La ruptura de la democracia nacional

Chile, esta larga y angosta franja de tierra, el pasado 11 de septiembre conmemoró 50 años desde el golpe de Estado de 1973, el inicio de una dictadura cívico-militar que quebrantó la democracia y que durante casi dos décadas se encargó de mostrarnos la cara más cruel del ser humano, ese que es capaz de hacer todo para lograr sus fines políticos e ideológicos.

Son miles las chilenas y los chilenos que siguen buscando verdad, justicia y reparación. Siguen siendo tantos los que aún buscan a sus desaparecidos, y tantos más que están comenzando a reencontrarse luego de las adopciones ilegales. Vivimos como país con una profunda herida, y podemos ver cómo la clase política no ha contribuido a cerrarla.

Esta conmemoración llegó en un escenario político “crispante”, con una fuerte polarización de ideas tras el inicio de procesos constitucionales que han traído recuerdos y también ideas y discursos que creímos, por un tiempo, extintos.
Se escuchó, en medios de comunicación, a figuras de la oposición mencionar frases como “demos vuelta la página”, “no había otra forma”, “el golpe era necesario”, frases que en nada contribuyen a generar unidad, sino todo lo contrario, abren más las heridas que separan a unos de otros y revictimizan a quienes sufrieron de las graves violaciones a los derechos humanos: miles de compatriotas que se fueron al exilio, que fueron torturados, desaparecidos y ejecutados, y los millones que tuvieron que vivir bajo la represión y vulneración de sus derechos de libertad de expresión, de opinión, de pensamiento político, de reunión, de libre circulación y otros. Si bien el pasado no se puede cambiar, puesto que no tenemos una máquina del tiempo para corregir nuestros errores, cabe hacerse la pregunta (no sin temor y, quizás, incredulidad): ¿lo volverían a hacer?

Como respuesta a esta naturalización mediática/política del negacionismo, hemos visto cómo muchas personas también están reproduciendo estas posturas de relativización e incluso justificación, respecto de los graves vejámenes a la dignidad humana cometidos durante la dictadura. Uno de los ejemplos de relativización más nombrados es la justificación del golpe de Estado como un camino para “restablecer el orden constitucional” que el Gobierno de Allende habría “quebrantado”. Ante esto, sin siquiera entrar a la discusión sobre el orden constitucional, cabe preguntarse: ¿era esa una única vía? (al menos 34.690 personas víctimas de torturas y apremios ilegítimos).

La mayoría de las personas a las que hoy escuchamos hablar sobre el golpe de Estado, o eran muy pequeñas o incluso aún no nacían cuando todo esto ocurrió. La relativización de los derechos humanos solo puede dividir. Son ellos y su resguardo lo que verdaderamente nos puede llevar a puntos en común y a mayor cohesión social. Es la protección de nuestra dignidad humana, de nuestras libertades y derechos para construir nuestros proyectos de vida, sin ser medios para los fines políticos de otras personas o grupos, lo que nos hace parte de una misma humanidad.

Ante esto, es imperativo que en el presente comprendamos y nos hagamos cargo de la importancia de preservar la memoria histórica para definir nuestros pasos futuros. No podemos avanzar en construir una convivencia sana en nuestra sociedad diversa sin generar grandes acuerdos en puntos mínimos, como, por ejemplo, condenar de manera transversal el quiebre de la democracia.

Vemos que algunos sectores y personajes valientes han hecho sus esfuerzos por encontrar justicia para aquellos que hoy no están. Hace unos días fue posible presenciar la condena a siete exmilitares que estuvieron directamente involucrados en el asesinato del cantautor Víctor Jara. Otro hito importante también en estos esfuerzos es el recién lanzado Plan Nacional de Búsqueda, el cual tiene por objetivo movilizar recursos para encontrar a las más de mil personas que a la fecha siguen desaparecidas y a quienes sus familias aún no pueden dar una despedida. Una búsqueda necesaria y que debe ser comprendida también como colectiva.

Pero, a pesar de los esfuerzos, falta mucho aún y la justicia ha sido esquiva. Tanto el dictador como muchos de quienes participaron y tuvieron un rol activo en el periodo de la dictadura cívico-militar nunca enfrentaron la justicia y murieron impunes.

Asimismo, muchos de los condenados por crímenes de lesa humanidad hoy gozan del acceso privilegiado a una cárcel especial en la que tienen de todas las comodidades que el común de las personas privadas de libertad no posee.

A pesar de los esfuerzos existentes por implementar acuerdos sociales amplios, necesarios para avanzar, hay sectores que buscan aún la disputa y el relativismo. Un ejemplo de esto ocurre en el Congreso el día 22 de agosto, cuando se vuelve a leer la resolución de 1973 que denunciaba un grave quebrantamiento del orden constitucional y daba luz verde al eufemismo del “pronunciamiento militar”. Este hecho muestra la gran polarización existente a 50 años del golpe militar.

Es peligroso para todas y todos que tantas décadas después, y tras tantos crímenes cometidos, aún haya quienes defienden la acción que quebró nuestra democracia y el Estado de derecho, que por 17 años les quitó la voz y el voto a los habitantes del territorio nacional y que trajo consigo la violación de los derechos humanos de nuestros compatriotas.

Es en estos días cuando nadie debe quedar ajeno a la necesidad de defender la democracia y los amplios acuerdos. Ninguna diferencia política, ideológica o cultural puede volver a ser una justificación para cometer las atrocidades acaecidas en el siglo pasado. No hay justificaciones.

Necesitamos que todos los actores de la sociedad respondan al llamado de la unidad, y al común acuerdo de que los derechos humanos, su respeto, garantía y no repetición de atrocidades, deben ser una base en común para decir “Nunca más”. No hay un futuro esplendor si es a costa de derramar sangre de personas. La cohesión social, la unidad, las relaciones Estado-sociedad deben ser la expresión de un gran pacto en el cual las vulneraciones a los derechos humanos sean recordadas como actos condenables, desproporcionados e injustos, como un horizonte de futuro que no puede ser repetido en ninguna circunstancia y bajo ninguna condición. Porque las personas no son intercambiables, desechables o medio para los fines económicos, políticos y morales de otras personas, organizaciones o grupos.

Que en nuestra historia presente el “Nunca más” sea verbo y sustento de nuestro convivir y qué hacer en sociedad.