Un juicio por prácticas antisindicales en la Facultad de Medicina amenaza con cortar un importante flujo de recursos del Estado para la institución. No es la primera vez, y para los denunciantes el conflicto representa la comprobación de un estilo de trabajo. Para la universidad es una pelea entre cúpulas de sindicatos en la que podrían llevarse la peor parte.
Según determinan los informes de la Dirección del Trabajo (DT), la Universidad Católica comete una seria infracción a la ley. La DT establece que hay “actuaciones desleales de la empresa durante la última negociación colectiva” y “discriminación entre los sindicatos de la Facultad de Medicina”. Esto, que puede sonar como un tecnicismo difícil de precisar, está claramente descrito en el artículo 289 del Código del Trabajo. Y aunque se trate de un asunto puntual en la Facultad de Medicina, el proceso está caratulado con el RUT de la Universidad.
El conflicto escaló hasta los Tribunales, donde las partes tendrán su primer choque el próximo 30 de junio. El problema es que un fallo en contra de la facultad, dejaría a la Universidad sin acceso a los recursos del Estado por los próximos dos años. Mirando las estadísticas, esta alternativa se ve apocalíptica. Según fuentes consultadas en la facultad, el 50% de los pacientes de la Red de Salud UC (2 clínicas, un hospital y ocho centros de salud) provienen de FONASA. Y en total, el 60% del presupuesto completo de la Universidad proviene desde la Facultad de Medicina.
En la red de Salud, hay 4.500 trabajadores, de ellos, 1.500 pertenecen al Sindicato Red de Salud UC. Estos, en enero de este año denunciaron que la empresa ayudó a la formación de otra organización, formada meses atrás durante la última negociación colectiva, y compuesta por 150 personas, que recibió dinero desde la gerencia y acceso a mejores beneficios para estimular la grúa de afiliados hacia ellos.
A partir de una fiscalización, que partió en febrero de este año y concluyó el 31 de marzo, la DT acreditó que durante la última negociación colectiva surgió el Sindicato de Profesionales UC que “en los hechos se presenta como alternativa a la organización sindical denunciante, desarrollando una serie de acciones dirigidas a desprestigiar el rol de sus dirigentes y dificultar su accionar”. Según la indagatoria encabezada por la abogada Herta Yaeger, resumida en un Acta de Mediación, “los líderes de este grupo desarrollan sus actividades gremiales con absoluta libertad, incluso ocupando parte de su jornada de trabajo, incluso ocupando parte de su jornada de trabajo. Es un dato importante de considerar a este respecto el que don Mariano Cabello, líder de esta coalición, recibe de la empresa una remuneración del todo excesiva en relación con las funciones que cumple”. Cabello es auxiliar de apoyo en el Departamento de Anatomía Patológica del hospital y recibe $2 millones mensuales, según consigna el informe.
El documento contiene testimonios como los siguientes:
-¿Recuerda el proceso de la última negociación colectiva? Señale cuando se realizó y cuales fueron los resultados de ésta.
Declarante Nº3: Sí, esta fue bastante complicada ya que poco antes de presentar el proyecto comenzamos a recibir llamadas de la señorita Fabiola Gatica para que nos saliéramos del sindicato y nos inscribiéramos en un grupo negociador (…) ellos señalaban que obtendrían mejores beneficios que nosotros.
-¿Tiene conocimiento si es efectivo que el empleador al nuevo personal contratado le hace optar entre ingresar a alguno de los sindicatos a quienes deberán pagar una cuota sindical o al grupo negociador del que obtendrá beneficios sin pagar por ellos?
-Declarante Nº1: Sí, porque a mi me lo ofrecieron cuando me dijeron que renunciara al sindicato y me inscribiera en el grupo negociador.
En la Universidad aseguran que precisamente en la forma cómo se hizo la investigación se encuentra la razón de que este conflicto tenga a la institución negociando en tribunales “con la pistola en la cabeza”, como resumen de manera extraoficial. Los testigos protegidos, según ellos, corresponderían sólo a afiliados del sindicato denunciante.
[cita]En el Sindicato de Salud UC en tanto no fue posible obtener una versión oficial. Pero testigos de la negociación aseguran que con la causa ya en tribunales, donde un fallo laboral no tiene las instancias de apelación de otras causas, “la universidad nos ha pedido que pensemos en la Iglesia, en la situación por la que está pasando”.[/cita]
Andrés León, Gerente de Recursos Humanos de la Red de Salud UC, afirma que en la DT “no se preocuparon de agotar todas las instancias, de hecho nosotros presentamos un escrito con las comparaciones de los beneficios y eso fue recibido según ellos cuando estaba cerrado el proceso. No quisieron revisarlo ni nada y por eso tomaron decisiones sólo con una parte de la información. Tiene sólo una parte de la moneda. Siempre las monedas tienen dos caras y en este caso no se dieron el trabajo de investigar a fondo”.
León dice que se sienta “cada 15 días” con todos los sindicatos” y que “bajo ningún punto de vista” han intervenido en la formación o el financiamiento de otro sindicato. “Si existe un grupo que se organiza para negociar, tenemos la obligación legal, pero además la convicción de darle las facilidades y el respeto que se merecen”, afirma.
La explicación para que haya un conflicto en un lugar donde las partes reconocen que lograron un contrato colectivo muy satisfactorio podría estar en una pugna interna entre sindicalistas, que seguramente se enfrentarán a cara descubierta en las elecciones de fines de este año. El Gerente de Recursos Humanos afirma que hay un grupo que no se siente representado por esta directiva y el riesgo que ellos ven es que muchos de los que no están sindicalizados se pasen a este otro sindicato. Hay un tema entre trabajadores en el que nosotros no podemos intervenir”, dice Andrés León.
En el informe de fiscalización hay indicios de ambas cosas. Primero dice que Mariano Cabello, líder de este “grupo negociador” pertenecía al sindicato denunciante, que nació de la fusión de dos gremios en 2008, pero que se retiró cuando no fue electo en la dirigencia. Segundo, que la empresa habría entregado recursos por $13 millones al sindicato “rival”.
Como sea, el estado actual de las cosas es que ha habido dos reuniones en abril para intentar conseguir un acuerdo, con la mediación de la DT. En ellas, los denunciantes han pedido “cosas inaceptables”, según Andrés León: una inserción en El Mercurio donde la empresa reconozca su error, pero “uno no puede reconocer culpabilidad de algo que no ha hecho”, remata el ejecutivo.
En el Sindicato de Salud UC en tanto no fue posible obtener una versión oficial. Pero testigos de la negociación aseguran que con la causa ya en tribunales, donde un fallo laboral no tiene las instancias de apelación de otras causas, “la universidad nos ha pedido que pensemos en la Iglesia, en la situación por la que está pasando”.
Mientras, en la empresa aseguran que la motivación es “exclusivamente el dinero, nos piden $700 millones y que rueden las cabezas de los ocho sindicalistas, todo esto cuando no está el mediador”, dice una fuente de la Facultad.
Ambos bandos se armaron con el mejor equipo legal a su alcance. El sindicato tiene a Joaquín Silva, experimentado laboralista que ha asesorado entre otros al Colegio de Profesores y que ya se enfrentó a la Universidad en otro litigio similar. Silva confía en la “presunción de veracidad” que implican los informes de la DT “que en este caso están muy bien armados, lo que no siempre ocurre”, afirma.
Por el otro lado, la Universidad contrató a Álvaro Pizarro, que ha tenido como clientes a D&S, Agrosuper y El Mercurio, y quien además es asesor de Instituto Libertad ligado a RN.
