Opinión
El mecanismo de estabilización de precios de los combustibles (MEPCO) está bajo presión una vez más.
En 2022, la invasión de Rusia a Ucrania generó un shock de alzas en los precios internacionales que a Chile le costó en torno a US$ 3.000 millones, 1% del PIB, si consideramos el acumulado del sistema hasta esa fecha. En 2023, ad portas del desenlace del ataque de Hamás a Israel, vemos que ya se han gastado US$ 315 millones entre agosto y lo que va de octubre y, dependiendo del escalamiento del conflicto, hay pronósticos en el mercado que marcan precios del barril de petróleo de al menos US$ 112 por barril para fin de año, lo que provocaría mayores subsidios.
En este contexto y con una visión de Estado, es necesario fortalecer la institucionalidad del MEPCO con la promulgación de una ley que busque la neutralidad fiscal del sistema en el largo plazo. La neutralidad fiscal implica que los subsidios/impuestos adicionales al componente fijo del impuesto a los combustibles se compensen en el tiempo.
Esta es una de las recomendaciones que realizó el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) recientemente y cuya necesidad se plasma para tiempos como el actual, donde enfrentamos un potencial escalamiento de guerra que podría provocar mayores desequilibrios en el mercado energético y, por ende, mayores alzas en los precios de combustibles a nivel local, provocando presiones inflacionarias, incrementos en los subsidios fósiles y, de esa manera, fomentando la contaminación local, con pérdida de calidad del aire, contaminación global con mayores emisiones de CO2 a la atmósfera.
Las beneficios de fortalecer un instrumento de estabilización de precios temporal pasan por tres razones: la primera tiene relación con la transparencia y respecto a las reglas. Hasta 2021 la neutralidad fiscal era una buena práctica que se ejecutaba sin estar escrita en la ley. Ante las presiones políticas de parlamentarios y votantes, en 2022 se rompió con esta buena práctica modificando el límite de acumulación de subsidios en cinco oportunidades, revelando la discrecionalidad en el cumplimiento de la neutralidad. Esto fue tan evidente que, después de 9 años de llevar un acumulado de los subsidios, para 2023 se hizo un borrón y cuenta nueva.
Segundo, al implementarse por ley la neutralidad, el Ministerio de Hacienda se ve incentivado a elaborar escenarios de recuperación y compensación de desviaciones con respecto a la neutralidad. Por tanto, establecer un horizonte de referencia para la obtención de la neutralidad fiscal genera un anclaje en las expectativas de los hogares y las empresas respecto a los precios de los combustibles en el mediano y largo plazo.
Tercero, la política económica gana mayor coherencia al alinear los incentivos en las dimensiones, sociales, ambientales y económicas. Una política fiscal moderna, no solo se queda en la sostenibilidad macroeconómica intertemporal, también busca generar incentivos para que el mercado internalice las externalidades negativas como lo son: el deterioro de la salud de grupos vulnerables como niños y adultos mayores por la pérdida de calidad del aire y, a escala global, el deterioro que provoca mayores demandas de adaptación y resiliencia por el cambio climático.
Hoy estamos con espacio antes de llegar al nuevo límite del subsidio. Sin embargo, en tiempos de guerra sería muy probable el acercarnos rápidamente a este escenario y entonces revive la pregunta que hice hace un tiempo en una columna en este medio: “¿Qué haremos cuando nuevamente el MEPCO llegue a su límite?”. Espero que con lo aprendido en este debate, la respuesta sea: fortalecer la institucionalidad, respetarla y converger a la neutralidad fiscal de un sistema que ha mostrado que funciona cuando es correctamente administrado, cuidando lo social, económico y ambiental.
