Opinión
Desde los desafíos disciplinares del Trabajo Social se observa, con preocupación, el desamparo de nuestros niños, niñas y jóvenes, que no solo deben sortear la ausencia de un piso mínimo proteccional, sino también estar expuestos a situaciones de fuerza policial y violencia.
El rol del Estado de Chile juega un papel ambivalente, en relación con garantizar aspectos básicos y legítimos como el derecho a la vivienda, que, si bien es un Derecho Humano consignado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), no es garantizado por la actual Constitución creada en la dictadura cívico-militar. Por lo anterior es preciso observar con agudeza cómo se generan los procedimientos de desalojo de tomas, tal como aconteció hace unos días en la toma 17 de mayo, ubicada en la comuna de Cerro Navia, en donde aproximadamente 60 niños fueron despertados por bombas lacrimógenas y fuerza policial, desmantelando no solo sus juguetes, ropa o muebles sino también la dimensión de la dignidad humana intrínseca en cada uno de estos niños, niñas y jóvenes.
En consideración a la resolución de la Corte Suprema, que fue publicada en octubre del año pasado, en donde se señala un plazo de seis meses para el desalojo por ser propiedad privada, se debe reflexionar desde aspectos que atañen al sentido común y que orientan preguntas tales como: ¿El bien privado prima sobre el bien común? ¿Cómo desinstalamos de nuestro ADN lógicas que nada aportan a la solución real de las problemáticas sociales que aquejan a nuestro país? Lo anterior no apunta a desconocer el legítimo derecho de mantener un bien privado, sino a la ceguera que se tiene desde esta figura de “Leviatán” respecto a dar lecturas parceladas de la realidad social. La cual tiene cara y nombres específicos; niños, niñas, jóvenes, mujeres, hombres y, sin eufemismos, todo lo que atañe al fenómeno de la pobreza.
Es preciso señalar que desde los desafíos disciplinares del Trabajo Social se observa, con preocupación, el desamparo de nuestros niños, niñas y jóvenes, que no solo deben sortear la ausencia de un piso mínimo proteccional, sino también estar expuestos a situaciones de fuerza policial y violencia.
En concordancia con esto es imperante repensar las lógicas con las cuales comprendemos la realidad social, la cual es dialéctica e interconectada, dando cuenta de las fallas de un Estado neoliberal de políticas subsidiarias y focalizadas, que no responden a las causas estructurales que sostienen durante generaciones las grandes desigualdades sociales, instalando en el colectivo patrones de miedo al otro o a lo comunitario, como diría Norbert Lechner en Las sombras del mañana, que no solo nos brinda una explicación transgeneracional del debilitamiento del tejido social, sino también pistas de los desafíos pendientes, tomar la antorcha de la organización comunitaria y volver a conectar(nos), no perder el foco en distractores y volver a tener un metarrelato en común que nos permita políticas públicas que realmente garanticen los derechos ratificados por el Estado de Chile en múltiples convenciones y pactos internacionales.
