PAÍS
Mario Dávila/Agencia Uno
Resulta esencial considerar el contexto político actual en Chile, donde se ha observado un aumento en la influencia de la extrema derecha y decisiones del Consejo Constitucional que han suscitado preocupación en términos de derechos y avances sociales. Argumentar que hubo un “golpe de Estado no tradicional” en 2019 podría desviar la atención de los desafíos democráticos actuales que enfrenta el país, como la consolidación de la extrema derecha en la política y los desafíos significativos en términos de democracia y participación ciudadana.
Las declaraciones del expresidente Sebastián Piñera, afirmando que su segundo mandato enfrentó un “golpe de Estado no tradicional” durante el estallido social de 2019, han desatado un intenso debate. Aunque estas afirmaciones han recibido el respaldo de figuras como Sergio Micco, exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), es esencial someter este concepto a un análisis crítico y desmitificarlo, especialmente en el turbulento contexto político chileno.
La afirmación de un “golpe de Estado no tradicional” carece de una base sólida y parece estar más orientada hacia la retórica política, que hacia un análisis objetivo de los eventos y desafíos que enfrentó Chile en 2019. Un golpe de Estado implica la toma del poder por parte de fuerzas antidemocráticas, generalmente militares o grupos conspiradores, con la intención de derrocar al gobierno existente. En el caso del estallido social en Chile, aunque hubo protestas masivas y episodios de violencia lamentables, no se evidenció un intento organizado de tomar el control del gobierno ni un plan claro para reemplazar al presidente en funciones.
Es crucial comprender por qué la caracterización de estos eventos como un “golpe de Estado” es altamente controvertida. A pesar de que las manifestaciones reflejaron un descontento generalizado con las políticas gubernamentales, no existen pruebas de una conspiración organizada para derrocar al gobierno. En este sentido, la afirmación de Piñera parece representar más una percepción sesgada que tiende a criminalizar la protesta social, que una descripción precisa de los acontecimientos.
Para entender adecuadamente lo que constituye un “golpe de Estado”, es necesario recurrir a perspectivas académicas respaldadas por politólogos y expertos en el campo de la ciencia política. Theda Skocpol, por ejemplo, lo ha definido como “la toma del poder por una fracción militar, política o de la sociedad civil, generalmente de manera súbita y violenta, con la intención de derrocar al gobierno existente”. Samuel Huntington, quien ha contribuido significativamente al entendimiento de la política y la estabilidad en contextos de cambio social y crisis política, argumentó que la construcción y el mantenimiento del orden político son esenciales para prevenir la inestabilidad y el caos en una sociedad. Según él, un golpe de Estado es “el reemplazo ilegal del gobierno ejecutivo por un grupo rival a través de una acción dentro de las estructuras del Estado”. Por su parte, Hans J. Morgenthau lo describe como “un intento organizado por una parte de la elite gubernamental de derrocar a la parte restante o al líder supremo”, mientras que Maxwell A. Cameron lo define como “el reemplazo de un gobierno existente por un grupo que no tiene autoridad constitucional para hacerlo”.
Las declaraciones de Piñera y Micco han provocado una revisión crítica de la terminología utilizada. En lugar de centrarse en si se trata o no de un “golpe de Estado”, es esencial analizar los eventos y sus implicaciones directas en la sociedad chilena. Utilizar términos cargados como “golpe de Estado” puede dificultar un debate constructivo sobre las causas y las soluciones a los problemas que llevaron a las protestas de 2019.
Resulta esencial considerar el contexto político actual en Chile, donde se ha observado un aumento en la influencia de la extrema derecha y decisiones del Consejo Constitucional que han suscitado preocupación en términos de derechos y avances sociales. Argumentar que hubo un “golpe de Estado no tradicional” en 2019 podría desviar la atención de los desafíos democráticos actuales que enfrenta el país, como la consolidación de la extrema derecha en la política y los desafíos significativos en términos de democracia y participación ciudadana. En lugar de enfocarse en debates semánticos sobre la terminología, es crucial abordar estos desafíos, fortalecer las instituciones democráticas y garantizar la protección de los derechos humanos en el país.
Por lo tanto, en lugar de atribuir los eventos de 2019 a un “golpe”, es importante que los líderes políticos, incluido Piñera, asuman la responsabilidad por la crisis y busquen soluciones efectivas. La caracterización de los eventos como un “golpe” puede servir como una forma de evadir la responsabilidad y evitar abordar las demandas legítimas de la sociedad chilena. Además, es fundamental que promuevan un discurso que fomente el diálogo y la unidad en lugar de contribuir a la polarización y la confrontación.
En resumen, el concepto de un “golpe de Estado no tradicional” parece haber existido solo en la imaginación de Sebastián Piñera y mientras debatimos estas declaraciones, es importante centrarse en los desafíos democráticos reales que enfrenta el país. Las discusiones académicas y semánticas sobre la terminología no deben eclipsar la necesidad de encontrar soluciones constructivas y equitativas para los problemas que llevaron a las protestas de 2019 y los desafíos actuales que enfrenta la democracia chilena, que se ve amenazada día a día con el avance de la extrema derecha y el retroceso político y social que ello significa.
