Opinión
La evidencia para la toma de decisiones de política educativa requiere, en primer lugar, tomar en consideración los propósitos de las políticas.
El 10 de diciembre, los profesores Chumacero y Letelier publicaron una columna de opinión en El Mostrador en la que argumentan que las decisiones de políticas públicas, como los Servicios Locales de Educación (SLEP), deben estar basadas en evidencias, aspecto con el que tenemos un gran acuerdo con ambos académicos. Sin embargo, no cualquier estudio es evidencia para la toma de decisiones. Las políticas públicas estructurales son complejas y, por lo mismo, se deben acumular evidencias en relación con los diagnósticos, propósitos, metas, mecanismos de implementación, contingencias no anticipadas en las políticas, entre otros aspectos, para así generar conocimiento para el desarrollo de las políticas públicas que van más allá de un artículo académico específico. En definitiva, no hay respuestas rápidas ni simplificadas para problemas complejos de políticas públicas.
La evidencia para la toma de decisiones de política educativa requiere, en primer lugar, tomar en consideración los propósitos de las políticas. En el caso de la Nueva Educación Pública (NEP) el propósito es múltiple, pues implica no solo una transformación institucional –que traspasa los establecimientos educacionales desde las municipalidades a los SLEP– sino que también incluye la coordinación de la Dirección de Educación Pública, la creación de los Consejos Locales de Educación Pública y la reelaboración del sentido de la educación en este subsector, bajo los principios articuladores de calidad, mejora continua, acceso continuo, desarrollo equitativo, colaboración y trabajo en red, pertinencia territorial, formación ciudadana e integración con la comunidad.
Como se puede ver, se trata, entonces, de un cambio estructural con múltiples objetivos. Los estudios a los que hacen alusión los profesores Chumacero y Letelier se centran solo en los resultados en pruebas estandarizadas, reduciendo así los propósitos y sentido de esta política.
También es necesario visitar la conceptualización o comprensión de lo que es evidencia para la toma de decisiones de política pública. Claramente, un único estudio no es evidencia suficiente para la toma de decisiones. Por el contrario, la toma de decisiones basada en evidencia requiere una saturación de hallazgos provenientes de estudios con una variedad de marcos conceptuales y métodos para valorar los avances y desafíos de las políticas sobre distintos procesos y resultados, pues cada investigación ilumina aspectos parciales sobre las políticas y no representa una verdad final ni única para cambiar una política de gran envergadura (Weiss, 1989). Los resultados Simce son solamente uno de los indicadores a considerar para valorar una política educativa, y quedarnos en ellos es volver a una tradición investigativa de considerar a las escuelas y los actores educativos locales como una “caja negra” que la investigación no se interesa en iluminar.
En el caso de los SLEP y la implementación de la Nueva Educación Pública, es importante recordar que esta se basó en una década de investigaciones que mostraron importantes problemas en la gestión y desarrollo de la educación municipal, en aspectos como las bajas capacidades profesionales de los equipos municipales en términos financieros, administrativos y de apoyo técnico-pedagógico; las importantes diferencias de oferta pública en el territorio nacional y su excesiva atomización, las inequidades en la distribución de ingresos a nivel municipal y, especialmente, la débil gobernanza que impone el esquema de administración, al depender del ciclo político y motivación de los alcaldes y las alcaldesas de turno (Gallego y Seebach, 2007; Davis, 2012; Bellei et al., 2018; CEPPE UC & DESUC, 2018; Carrasco et al., 2019). Se trata, entonces, de una política cuyo diseño se basa en la acumulación de importante evidencia específica sobre el sistema educativo.
En tercer lugar, la implementación de las políticas y la maduración de los procesos organizacionales deben también ser estudiados como evidencia que explica los resultados obtenidos. Esto es poco considerado en el caso de los profesores Chumacero y Letelier que, al comparar los resultados Simce antes y después del estallido y la pandemia, dan cuenta de que no hay avances en aprendizajes y, desde ahí, sugieren tímidamente que se debe volver a la municipalización de la educación. Aunque un análisis de los resultados del Simce en el sector público puede ser informativo, no se pueden obviar condiciones del contexto claves –como el estallido social, la pandemia, o los ajustes a la temporalidad de implementación a los SLEP realizados entre 2019 y 2020– para analizar una política.
Finalmente, políticas públicas complejas tienen procesos de maduración y requieren ajustes para responder a situaciones no anticipadas y contingencias que se presentan durante el desarrollo de las mismas. Asimismo, este proceso de maduración conlleva una curva de aprendizaje de las organizaciones que implica un inicio con rendimientos decrecientes que son seguidos de una mejora en distintos resultados educativos. Los Servicios Locales son un claro ejemplo de esto, pues, ya luego de algunos años de implementación, se empiezan a ver los signos de innovación educativa que permitieron, por ejemplo, proveer educación y asegurar trayectorias educativas durante la pandemia (DEP, 2023).
En síntesis, y como decía el filósofo David Hume, “afirmaciones extraordinarias requieren de pruebas extraordinarias”. Por ello, nos parece que recomendar la remunicipalización basados en dos estudios acotados representa una evidencia insuficiente para tomar tal decisión, pues no consideran el sentido, objetivo, diseño, forma de implementación ni proceso de maduración de una de las políticas educativas más complejas de las últimas tres décadas. Así, aunque los profesores Chumacero y Letelier pueden hacer una importante contribución con sus estudios, los hallazgos de los mismos distan de proveer evidencia suficiente para llegar a sugerir la remunicipalización. Por lo mismo, creemos que es necesario contribuir con mesura a informar a la opinión pública para dar cuenta de las complejidades que encarna la investigación y la toma de decisiones de políticas educativas basadas en evidencia, para así ayudar a sofisticar e informar adecuadamente los debates públicos sobre estos temas.
