Opinión
El martes 14 de septiembre se aprobó en general la propuesta de Reglamento de Participación Popular y Equidad Territorial con 134 votos a favor, 5 en contra y 13 abstenciones. Esta aprobación abre esperanzas de lograr un sistema de participación popular que involucre a personas, comunidades y organizaciones en la discusión de nuestra nueva Constitución.
La propuesta sin duda recogió no solo las ideas de las y los convencionales, sino también las propuestas de diversas organizaciones vinculadas a la participación, de hecho, esta comisión recibió 207 solicitudes de Audiencias Públicas, de las cuales se seleccionaron 95 organizaciones y personas naturales, chilenas y extranjeras. Sin duda, esto evidencia el alto interés no solo en asegurar un adecuado sistema de participación durante la Convención, sino también, el interés amplio de ser parte de las deliberaciones de la Convención e incidir en sus procesos decisionales.
La propuesta actual establece diversos principios: participación incidente y vinculante, pertinencia y eficiencia, participación amplia e inclusiva, diversidad y pluralismo, accesibilidad universal, acceso a la información, transparencia y trazabilidad; enfoque de género y perspectiva feminista; plurinacionalidad interculturalidad; enfoque de niñez y adolescencia; perspectiva de cuidados, colaboración y cooperación. Además, propone diversos mecanismos de participación que se agrupan en mecanismos autoconvocados: iniciativa popular de norma y encuentros convocados; y mecanismos convocados por la Convención: audiencias Públicas, rendición de cuentas, Jornadas Nacionales de Deliberación, Cabildos Locales, Encuentros Nacionales, Semana Territorial y Plebiscito Intermedio Dirimente.
Destacando los principios y diversidad de mecanismos propuestos, es importante identificar dónde estarán los desafíos en su implementación, puesto que la gestión de expectativas hoy cobra protagonismo en un contexto de constante monitoreo del desempeño de la Convención.
Un primer gran desafío es lograr la instalación del sistema propuesto y equipo técnico a cargo en un tiempo acotado, con el fin de disminuir al máximo la posibilidad de que el inicio de las deliberaciones de contenidos cuente con insumos desde la ciudadanía, para ello, es necesario saber cuántos recursos se necesitan, como también anticipar una estrategia que permita el involucramiento de personas y organizaciones desde el primer momento.
Un segundo desafío, guarda relación con que cada mecanismo propuesto no solo cumpla con un número esperado de personas participando, sino que además satisfaga la diversidad, amplitud territorial y representatividad de nuestro país, de acuerdo con los principios propuestos.
Lograr mantener el involucramiento de las y los convencionales con sus territorios, donde los tiempos destinados al contacto y conversación con sus distritos y otros espacios forman parte también de su desempeño de representación y puente entre la Convención y la ciudadanía.
Un cuarto desafío es la sincronía de promover la participación con un fuerte componente de educación popular, especialmente en aquellos mecanismos nuevos en la historia de participación de nuestro país, uno de los cuales es la iniciativa popular de norma, donde su éxito sin duda requiere un fuerte empoderamiento de la ciudadanía para su creación y apoyo requerido.
Sin duda, el reglamento de participación popular y equidad territorial aprobado en general es un gran avance en la historia política de nuestro país, y es por ello que debemos, desde todos los sectores, estar disponibles y atentos a colaborar en su implementación y éxito.
