50% de la población penal tiene solo educación básica, o que en un estudio más reciente del 2021 se cita que 49 mil niños y jóvenes de 12 a 16 años de edad, en un espacio de 5 años, fueron condenados por distintos delitos cometidos, todo aquello configura un panorama muy desolador, sobre todo considerando lo que se maneja actualmente como respuesta.      

Situar, o explicar todo lo que sucede a propósito de cómo operaban los delitos y la droga hace 20 años, tampoco es muy acertado. Sin embargo, lo hago para evidenciar que esa relación no ha terminado y, muy por el contrario, sin duda que se ha extendido. Como es costumbre en Chile frente a las calamidades de alta connotación pública, aparece la publicidad matinal y, con ella, el desfile interminable de políticos. Se vuelve un espectáculo porque muchos y muchas de ellos demuestran que saben muy poco considerando la responsabilidad que tienen, y más bien evidencian estrategias y discursos sobreargumentados en una sola línea comunicacional, para sacar las clásicas ventajas políticas de unos sobre otros que no aportan en prácticamente nada a superar la coyuntura.

Nuevamente se demuestra que el nivel es muy malo, casi tan malo como el nivel periodístico que no fue capaz de levantar la voz frente a una acción aberrante de un general de Carabineros, vetando a una profesional que hacía su trabajo porque se le “escapó” una palabra, que por lo visto es la peor ofensa de la vida. Cosa rara, cuando hace pocos días una carabinera hacía un video altamente difundido en redes sociales en el cual decía “soy paca y mamá y un largo etcétera…”. Por lo que se sabe, no se ha dado de baja a esa carabinera, pero a la periodista se le despide instantáneamente. Y todos y todas sus compañeros de labores, en el mismo momento que ocurre el hecho, guardan silencio, como si el que hubiera hablado hubiese sido un rey o un emperador. Por eso es tan importante que no se descuide nunca que todo aquel que tiene el monopolio de las armas, siempre debe estar subordinado al poder civil, si no puede ocurrir cualquier cosa y Chile sabe mucho de eso. 

Para todo esto, al parecer, la respuesta son mil quinientos millones de dólares. Hasta ahora se conoce un desglose que apunta fundamentalmente a protección, armas y persecución. De alguna forma se responde al clamor popular, pero en ningún caso a lo subyacente. Policías en una defesa privilegiada con mayor poder de fuego, ¿es la respuesta adecuada? ¿Cómo sociedad, estaremos más conformes con muertes de niños y jóvenes infractores que son utilizados como carne de cañón? ¿Queremos ser como la sociedad norteamericana, en que la policía dispara si una persona no obedece alguna orden? No por nada allá se habla de brutalidad policial, clasista y racista, algo no muy lejos de como se está perfilando la sociedad chilena. ¿Nos merecemos vivir con eso? ¿Acaso no podemos hacer un esfuerzo por terminar con la acumulación indecente de bienes de unos pocos por sobre toda la inmensidad del resto?

Niños y jóvenes que han tenido una vida de perros, miserable, que no eligieron venir al mundo a vivir así y que como Estado les decimos que su agonía terminará con su muerte en las calles. Definitivamente es perder la verdadera batalla, batalla a la que cualquier persona en verdad progresista no debe renunciar nunca; por muy voluble y contradictoria que sea la opinión del pueblo, las convicciones deben mantenerse siempre. Si queremos invertir un peso en una pistola más letal, invirtamos 2 o 3 por reinserción, separemos población penal, implementemos tecnología de punta en las fronteras, equilibremos el acceso al mundo del conocimiento, el deporte y las artes, etc., tantas cosas por hacer y nuestra respuesta no puede ser solamente satisfacer visceralmente la sed de populismo penal vociferante.