Opinión
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Impacto ha causado un video que muestra a dos niños portando un arma blanca en el centro de Santiago. Muchas de las reacciones a estas imágenes ponen el acento en que Chile –y en particular Santiago– ahora se parece a países caribeños o africanos, y de paso culpando a la alcaldesa de Santiago que ha permitido que esto ocurra.
Nuevamente resulta increíble constatar esta falsa idea de que las situaciones de violencia y delincuencia son nuevas en Chile, y que estarían asociadas a la migración que ha habido en los últimos años. Parece que se nos olvida que la presencia de niños armados en Chile es de larga data, y muy documentada por los medios de comunicación en diversos reportajes que han mostrado –incluso– el uso de armas de fuego por menores de edad; la comisión de robos y otros delitos, entre otras cosas. También parece que se nos ha olvidado la profunda crisis que vivió el Servicio Nacional de Menores (Sename) y que llevó a su cambio al Sistema Mejor Niñez, que implicó redes de comercio sexual, maltrato infantil e, incluso, fallecimientos. Todas estas situaciones solo muestran la profunda deuda que tenemos en la protección y cuidado de los niños y niñas en Chile.
La crisis de la protección a la infancia es una de las principales tareas a las que no debiéramos abocar como país. La violencia, y más aún, la naturalización de esta, es producto de contextos de desprotección y vulneración estructural que llevan a que los niños y niñas adopten este tipo de conductas y las reproduzcan porque han pasado a ser parte de su entorno natural. Lejos de criminalizar estas situaciones, debemos volver la mirada hacia la integración, inclusión y protección de los niños y niñas. No solo es responsabilidad de los padres y madres las condiciones en que viven sus hijos e hijas, sino que de toda la sociedad. En este sentido, todas las medidas de control, aumento de penas y disminución de la edad de imputabilidad, parecieran no ser efectivas. El nuevo sistema de protección “Mejor Niñez”, debe demostrar mejores resultados que los que tuvo el cuestionado Servicio Nacional de Menores, Sename.
En el caso de la niñez migrante, hay más factores que considerar, como los traumas y daños que han generado los tránsitos migratorios, las condiciones de vulnerabilidad en que viven numerosas familias que llegan a Chile sin recursos, y principalmente aquellos y aquellas que no se encuentran acompañados(as) por cuidadores(as), y están en situación de desprotección absolutas. Especialmente, con la niñez es más urgente que nunca tener una mirada protectora e integradora que construya y fortalezca un sistema a la altura de sus derechos y, por cierto, de las convenciones a las que hemos adherido como país.
Invitamos a las autoridades del Ejecutivo y el Congreso a liderar discusiones y acciones que nos permitan lograr este objetivo. En esta línea, es prioritario que se avance en favorecer la formalización de los niños y niñas que están con su situación migratoria irregular, disminuyendo los obstáculos administrativos que existen hoy en día, y que les impide realizar este trámite. Dada la situación en que se encuentran, esto es un piso básico para la protección.
