El organismo fiscal se encuentra a la espera que el ministro Sergio Muñoz establezca si la complicidad con el general (r) obedeció a una política institucional de las entidades bancarias o fue producto de decisiones particulares de sus ejecutivos, a fin de esclarecer los posibles ilícitos que se habrían cometido esas instituciones.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) realiza un acucioso seguimiento de los avances que va logrando la investigación del ministro de fuero Sergio Muñoz en el caso por el millonario patrimonio que ocultó en el extranjero el general (r) Augusto Pinochet, el que incluso podría superar con creces los 17 millones de dólares que -hasta ahora- han sido acreditados por el magistrado.
Pero, al margen de aclarar cuál sería el real monto de los bienes que el ex gobernante de facto y su familia mantienen en el exterior y el origen de la cuantiosa fortuna, otro punto de gran importancia para el ente fiscal es determinar cuál fue el papel que le correspondió a las instituciones bancarias que ayudaron a que el clan Pinochet estuviera protegido de dar cuenta de sus finanzas públicamente, hasta antes de los informes emitidos por el Senado de Estado Unidos que develaron esta situación ante todos los chilenos.
De esta forma, la serie de careos que ha realizado el magistrado entre el círculo más cercano del ex comandante en jefe del Ejército y los ejecutivos de los bancos que en Chile estuvieron a cargo de sus inversiones tienen una importancia estratégica para este organismo, ya que a través de esas y otras diligencias la investigación podría acreditar cuál fue la intervención que le correspondió a tales entidades en las decisiones para salvaguardar el secreto de estas operaciones, es decir, sí obedeció a una política institucional o a decisiones particulares de sus ejecutivos.
Abogado en Miami
En este aspecto, también se dio la contratación del abogado Pedro Martínez-Fraga, para representar al CDE en EE.UU., quien -el pasado viernes- presentó una solicitud ante la Corte Federal del Distrito Sur del estado de Florida, para que la justicia norteamericana solicite a cuatro bancos que tuvieron cuentas vinculadas con el general (r) Pinochet entreguen documentos que puedan aportar antecedentes al proceso que en Chile dirige el ministro de fuero Sergio Muñoz.
Este requerimiento, además, tiene por finalidad que ese tribunal pueda tomarle declaración jurada a los representantes de cada de esas instituciones que se relacionaron directamente con los movimientos financieros que se realizaron con los diversos nombres que utilizó el ex jefe castrense, quien ya está desaforado por cuatro de los cinco delitos que le imputó el juez Muñoz: evasión de impuestos, uso de pasaportes falsos, burla del embargo decretado en su contra por la justicia española y por falsear la declaración de bienes de 1989.
«Estamos siguiendo los pasos de los fondos que fueron malversados. No es fácil, porque se usaron muchos nombres falsos y sociedades off shore, de paraísos fiscales, para depositar en bancos americanos», aseveró el profesional a El Mercurio.
Sin embargo, este también se constituye como el primer paso del CDE para demandar a dichas instituciones, en las cuales figuran el Banco de Chile -que ya fue intervenido por la Superintendencia de Bancos de ese país, conocida como la OCC y la Reserva Federal-, el Riggs Bank, Coutts Bank, Spirito Santo, entre otra serie de firmas dedicadas a estas materias, tal como se establece en el proceso que tramita en Chile, el ministro Sergio Muñoz, como también en el último informe del Senado norteamericano.
Política institucional
Como se dijo anteriormente y según las fuentes consultadas, para el CDE es importante que en los antecedentes que ya figuran en el expediente que tramita Muñoz se acredite sí esta política de mantener en reserva los dineros de Pinochet fue una decisión institucional de los Bancos que colaboraron con él y su familia.
De ser así, el organismo a cargo de defender el patrimonio fiscal del país podría emprender una demanda en el extranjero contra estas instituciones, en virtud del daño patrimonial para las arcas del Fisco que habría significado este ocultamiento de los dineros.
En ese escenario se enmarcan los careos que ha realizado el magistrado durante las últimas semanas, en los cuales enfrentó las versiones del ex jefe de la sucursal de Vitacura del Banco de Chile, Luis Kaid, con las afirmaciones de Mónica Ananías, secretaria personal de Pinochet.
Según trascendió, uno de los puntos más importantes a dilucidar fue establecer quién de los dos decidió cambiar a través dela Corredora Banchile los 38 cheques, por 50 mil dólares cada uno, que el Banco Riggs le remitió a Pinochet a Chile, a raíz de la necesidad de terminar con sus cuentas corrientes en esa institución, que ya era investigada en Estados Unidos.
La versión de Ananías es que el ejecutivo fue quien decidió cambiar los dólares a moneda nacional a través de ese mecanismo, a fin de evitar tener que dar cuenta de esta operación al Banco Central. En tanto, los dichos de Kaid apuntarían a que ella y, por lo tanto, el general Pinochet eran quienes instruían este mecanismo. Esa sería la justificación de que estos canjes no fueron informados al instituto emisor.
jcuevas@elmostrador.cl
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