Opinión
Una medida de esta naturaleza tendría cero costo monetario adicional para el presupuesto gubernamental, porque significaría dar gratuidad, explícita y deliberadamente, a los que hoy no pagan porque no pueden pagar, pero que el Gobierno cubre con el financiamiento al Transantiago. Constituiría un bono moral para el Gobierno del tamaño de una catedral, equivalente a la suma de la dignidad reconocida y otorgada a cientos de miles de chilenos. Un pase de gratuidad a las personas que más lo necesitan permitiría hacer una fiscalización más severa de quienes sí pueden pagar y no lo hacen, que podría significar una reducción de la evasión. Ganaríamos todos los chilenos, porque el sentimiento interior de dignidad ilumina la vida de las personas, y significaría un mejoramiento en la calidad de vida y en la convivencia ciudadana.
El transporte público en Santiago es caro para la mayoría de los hogares. Eso explica en parte el alto nivel de evasión en el pago de la tarifa, que superó el 44% en el segundo semestre de 2022.
Sin incurrir en mayor gasto fiscal, el Gobierno podría otorgar un pase gratuito a personas de muy bajos ingresos y legitimar su circulación por la ciudad. Dignidad para miles de personas.
De acuerdo con la normativa vigente, cuando las personas no pagan, cometen una falta y están expuestas a multas que son muy altas para su presupuesto familiar. Cuando no pagan, muchas de estas personas circulan por la ciudad con un sentimiento entre el temor y la culpa. Se genera así una carga negativa en el ánimo de las personas desde el comienzo del día.
Es una política pública que constituye una afrenta a la dignidad de las personas.
Son personas que, si no tuvieran acceso a la locomoción colectiva, se quedarían sin posibilidad de llegar a sus lugares de trabajo, sin acceso a los servicios de salud, ni a la educación y a la cultura o a las oportunidades que ofrece la ciudad, porque, por lo general, son hogares de menores ingresos. Muchos viven en la periferia urbana, carente de las cosas buenas que ofrece la ciudad.
Es un problema estructural, que no se resuelve a palos, como se quiso hacer en el año 2018 cuando el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones impulsó una ley que agrava las sanciones a quienes no pagan, con el propósito de reducir la tasa de evasión del pago del Transantiago. Problemas tan profundos y sensibles no se resuelven a palos, reprimiendo conductas inevitables para la sobrevivencia básica de muchos hogares. Resulta incomprensible cuando el Ministerio de Transportes intenta hoy, en el año 2023, seguir el mismo camino para reducir la evasión.
Si las autoridades de Gobierno adoptan estas decisiones de política pública a sabiendas de la imposibilidad de pagar el Transantiago de muchos hogares, no solo es torpe, también es inmoral. Porque en la vida de las ciudades también hay aspectos éticos que resulta fundamental sean respetados para alcanzar una sana convivencia ciudadana.
Estimaciones realizadas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en el año 2011 establecen que una familia del diez por ciento de los hogares más pobres, compuesto por dos adultos y dos estudiantes, gastaría del orden de 60% del ingreso si pagara la tarifa del Transantiago en un esquema de circulación normal por la ciudad. Los hogares que están en el 10% de ingreso por encima de ellos, gastarían un 30%, y el 20% de los que le siguen hacia arriba gastaría más del 20% del presupuesto familiar, tal como se puede apreciar en el cuadro a continuación.
Cifras aún más dramáticas se publican en un texto de Patricio Pérez, director del Transantiago, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 2012.
Se presentan a continuación los resultados de una investigación de Moreno, D. F., Figueroa, O. y Gurdon, C. publicada en el año 2021, que ratifican las cifras del Ministerio de Transportes del año 2011 sobre la base de antecedentes de la encuesta Casen 2017 y destacan una situación que resulta aún más grave si se considera la localización residencial periférica de los hogares de menores ingresos, que va aparejada con mayores tiempos de viaje y un peor servicio de transporte. Si el diagnóstico no cambió entre 2011 y 2017, es poco probable que haya mejorado en los últimos años. Por el contrario, con la pandemia y la evolución de la situación económica, lo más probable es que haya empeorado.
La mayor distancia a los paraderos de la locomoción pública de las personas que habitan los conjuntos de vivienda social y los campamentos, y la menor frecuencia de servicio, hacen aún más lesiva la situación, según se establece en la investigación de Shirahige, M. y Correa.
A la luz de estos antecedentes parece justo y necesario que el Gobierno le otorgue un pase de gratuidad a los miembros adultos de los hogares con menores ingresos, porque para los estudiantes ya existe el pase escolar.
Está demostrado que el Gobierno posee los antecedentes necesarios para establecer quiénes serían las personas beneficiarias de este pase de gratuidad. Será decisión del Ejecutivo establecer el alcance y las medidas concretas de implementación.
Una medida de esta naturaleza tendría cero costo monetario adicional para el presupuesto gubernamental, porque significaría dar gratuidad, explícita y deliberadamente, a los que hoy no pagan porque no pueden pagar, pero que el Gobierno cubre con el financiamiento al Transantiago. Constituiría un bono moral para el Gobierno del tamaño de una catedral, equivalente a la suma de la dignidad reconocida y otorgada a cientos de miles de chilenos.
Un pase de gratuidad a las personas que más lo necesitan permitiría hacer una fiscalización más severa de quienes sí pueden pagar y no lo hacen, que podría significar una reducción de la evasión.
Ganaríamos todos los chilenos, porque el sentimiento interior de dignidad ilumina la vida de las personas, y significaría un mejoramiento en la calidad de vida y en la convivencia ciudadana.
