Opinión
Desde la perspectiva criminológica se debe fortalecer en primera medida la capacidad de actuación de las fuerzas de la ley encargadas de investigar, ya sea la policía como los entes que cuentan con estas funciones.
Se ha conocido que a través de un proyecto de ley presentado por la vicepresidencia de la República se pretende consolidar un Sistema de Seguridad en Chile, con el objetivo de fortalecer al Ministerio Público en su capacidad para abordar la investigación y enfrentar de manera más efectiva la persecución penal, con la dotación de funcionarios y fiscales del ente persecutor.
Pero frente a la realidad que vive Chile en relación con los altos índices de criminalidad marcados por delitos de mayor impacto como el homicidio, violencia contra la mujer, el hurto y, por supuesto, aquellos delitos derivados de la criminalidad organizada, se deben tener en cuenta criterios sólidos que realmente permitan disminuir este accionar criminal. No se trata solo de colocar a más fiscales en más oficinas o aumentarles el sueldo, tal vez logremos mejorar la organización documental de las denuncias o casos activos, pero el delito seguirá en incremento y, por ende, la percepción de inseguridad también.
En nuestra experiencia internacional sobre investigación criminal, se ha observado que este tipo de iniciativas son impulsadas por abogados que, en muchas ocasiones, no cuentan con el asesoramiento de funcionarios que conozcan cómo se desarrollan las actividades delictivas, como modus operandi, tendencias del delito, estrategias tácticas, operativas, entre otras, y los problemas que afectan las investigaciones.
Desde la perspectiva criminológica se debe fortalecer en primera medida la capacidad de actuación de las fuerzas de la ley encargadas de investigar, ya sea la policía como los entes que cuentan con estas funciones. Esto se logra con la capacitación en ámbitos de técnicas especializadas de investigación criminal, de análisis criminal, de análisis especializados como la perfilación criminal de delitos mayormente complejos, investigación en fuentes abiertas, entre otros. Es decir, que el fortalecimiento de las habilidades y capacidades de los investigadores requiere de una inversión por parte del Estado, con la premisa de que “la columna vertebral del sistema de justicia penal no es el derecho sino la investigación criminal”.
Es muy cierto cuando vemos que los criminales se especializan en sus delitos y mutan su modus operandi para mejorar su accionar, y ello ya ha desbordado la capacidad del Estado para afrontar los diversos fenómenos delictivos que azotan a Chile. Por ejemplo, cuando se incrementa el secuestro, el Estado, como medida, aumenta las penas del delito (perspectiva en derecho). Luego los delincuentes generan nuevas estrategias para evitar ser detectados y capturados, por ende, el delito sigue in crescendo, y no se fortalecieron las unidades investigativas, como medios técnicos, científicos, forenses, recurso humano, grupos de tareas especiales, incentivos, estrategias y tácticas de investigación en campo, etc.
De lo anterior, concretamos que a la postre se debe contar con iniciativas realmente objetivas y sólidas que logren hallar el centro de gravedad de los delitos de mayor impacto para, de la mano de profesionales como criminólogos, psicólogos forenses, analistas del crimen, abogados penalistas y criminalistas, entre otros perfiles afines, se promulguen mejoras medulares que impacten significativamente la criminalidad en Chile.
