Opinión
Hoy tenemos una Comisión Experta que tiene la misión de trabajar para dar lineamientos prácticos para que sucesos como los de Democracia Viva, donde no se perdió un mouse ni el pago de un estudiante universitario, sino 426 millones de pesos, no vuelvan a ocurrir. En ese sentido, creo que el peor error posible de la Comisión sería que sus recomendaciones fueran en la línea de agregarle más burocracia a las gestiones financieras del Estado.
El que diga que es fácil obtener plata del Estado nunca ha trabajado para él. Si no me cree, acérquese a algún trabajador público en alguna oficina y pregúntele qué tan difícil sería cambiar el mouse de su computador si dejara de funcionar. Probablemente en tono de broma le responderá algo como que “hay que pedirle permiso hasta al Papa” y que, al final del día, muchos de ellos incluso preferirán pagar por el nuevo implemento desde sus bolsillos, que poner su esperanza en que el procedimiento que hay que seguir para obtener cinco mil pesos llegue a buen puerto.
Esto también pasa en los servicios. Recuerdo cuando aún era estudiante trabajé part-time en un laboratorio de la Universidad de Chile. Mi paga era alrededor de 60 mil pesos mensuales, pese a lo cual se me pagaba con más o menos tres meses de desfase, debido a todo el papeleo que requería para que se me cancelara.
Hoy tenemos una Comisión Experta que tiene la misión de trabajar para dar lineamientos prácticos para que sucesos como los de Democracia Viva, donde no se perdió un mouse ni el pago de un estudiante universitario, sino 426 millones de pesos, no vuelvan a ocurrir.
En ese sentido, creo que el peor error posible de la Comisión sería que sus recomendaciones fueran en la línea de agregarle más burocracia a las gestiones financieras del Estado. Créanme: el Estado ya tiene suficiente. ¿Entonces por qué se roba? Porque hay un grupo de personas, una elite transversal a cualquier partido político que sabe (y que siempre sabrá) cómo saltarse cualquier procedimiento burocrático destinado a impedir la apropiación de los dineros públicos.
¿Qué hacemos entonces? Permítame iniciar la respuesta con una pregunta para todos los que hemos usado el transporte público en Santiago: ¿a quién no le ha pasado que esperando en un paradero la micro no se detiene y pasa de largo? La respuesta de por qué varios lo hemos vivido es un poco más compleja que el estado de ánimo del conductor. Esto sucede porque en varias empresas de transporte se les exige a los conductores cumplir tiempos de viaje. Así como lo lee: el objetivo de las micros en Santiago no es llevar personas, sino moverse rápido por la capital. Este problema, así como el del Estado para detectar irregularidades, son los incentivos. Si al conductor de micro le pagaran por cada pasaje vendido, ¿dejarían botada a tanta gente en los paraderos?
El Estado no necesita más procedimientos, necesita personas que tengan el incentivo de encontrar y denunciar situaciones irregulares. ¿Pero la Contraloría no hace eso? Sí, pero no. El problema de nuevo son los incentivos, pues pregúntese, ¿los trabajadores de la Contraloría pierden algo con no detectar ninguna irregularidad o ganan algo al hacerlo? No, su incentivo es “revisar”, no “encontrar”. Mi propuesta, por tanto, muy humilde, y de alguien que no es abogado, es darle el incentivo a la Contraloría, o a quien sea, de no solo “revisar”, sino de “encontrar”.
Situaciones irregulares seguirán ocurriendo en Chile, Argentina, Dinamarca y Noruega. Debemos de una vez por toda dar por hecho que siempre viviremos con el deseo de corrupción de las personas y poner en los fiscalizadores los incentivos de conducir micros para llevar pasajeros y no tener buen desempeño en tiempos de viaje.
