Opinión
Una transición digital “a conciencia” -para distinguirla de la transición verde- exige asegurarse que los cambios tecnológicos que están ocurriendo en el mundo del trabajo beneficien a la sociedad en su conjunto, aprovechando las nuevas oportunidades, a la vez que se abordan de manera proactiva sus retos.
La 4ª Revolución Industrial, determinada por la profundización del uso de las TIC, la robótica avanzada, el Internet de las cosas y los progresos en inteligencia artificial, está transformando múltiples aspectos de nuestras vidas. Avanza a un ritmo exponencial, que hace que en su escala, alcance y complejidad no se parezca a nada que la Humanidad haya experimentado antes. En este escenario vertiginoso, acelerado y volátil, el mundo del trabajo requiere especial atención.
Con los cambios tecnológicos y la tecnificación del mercado laboral muchos trabajos se perderán, al tiempo que se crearán otros y buena parte de los restantes sufrirán transformaciones. Así las cosas, una transición digital justa exige promover una fuerza laboral apta para la industria 4.0, formando personas con las competencias que demanda la economía digital (tanto ciber competencias como aquellas habilidades -por ahora- no reemplazables por las máquinas), y dar protección suficiente a quienes resultan más perjudicados con el avance tecnológico (profundización de políticas de reconversión, intermediación y prospección laboral).
Si bien el término “transición justa” ha sido inicialmente utilizado -principalmente por la OIT- para hacer frente a los desafíos medioambientales, se ha extendido también a la transformación tecnológica de la sociedad. La incorporación de tecnología de punta en los procesos productivos, haciéndolos más eficientes, y aumentando la rentabilidad de las empresas y el desarrollo económico de los países, no puede significar que las personas trabajadoras pasen a ser prescindibles, crezca el desempleo tecnológico, se agudicen las brechas de habilidades, aumente la polarización de las ocupaciones, entre otros efectos colaterales de la tecnificación.
Una transición digital “a conciencia” -para distinguirla de la transición verde- exige asegurarse que los cambios tecnológicos que están ocurriendo en el mundo del trabajo beneficien a la sociedad en su conjunto, aprovechando las nuevas oportunidades, a la vez que se abordan de manera proactiva sus retos.
La Comisión Desafíos del Futuro, del Senado de Chile, publicó en 2022 “Chile tiene Futuro desde sus Territorios”. Entre otros temas, analiza el desequilibrio entre la oferta y la demanda de competencias producto de los cambios tecnológicos que redefinen las habilidades necesarias para el trabajo. Para afrontar lo anterior refuerza la importancia de formar en competencias laborales para el Siglo XXI, incluyendo la implementación de un sistema integrado de formación y aprendizaje que apoye a personas y trabajadores a perfeccionar y adquirir nuevas competencias a lo largo de toda la vida.
En 2022 se presentó también la “Estrategia de Transformación Digital: Chile Digital 2035”, que incluye como uno de sus componentes el desarrollo de habilidades digitales, tanto para la ciudadanía general como para la fuerza de trabajo en particular. Entre otros desafíos destacan los siguientes: (i) al menos igualar el promedio de la OCDE en el desarrollo de habilidades digitales básicas y avanzadas; (ii) establecer un Plan Nacional de Reconversión de la Fuerza Laboral cuyos trabajos desaparecieron por la transformación digital; (iii) e incrementar la cantidad de profesionales STEM, para al menos igualar los niveles promedios de los países de la OCDE.
Por su parte, la “Agenda de Productividad 2023” releva la necesidad de adaptación de la oferta programática del SENCE a las necesidades de las empresas y los territorios, el fortalecimiento del programa Talento Digital para Chile y el potenciamiento de herramientas de reconversión laboral basadas en inteligencia artificial.
Para contribuir a tales propósitos, el diálogo social, la participación de las personas trabajadoras y el ejercicio de derechos de libertad sindical son estrategias privilegiadas. Sin embargo, la eficacia restringida de los instrumentos que derivan del diálogo social y las trabas a la acción colectiva en nuestro país obligan a confiar estos temas a la agenda política. No sea que, otra vez, el “progreso” ocurra a costa de los derechos de las y los trabajadores de Chile.
