La profesional, que desde inicios del 2003 hasta abril del 2008 dirigió el SIMCE, estuvo además a cargo del desarrollo de todos los estudios internacionales en los que Chile ha participado: TIMSS, PISA, LLECE y Educación Cívica de la IEA. Conoce por dentro el sistema y no duda en afirmar que la medida “da sólo una lectura, no matiza con el progreso interno de cada escuela ni tampoco de cómo lo está haciendo la escuela en relación con otras escuelas del mismo nivel socioeconómico”.
La semana pasada, en el Foro ICARE, el Ministro de Educación, dictó una conferencia llamada “La Buena Educación”. Ahí, detalló sus siete medidas para mejorar –lo que él llama- la Educación Pública. La sexta de ellas, llamada “Involucrar a las familias”, es la que ha generado mayor controversia.
Se trata, según sus propias palabras de “entregarle a los papás el mapa del SIMCE; hoy –agregó– no hay ninguna razón para que un colegio esté en rojo, ni por los alumnos ni por los recursos que tiene.”
El Sistema de Medición de la Calidad de la Educación –SIMCE- fue creado en los 80 en el contexto de las políticas neoliberales impulsadas por el gobierno militar, como una extensión de sus reformas sociales y económicas, e incluyó entre otras reformas estructurales, la descentralización de la educación pública y el polémico instrumento de financiamiento basado en el famoso voucher que implicó el nacimiento de esta rara figura que permite al sector privado administrar y lucrar con la educación.
Fue específicamente en el año 1988 que el ministro de Educación del gobierno militar le pide a la Universidad Católica crear el SIMCE con dos finalidades: entregar información de mercado para la toma de decisiones y para proveer un control de calidad. El equipo de educación de la Universidad Católica se da a la tarea, así como lo había hecho ya el año 1981 y el año 1984 con iniciativas similares.
Hoy, a más de veinte años de creado el SIMCE, reaparece en toda su magnitud de la mano de un Ministro decidido a volverlo un mecanismo aún más eficaz de la neoliberalización educacional llevada adelante en este país a partir de la dictadura de Pinochet.
[cita]“La carta que está llegando a los padres no es explícita respecto a que tienen que hacer en esta situación. Hay comunas en las que hay poquísimas escuelas en amarillo, casi ninguna en verde o inaccesible pues es pagada o están llenos sus cupos”.[/cita]
Sin embargo, su idea de crear semáforos-SIMCE ha levantado un polvo controversial de magnitudes, develando una vieja discusión. No sobre el modelo, pues en Chile todos son liberales en términos de administración y economía educacional. Sino simplemente sobre los mecanismos para ayudar al modelo a desarrollarse de mejor forma. Eminencias de este modelo han criticado al Ministro por su sexta iniciativa de semaforizar las escuelas.
El mismísimo Jorge Manzi, director del conspicuo MIDE-UC, recalcó que “los colores del SIMCE no demuestran necesariamente la efectividad de la enseñanza de una escuela”… y sentenció que “en estas condiciones no es posible esperar que el mejoramiento de la calidad de la educación venga principalmente de la elección de los padres, puesto que lo fundamental es contar con políticas que mejoren las capacidades de los dos actores principales: profesores y directores.”
J.J. Brunner, director del Centro de Políticas Comparadas de Educación de la UDP, sentenció que “el semáforo como aparato de señales lumínicas para regular el tránsito educativo de las familias y sus hijos dentro de la ciudad, desplazándose fugazmente de una escuela a otra, es una propuesta fallida.”
Cristian Bellei, del Centro de Investigación Avanzada de la Universidad de Chile, fue aún más crítico y señaló que “los semáforos y premios por el SIMCE tienen un enorme mérito: por su simpleza nos permiten ver cuán equivocado es el camino que Chile ha recorrido en educación desde hace décadas. El problema entonces no es ajustar los semáforos, sino cambiar de camino: formar y pagar bien a los profesores, fortalecer la educación pública, y hacer al Estado –no a las familias- responsable por garantizar una educación de calidad para todos.”
Faltaba una actora relevante en este asunto. La entrevistamos. Es quien tal vez más sepa del SIMCE en Chile, pues fue coordinadora del Sistema por más años que ninguno. Psicóloga de la UC y Magíster en Evaluación educativa del Instituto de Educación de la Universidad de Londres. Es Lorena Meckes Gerard. Desde inicios del 2003 hasta abril del 2008 dirigió el SIMCE, y estuvo además a cargo del desarrollo de todos los estudios internacionales en los que Chile ha participado: TIMSS, PISA, LLECE y Educación Cívica de la IEA.
Si hay alguien que conoce por dentro el Sistema es ella. Hoy trabaja en el CEPPE, el mega centro de sociología industrial en educación de la UC, a la vera de Cristian Cox, eminencia gris de toda la Reforma Educacional chilena, que buscó corregir el modelo neoliberal educativo chileno desde la vuelta a la democracia. Su salida del SIMCE se debió a una lectura profunda que hizo del “Informe Mc Kinse” que la llevó a pensar de que el quid de las reformas en educación verdaderamente está en la formación de profesores y no en la evaluación de los sistemas escolares. La conversación con ella fue grata, fluida y tenía muy claro qué tenía y quería decir. Acaba de publicar un texto clave “Profiles of education assessment systems worldswide. Two decades of SIMCE: an overview of the National Assessment System in Chile.”
De entrada nos dijo que “la evaluación educacional de los estudiantes tiene mucho que aportar, saber cuánto están aprendiendo es uno de los objetivos finales de la educación, y que mejore la calidad y la equidad de lo que está pasando”, dejándonos en claro que las finalidades de una buena evaluación son éticas y sociopolíticas. Por ello enfatiza que el verdadero aporte del SIMCE es “recordarnos que hay un nivel de aprendizaje que es importante que todos los niños alcancen, independiente de lo difícil que sea, y que por ello todos los niños tienen derecho a un cierto nivel de aprendizaje. Cuando uno conversa con profesores y les pregunta qué les parecería un SIMCE para ricos y otro para pobres y que hubiera distintas varas, entonces nos dicen NO.”
Recalca que “sueña con un país en el que haya más igualdad en el logro de aprendizaje de los niños. Chile se destaca tristemente por ser uno de los países donde el factor socioeconómico incide mucho más en cuánto aprenden los niños, donde las escuelas logran menos torcerle la mano a ese destino.”
Por ello -continúa- “veinte años de SIMCE han traído como consecuencia una conciencia clara sobre esta inequidad; por esto es comprensible que quienes están trabajando en escuelas vulnerables sientan permanentemente el peso que significa año tras año obtener resultados que no son fantásticos y verse además directamente comparados con escuelas que tienen otros niveles de condiciones, y cuyas familias también tienen otros niveles. Sin embargo, por transparencia ética es bueno que esto se sepa.”
En este sentido entra directamente al tema de los semáforos SIMCE y nos indica que “la dificultad de los semáforos para las escuelas es que da sólo una lectura, no matiza con el progreso interno de cada escuela ni tampoco matiza de cómo lo está haciendo la escuela en relación con otras escuelas del mismo nivel socioeconómico. Incluso puede darse que muchas escuelas verdes celebren, pero que sea simple autocomplacencia, pues en realidad no le están –por así decirlo- todo el jugo que le podrían sacar de acuerdo a su potencial y tal vez muchas de esas escuelas verdes podrían hacer muchísimo más. Por lo demás, es una información bastante conocida que nuestras mejores escuelas particulares pagadas, teniendo las mismas condiciones que sus similares en el resto del mundo, no alcanzan ni siquiera el promedio».
En este sentido, más allá de las buenas intenciones, la medida de Joaquín Lavín es riesgosa precisamente –según él mismo lo ha declarado- para las escuelas. “Es riesgosa para las escuelas, pues en alguna casos puedes ser de autocomplacencia no muy justificada, y en otras de desesperanza y desesperación de algunos colegios que sí lo están haciendo bien pero aún no alcanzan a estar en verde, así el estado de ánimo de la interpretación de estas escuelas, importante para estar motivados, no es el mejor.” Lo serio es que esta categorización pública es la oficial del Ministerio de Educación de Chile y “marca la diferencia pues es como un sello oficial de calidad de la escuela; es el Presidente el que está enviando una carta a los padres y está haciendo completamente equivalente esta evaluación con calidad de la escuela”.
Remata, no sin cierta pasión, en relación a las escuelas “rojas” de que “es muy insuficiente como política pública pensar que la buena selección de los padres va a solucionar el problema. La carta que está llegando a los padres no es explícita respecto a que tienen que hacer en esta situación. Hay comunas en las que hay poquísimas escuelas en amarillo, casi ninguna en verde o inaccesible pues es pagada o están llenos sus cupos, entonces ¿qué hace ese otro porcentaje de familias que están en las otras escuelas rojas? Si se movieran todas de la roja a la amarilla ¿qué garantiza que se conserve el nivel de calidad cuando llegue toda esa avalancha de gente?”
En el fondo “es un mapa bien doloroso de la educación en Chile y, como medida de política pública, es una medida muy simplista”.
