Opinión
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De prosperar la iniciativa, el proyecto permitirá continuar en el proceso de construir una educación pública, gratuita y de calidad para el país y avanzar un paso más hacia la creación de un sistema público de garantías sociales.
El anuncio de una política de condonación reafirmado por el Gobierno reabrió el debate sobre la pertinencia de condonar las deudas estudiantiles. Es cierto que el Gobierno confronta el dilema de cumplir las promesas de su programa en un contexto de baja en su popularidad. No obstante, hay razones técnicas y sociales de largo plazo que justifican la pertinencia de una reforma al sistema de financiamiento y la implementación de una política de condonación.
Los sistemas de crédito estudiantil en Chile presentan varias deficiencias en su funcionamiento. La principal es su baja capacidad de recaudación. Tanto el CAE como el Fondo Solidario tienen tasas de recaudación que no superan el 50%. Si bien la oposición ha culpado al Gobierno y su promesa de condonación de la alta morosidad, la evidencia señala que el aumento de la morosidad venía al alza desde las primeras generaciones que iniciaron el pago.
El informe del Banco Mundial del 2012 señalaba que la recaudación del CAE sería más baja que lo esperado al momento de su diseño. En 2019, bajo el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, un informe de Dipres señalaba que la morosidad del CAE ya había alcanzado el 40% en 2018 y que la tasa de morosidad se elevaría en el tiempo, a menos que hubiera reformas en el sistema de crédito. De igual forma, para el caso del Fondo Solidario, las bajas tasas de recaudación están problematizadas desde finales de los 90, y fueron uno de los problemas que motivaron la creación del CAE en 2006 y que justificaron el ingreso de los bancos al sistema de créditos estudiantiles.
Otro problema central del actual sistema de créditos es el de las condiciones onerosas de pago y su poca relación con los ingresos y empleabilidad de los egresados. En 2022, el informe de la Subsecretaría de Educación Superior indicó que casi más del 75% de los egresados percibe ingresos menores a $800 mil. El informe del observatorio económico de la UDP del 2023 señala que la tasa de desempleo de personas con educación superior completa es de 5,8% y que la tasa de subutilización de la fuerza laboral con estudios superiores alcanzó el 18,5%.
Los datos sugieren que un espectro creciente de los egresados en Chile tiene ingresos menores a los esperados, acceden a empleos con poca regularidad y trabajan en campos laborales no afines con sus grados y capacidades. Estas tendencias son aun peores en el caso de los desertores, que corresponden a casos de deudores que estudiaron 1 a 3 años y no pudieron terminar sus carreras y, pese a ello, mantienen deudas estudiantiles.
El problema del endeudamiento no es un problema individual, sino un problema de equidad de oportunidades y cohesión social. El deudor actual es una persona que convive con otras deudas, cuya suma consume gran parte de sus ingresos. La mayoría de estas deudas vienen del consumo cotidiano (alimentación, medicamentos, pago de cuentas), así como de deudas de salud e hipotecarias, que son parte de los costos de la reproducción y subsistencia de los núcleos familiares. La investigación señala que muchos de los deudores son cabezas de familia y poseen una o más cargas familiares. Además, tienen también otras responsabilidades de cuidados de sus padres o familiares cercanos y, en muchos casos, representan el principal ingreso de las familias.
El sobreendeudamiento representa una condición de fragilidad socioeconómica para las familias de grupos sociales emergentes que buscaron en la educación superior una alternativa para el ascenso social y una mejor calidad de vida. Pese a que muchos accedieron al sueño del título profesional, pocos han logrado estabilizar su situación financiera y viven en constante fragilidad económica.
Esta fragilidad, lejos de ser el resultado de sus decisiones, es en parte el resultado de una política de créditos estudiantiles que aumentó los costos de estudiar y no supo anticipar la baja en los ingresos y el empeoramiento en las condiciones laborales de los egresados. Son los casi dos millones de personas endeudadas con el CAE quienes esperan una reparación y una reforma que restaure la esperanza de movilidad social y reafirme el rol social de la educación superior en Chile.
También es importante recordar que la política de condonación captura una demanda ciudadana de larga data en el país y aún esta pendiente. La lucha ciudadana por una educación pública, gratuita y de calidad del 2011, y las posteriores demandas por derechos sociales y un sistema de bienestar, han sido el motor que ha impulsado las reformas al financiamiento de la educación superior de las últimas décadas. La deuda pendiente de los gobiernos en este proceso de reformas ha sido el sistema de créditos. El Gobierno de Michelle Bachelet logró avanzar en otorgar gratuidad para miles de estudiantes; sin embargo, su reforma no logró modificar el sistema de créditos estudiantiles. Esto implica que la política de créditos estudiantiles no ha sufrido cambios sustantivos desde hace más de 10 años, pese a los sucesivos intentos de terminar con el CAE y reformar los créditos presentados por Bachelet y Piñera 2, y persistencia de los problemas de los sistemas de créditos.
El anuncio del Gobierno sigue en continuidad con los esfuerzos de gobiernos previos por resolver los problemas del sistema de créditos, pero le otorga mayor relevancia al problema del sobreendeudamiento y los efectos negativos que los créditos han tenido en las familias. El anuncio del Gobierno propone una nueva alternativa de financiamiento público a la educación superior, que complemente la gratuidad y termine con las deudas bancarias y alivie a los actuales deudores. De prosperar la iniciativa, el proyecto permitirá continuar en el proceso de construir una educación pública, gratuita y de calidad para el país y avanzar un paso más hacia la creación de un sistema público de garantías sociales.
