Opinión
Estamos en los inicios de un nuevo proceso constituyente, que dadas sus características requiere de altos consensos para lograr incorporar normas, lo que pone incluso en duda que pudiere concordarse alguna norma en el ámbito de la salud.
La salud es una construcción y un bien de carácter social, que evoluciona junto al devenir político, social y económico de los pueblos, por lo que pretender que una Constitución fije en piedra más allá de algunos principios generales, es un voluntarismo ilusorio, más bien propio de grupos que desean imponer su particular visión de sociedad, antes que posibilitar la construcción democrática de la vida en común. Todas las naciones aspiran a que sus ciudadanos alcancen la mayor calidad de vida posible. La salud es fundamental para alcanzar dicho objetivo, pues ello no solo es esencial para las personas como individuos, sino también para el desarrollo sostenible de las naciones.
La situación de salud de los habitantes de un país está estrechamente vinculada con las condiciones en que viven las personas. Por tanto, en ello influye más el acceso a alimentación y ambiente saludable, a deporte y recreación, a empleos de calidad, a mayor nivel educacional, entre otros muchos factores –conocidos como determinantes sociales de la salud– que la sola existencia de servicios médicos. Esto explica por qué los indicadores de salud no guardan una estricta correlación solo con el nivel de gasto o las condiciones de acceso a los sistemas sanitarios. Si el modelo de desarrollo es fuertemente inequitativo, poco podrá hacer un sistema sanitario para amortiguar los efectos de ello, en especial porque los sistemas de salud suelen, más temprano que tarde, replicar la estratificación o segmentación de la sociedad de la que forman parte.
Dicho eso, el “derecho a la salud” no debe ser reducido al campo de las enfermedades, ni de los meros servicios de atención médicos, sino que también debe ser comprendido en el multidimensional espacio de las condiciones sociales y ambientales, que guardan relación con las capacidades requeridas para que todas las personas puedan gozar el máximo nivel de bienestar.
Nadie puede exigir ni garantizar que se permanecerá sano, tan solo las circunstancias para que se pueda desarrollar y sostener el potencial de las personas. Por tanto, el derecho a la salud implica que el Estado garantice condiciones para el logro del mayor nivel de salud en lo físico, lo psíquico, lo social y ambiental posibles. Ello, exige una gradualidad en que los Estados no pueden darse por satisfechos con el reconocimiento de un mínimo del derecho, porque el cumplimiento de los derechos sociales debe ser progresivo. Así, los principios de progresividad y de no regresividad obligan a condiciones cada vez más rigurosas de exigibilidad, que obligan también a justificar se está haciendo todo lo materialmente posible (respecto de los recursos) para satisfacer el derecho.
En el actual debate sobre cambios constitucionales en Chile, de suyo complejo luego del rechazo a la anterior propuesta de nueva Constitución, habrá que ver si el derecho a la salud logra superar el restrictivo debate actual de mera libertad de elegir un seguro privado (libertad evidentemente restringida a quien tiene capacidad de pago) y pasa a ser comprendido en el espacio amplio de un Estado de derechos, que guarde relación con los aspectos que determinan la posibilidad real de que todas las personas, sin discriminación alguna, puedan gozar del máximo nivel de bienestar.
Siendo optimista, no veo posible un acuerdo más allá de una escueta frase que señale que “el Estado garantiza las condiciones para proteger la salud como derecho fundamental de la persona, a través de acciones universales de promoción, prevención, fomento, recuperación y rehabilitación, correspondiéndole la rectoría de dichas acciones, asegurando su accesibilidad, oportunidad, calidad y protección financiera, según lo determine la ley”. Pretender más, en el actual escenario político, es quizás condenarnos a una Constitución donde la palabra salud ni siquiera esté mencionada. Algunos dirán que quizás sea mejor, ya que transparenta nuestra falta de capacidad de acuerdos, obligando a que futuras generaciones logren democráticamente lo que la actual fue incapaz. Ojalá me equivoque y los constituyentes nos den la alegría de un milagro.
