Señor Director:
La seguridad y la paz son condiciones esenciales de la vida en comunidad. La realización de nuestros proyectos personales y colectivos requiere la certeza de que nuestro entorno y nuestros seres queridos están protegidos de la violencia o de la amenaza de la violencia. En los últimos días, con ocasión de los trágicos sucesos acaecidos en Cañete, se ha generado un vivo debate en la esfera pública respecto al tipo de medidas que son adecuadas para enfrentar los dilemas de una democracia que se enfrenta a la necesidad de hacer convivir la legalidad vigente (nacional e internacional) con la eficacia de la prevención y persecución de la criminalidad.
En este contexto, diversas propuestas (reposición de la pena de muerte, amnistía, restauración de la justicia militar, entre otras) tienen como efecto presentar una supuesta oposición entre una legalidad basada en derechos humanos y medidas que buscan garantizar la seguridad de la población. Dichas propuestas, además de infringir la Constitución y las obligaciones internacionales de derechos humanos que Chile ha asumido, ocultan una retórica que sugiere la incapacidad del modelo del Estado de Derecho para abordar la complejidad de los dilemas de seguridad y la insignificancia de la vida, el debido proceso y, en último término, la democracia, para la consecución de la seguridad y la paz.
Reafirmamos nuestro convencimiento de que los derechos humanos y sus garantías no son obstáculos ni límites que impidan adoptar medidas efectivas para enfrentar la violencia con decisión. Son compromisos éticos y políticos que adquieren una determinada forma jurídica (el lenguaje de los derechos) y generan las condiciones básicas que nos permiten encarar nuestras diferencias y similitudes, para resolver en conjunto y -precisamente en un marco de no violencia- la mejor forma de conducir los problemas que nos aquejan. Sin aquellas condiciones sólo resta la fuerza desnuda. Como resalta Ferrajoli, la legitimidad de los derechos se funda no en el hecho de ser queridos por todos o la mayoría de todos, sino en garantizar a todos. Son condiciones, por ejemplo, para que las fuerzas de seguridad desarrollen su trabajo en condiciones mínimas de dignidad (recursos, equipamiento, condiciones de trabajo decentes, etc.), para que sus integrantes sean tratados sin discriminación o juzgados con todas las garantías de un debido proceso.
Se ha definido al Estado de Derecho como la “institucionalización jurídica de la democracia”, precisamente porque aquel modelo condensa las condiciones que permiten deliberar en torno a lo común entre personas diversas. Ser demócratas, por tanto, como nos indica Lafont, es entender que “no hay atajos”, por arduo, frágil y complejo que sea el proceso de la deliberación colectiva. La experiencia comparada y nuestro propio pasado nos demuestran las consecuencias del debilitamiento del Estado de Derecho. Cuando se toman atajos, abandona la racionalidad jurídica y se conciben los derechos humanos como obstáculos, se generan escenarios de mayor violencia.
La memoria de las víctimas y el respeto a una ciudadanía que vive con miedo exige responsabilidad institucional y ésta supone asumir que debilitar el Estado de Derecho es ineficaz a largo plazo para lograr seguridad en una democracia. Defender con firmeza la necesidad de adoptar medidas en materia de seguridad, implica igualmente defender con determinación las razones que subyacen al Estado de Derecho.
Constanza Núñez Donald, Directora Centro de Derechos Humanos Facultad de Derecho Universidad de Chile
Pietro Sferrazza Taibi, Investigador CDH
Salvador Millaleo Hernández, Investigador CDH
Felipe Abbott Matus, Investigador CDH
Rita Lages de Oliveira, Investigadora CDH
Cecilia Domínguez Valverde, Investigadora CDH
Claudia Iriarte Rivas, Investigadora CDH
