Opinión
La pandemia COVID-19 ha vuelto a visibilizar la delicada realidad que ocultaba el Jaguar de Latinoamérica. El país modelo para el subcontinente, con los mejores índices macroeconómicos escondía una profunda desigualdad y una gran inestabilidad socioeconómica. Los promedios de crecimiento y las macrocifras a las que regularmente se hace mención, invisibilizaban su propia naturaleza, al ser promedios, homogenizan los extremos y tienden a tergiversar la verdadera realidad. Lo que ha pasado en nuestro país es que algunos grupos sociales han crecido económicamente de manera inimaginable mientras que el resto han jugado un rol, más bien de espectador, cuya vía de mejora de condiciones de vida es el endeudamiento.
La mal llamada “clase media” en verdad se constituye por una inmensa gama de sectores medios que gracias al ciclo de crecimiento internacional logran superar la línea de la pobreza, pero siguen bastante lejos de ser una clase media constituida y con estabilidad. La académica del Departamento de Sociología e investigadora COES Emmanuelle Barozet hace un par de años viene problematizando la idea de que chile es una sociedad de clases medias. Por el contrario, la misma autora ha contrastado indicadores de clasificación para estos grupos y ha descubierto que en Chile muchos de los grupos que se entienden como clase media, se encuentran a bastantes años luz de serlo. En adelante, estos grandes y heterogéneos son sumamente precarios e inestables y en este sentido ante cualquier inconveniente o variación pueden volver por bajo la línea de la pobreza.
La pandemia COVID-19 claramente visibilizo estar realidad, la OCDE en marzo alertaba que el 53% de los chilenos y chilenas estaba en riesgo de caer en la pobreza si dejaba de percibir ingresos durante 3 meses ¿esta es la famosa sociedad de “clase media? A esto se suma la cifra de desempleo de INE actualizada a Julio, que da cuenta de una tasa de desempleo del 12,2% (la más alta desde el 2012). En este contexto pandémico es que ha surgido el controvertido proyecto de ley de “impuesto a los super ricos”. La iniciativa busca realizar una reforma constitucional que permite cobrar un tributo del 2,5% a las hiperfortunas personales con residencia en Chile (en relación con lo declarado al 31 de diciembre). Desde la economía se estima que la ley podría recaudar entre 4 a 6 mil millones de dólares, donde en caso de recaudarse este máximo se podría asegurar al menos un ingreso mínimo garantizado por tres meses a 4 millones de hogares. Lo cuál evidentemente sería un apoyo en el contexto actual.
Este debate que ha tomado relevancia en estas última semanas producto de su discusión en el congreso, no obstante, generalmente se tiende a comprender como una discusión entre juristas, economistas y políticos, relegando a un nivel sin importancia a la dimensión social de una discusión de este tipo. En este sentido, es que a lo menos es relevante remitir a dos cuestionamientos ¿a qué sectores sociales afectaría este impuesto? Y en segundo lugar ¿Qué tanto respaldo ciudadano tiene este tipo de medidas?
Para abordar la primera pregunta, es necesario remitir a que grupos sociales concentran la riqueza. Según el banco empresarial Credit Suisse, en chile el 0,1% de la población adulta concentra el 34% de la riqueza privada neta. Hilando aún más fino, los economistas Ramón López y Gino Sturla de la Universidad de Chile y del Instituto de Economía Política y Social, han hilado aún más fino y han identificado que entre ricos y super ricos no suman más de 9163 individuos, los cuales concentran aproximadamente 270.000 millones de dólares, algo que equivale a todo lo que produce el país en 1 año, inclusive han determinado que son 263 personas las que concentran casi el 20% de la riqueza privada total del tapis.
Les pregunto a esos 9163 ricos y super ricos, de los 270.000.000.0000 de dólares ¿qué tan terrible es que tributen 6.000.000.000 de dólares para apoyar al resto de 16.994.160 chilenos y chilenas en pandemia? El grupo social al cual toca esta reforma es justamente el grupo más reducido de la población, que ha crecido en muchísima mayor medida que el resto del país, en este sentido, cabe recordar que su dinero no se auto crea desde el aire, sino que se basa sobre el trabajo de la inmensa mayoría de chilenos y chilenas; En aportes estatales y libre tránsito para a explotación de recursos naturales. Es extraño porque los mismo super ricos son los que van al teletón y donan dinero, sin embargo, no tiene la misma voluntad cuando deben tributar para el bien de la población. O ¿ir al teletón es más bien algún tipo de práctica mediática?
Respecto al segundo elemento, la reciente encuesta Pulso ciudadano del mes de agosto entrega algunas orientaciones. Cuando a la gente se le pregunta sobre las principales problemáticas del Chile actual un 35,5% refiera al desempleo, un 24,2% la desigualdad y un 17% los sueldos, entre otros. En la misma línea un 60,6% señala que su situación económica individual es peor o mucho, respecto al año pasado. Esto evidentemente da cuenta de una preocupación por la estabilidad y por la capacidad económica actual lo que en un contexto con tanta incerteza obliga a preguntarse sobre el rol redistributivo que jugará el estado. La información existente, sobre el apoyo ciudadano a medidas redistributivas no se encuentra muy actualizada, sin embargo, el centro COES desde el año 2014 ya está dando cuenta del apoyo social que este tipo de iniciativa. Un 62.7% creía que los impuestos para las personas de alto ingreso eran bajos y/o muy bajos, en adelante un 81.9% de los entrevistados estaba de acuerdo con que las personas con ingreso altos deberían pagar tributos más altos, mientras un 85,1% creía que el gobierno debería hace algo para reducir las diferencias entre ricos y pobres.
En fin, es necesario que se integren elementos sociales a la discusión sobre el impuesto a los super ricos, saber a qué grupo social le buscamos cobrar y qué cree la gente al respecto, sin duda nos pueda ayudar a historizar el proceso y también a socializar la legitimidad del debate. En el modelo actual, casi siempre los debates tienden a llevarse a su dimensión económica y/o legalista como si aquello no tuviera relación con la sociedad, potenciando la idea de que estas esferas operan de manera independiente a los y las chilenas. Esto sin duda es un error, debido a que profundiza el abismante surco entre política y sociedad, entendida como un espacio donde solo pueden participar los “técnicos”. Avanzar hacia la desconstitución de esta dinámica en parte, también significa profundizar la democracia.
