Un proyecto constitucional inaceptable

Esto se traduce en normas liberticidas como la que prohíbe “las asociaciones contrarias a la moral, al orden público y a la seguridad del Estado”, lo que puede interpretarse de manera eminentemente arbitraria, y como la que establece que “las agrupaciones sociales y sus dirigentes que hagan mal uso de la autonomía que la Constitución les reconoce, interviniendo indebidamente en actividades ajenas a sus fines específicos, serán sancionados en conformidad a la ley”. Adicionalmente, se prohíbe la participación en direcciones políticas de los dirigentes sociales. En materia cultural, se establece una inaceptable definición según la cual “el Estado promoverá la relación armónica y el respeto de todas las manifestaciones de la cultura que no sean contrarias a la tradición chilena, las buenas costumbres, el orden público o la seguridad del país”. Nada de esto es congruente con un régimen de libertades civiles, políticas y culturales.

Se vuelve, además, a una Constitución pétrea, aumentando el quórum de reforma desde los 4/7 vigentes desde agosto de 2022 a 60%, mientras se lleva la aprobación de toda ley que interprete la Constitución (todas lo hacen de alguna u otra manera) a ese quórum, sustrayendo potencialmente a la totalidad de la legislación de la soberanía popular y del principio de mayoría, lo que hoy solo ocurre con la leyes orgánicas y de reforma constitucional (4/7). 

Se insiste, por otro lado, en el financiamiento directo de las Fuerzas Armadas por sobre la educación, la salud, las pensiones u otros gastos públicos; permite la liberación por edad de asesinos y torturadores; mantiene la falta de incidencia del Parlamento en el nombramiento de altos oficiales; conserva la institución de bloqueo del gobierno constituida por la acusación constitucional a ministros, junto a adoptar un reconocimiento muy restringido de los pueblos originarios.

Pero no se trata solo de temas institucionales, sino también de inducir la anulación del aborto en tres causales, junto a establecer la “objeción de conciencia individual e institucional” que puede hacer inviable el funcionamiento de los servicios públicos. Se establece que las familias “tienen el derecho de instituir proyectos educativos y las comunidades educativas a conservar la integridad e identidad de su respectivo proyecto de conformidad con sus convicciones morales y religiosas”, sin que los recursos públicos estén asociados a normas básicas de laicidad educativa propias de toda República moderna. 

En lo económico-social, se restringe el derecho a la huelga, prohíbe formas de protección social compartida en nombre de la “libertad de elección”, impide la solidaridad previsional con las mujeres en nombre de la propiedad individual de los aportes obligatorios, constitucionaliza el privatizador financiamiento por alumno, pone cortapisas al ejercicio de los derechos sociales y lleva a ley toda reglamentación para disminuir su capacidad de aplicación.

A su vez, se sobreprotege la propiedad privada y permite privatizar, bajo la forma de concesión las aguas, los hidrocarburos, el litio, los recursos del mar y las playas, además de limitar la acción contra el cambio climático, que la derecha se niega siquiera a mencionar como materia de legislación. 

El objetivo es evitar a toda costa un Estado democrático y social de derecho en Chile y que se consagre el control nacional de los recursos naturales. Aunque un Estado de este tipo reúne un amplio consenso en la sociedad, la derecha quiere impedir que se establezca y lo hace de una forma más rígida que todo lo conocido hasta acá, que ya es bastante.

Para obtener adhesiones, juega al populismo, que tanto criticó a la Convención, pero en este caso con normas antiinmigración que lesionan derechos y de inspiración xenófoba, junto a una norma inaplicable que “garantiza a toda persona la elección del establecimiento educacional de su preferencia” y a otra igualmente inaplicable que indica que “cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado”. Por definición, las entidades privadas se reservan el derecho a aceptar o no a sus clientes, según paguen o no sus servicios, sin lo cual no serían privadas. Se agrega la medida de terminar con el impuesto a la primera vivienda, que se traduce sobre todo en que no paguen tributos las casas de lujo en que viven los más ricos.

Nada de esto existe en Constitución alguna. Se trata de encubrir una nueva lista de privilegios para la casta oligárquica que pretende imponer la derecha en Chile, lo que amerita promover sin más trámite un amplio voto “En contra” en el plebiscito de diciembre.