La única institución que entregó mayores detalles fue Investigaciones, que delineó una larga lista de centros de detención usados por Carabineros, el Ejército, la DINA, la Armada y la Fuerza Aérea a lo largo de todo el territorio nacional.
Sin tocar a fondo la responsabilidad que le correspondió a las Fuerzas Armadas, ni al Poder Judicial ni a los civiles del régimen militar, el Presidente Ricardo Lagos dio a conocer ayer el esperado Informe sobre Prisión Política y Tortura.
Si bien su discurso buscó dar un panorama general del informe en su mensaje al país, lo cierto es que el texto, en su capítulo II, donde habla del funcionamiento de la Comisión, aporta también señales claras con respecto a cuál fue la disposición a colaborar de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y de las de Orden y Seguridad.
Tan importante fueron estas respuestas en su espíritu y letra que la Comisión decidió agregarlas en el informe.
El organismo pidió, a través del Ministerio de Defensa, información sobre los recintos de detención que estuvieron a cargo de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden.
También solicitó la nómina de personas que estuvieron en ellos; la nómina de personas arrestadas a cargo de la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos (SENDET) y de las personas detenidas por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y de la Central Nacional de Informaciones (CNI).
Por ejemplo, en el oficio N° 122 del 5 de marzo de 2004 contestado por Carabineros, se señala que dicha institución no "posee antecedentes ni documentación oficial sobre recintos de detención o prisión a su cargo; que no poseía nóminas o registros de personas que, habiendo sido detenidas por la Dirección de Inteligencia Nacional o por la Central Nacional de Informaciones, hubiesen estado recluidas o privadas de libertad en tales lugares entre las fechas indicadas".
A renglón seguido el informe de Carabineros asegura que, independiente de que no cuenta con información, tampoco le es posible obviar las circunstancias históricas que rodearon el comportamiento de su institución durante el régimen militar.
"Respecto del período de excepción: Que de acuerdo a la información existente, Carabineros de Chile no mantuvo centros de detención sino que en los casos de determinadas detenciones practicadas ante infracciones de normas bajo el régimen de excepción de la época, las personas fueron derivadas bajo la custodia de otras instituciones y organismos creados al efecto, las que mantuvieron sus propios lugares de detención; que se conoce de manera extraoficial, por publicaciones relativas a este tema y por información de testigos de ese período, que hubo personal de Carabineros que desempeñó funciones en centros de detención como en el caso denominado Tres Alamos, pero el recinto no estaba a cargo de la Institución, y que las acciones realizadas al margen de esta normativa fueron sin duda excepcionales y como tales, no se rigieron por los parámetros ya señalados, generando un área de actuación sobre la que no existía ni existe hoy un régimen de procedimientos,
reglamentos ni instrucciones que permitieran realizar un seguimiento de las actividades que se presentaron en ese marco", dice la respuesta de la policía uniformada.
El caso de Investigaciones
A diferencia de sus colegas que usan uniforme, la Policía de Investigaciones entregó un largo listado de lugares de detención donde sin duda se practicó la tortura. De ellos, 36 corresponden a locales de Carabineros; 27 del Ejército; 20 de la CNI; 17 de la DINA; 13 de la Armada; 10 de la Fuerza Aérea y 4 de Investigaciones, sin perjuicio de otros inmuebles, estadios y cárceles no asignados en el listado.
A diferencia de Carabineros, Investigaciones no recurrió al análisis de las circunstancias históricas para entregar la información, salvo que, "actualmente se analizan y clasifican 7.175 casos conocidos por el Departamento V (Asuntos Internos) en diferentes investigaciones que le han sido encomendadas por diferentes tribunales del país relativas a delitos que vulneran los derechos humanos que se informará, una vez que se haya concluido la tarea".
Las respuestas del Ejército
El general Juan Emilio Cheyre, en oficios del 9 de marzo y 6 de julio de 2004, reiteró que no posee listas sobre los detenidos por la DINA, la CNI ni el Sendet.
A continuación, explica el informe del Ejército, que la institución "debiera participar en ese entonces, excepcionalmente, en la custodia y resguardo en forma transitoria de personas detenidas, respondió a diversas situaciones de hecho propias del estado de excepción que vivía el país, careciéndose -por esas características- de políticas institucionales predefinidas para ello, en razón de las funciones carcelarias y policiales que jamás han sido natural ni orgánicamente las suyas".
"Lo anterior -indica- se tradujo para el personal que debió asumirlo en una confusión explicable entre el rol militar para el cual se encontraba preparado, con uno que le era ajeno e impuesto por el solo peso de las circunstancias y la contingencia. La ausencia de una doctrina militar predefinida para asumir por el personal los nuevos desafíos de este orden y otros en el contexto histórico que vivía, no sólo era impensable eludir, sino que seguramente habría contribuido a situaciones de descontrol ciudadano general que hoy probablemente se reprocharía por omisión a las Fuerzas Armadas, significó imponer en situaciones, en gran medida, el criterio y sello personal de quienes les correspondió actuar", agrega.
Según el documento, no se le puede pedir al Ejército investigaciones paralelas a las judiciales para entregar información a la comisión.
"Por todo lo anterior -señala- no ha sido posible determinar ni asumir oficialmente cuál fue la organización y funcionamiento de los requeridos recintos ocasionales de detención, como tampoco la existencia de registros de personas privadas transitoriamente de libertad y respecto del control que ejercía sobre ellos, más aun si se considera la magnitud y descentralización con que se debió enfrentar la situación a lo largo del país, conforme a lo necesario de cada circunstancia, lo que permite concluir que como institución no se haya tipificado una manera única de actuar, ya que cada mando tenía las atribuciones necesarias para ejercer sus funciones", dice.
Sin embargo, entregó los nombres de unidades militares donde hubo gente detenida, tomando en consideración fuentes abiertas.
La Armada
Una de las cosas que llama la atención en la respuesta de la Armada es que durante las últimas semanas, su comandante en jefe, Miguel Ángel Vergara, ha negado que el Buque Escuela Esmeralda hubiera sido un recinto de tortura; sin embargo, la misma arma lo menciona como uno de los recintos de detención.
Asimismo reitera que los antecedentes que encontraron sólo están referidos a "la detención de personas en causas judiciales instruidas por los diversos Juzgados Institucionales en razón de delitos contemplados en el Código de Justicia Militar, sin que se haya podido encontrar registros de personas detenidas por otros motivos".
Igual respuesta se recibió de parte de la Fuerza Aérea, según dice el informe.
Sin embargo la Comisión destaca que todas las Fuerzas Armadas y las de Orden y Seguridad han agregado dentro de sus mallas curriculares la enseñanza de los derechos humanos como asignatura.
En cualquier caso, más allá de la magra respuesta de las instituciones armadas frente a la requisitoria de la comisión Valech, quedó en evidencia, debido a la abrumadora acumulación de datos proporcionados por las propias víctimas, que todas ellas, en mayor o menor grado, se vieron envueltas en todo tipo de atropellos a los derechos humanos.
Quizás por ello es que el Presidente Ricardo Lagos no cargó demasiado las tintas en el tema de su responsabilidad institucional en estos abusos, diluyéndola de alguna forma en la responsabilidad mayor del Estado. Esto quedó expresado claramente en su mención a las FF.AA. como instituciones «permanentes» de la nación, lo que por algunos fue considerado como un verdadero trato de guante blanco para esas fuerzas.
