Hoy se vota en la Comisión de Educación del Senado el proyecto que busca poner fin a la entrega de recursos estatales a establecimientos que lucran. En caso de aprobarse, el L&D advirtió que el tema podría ser resuelto por en el Tribunal Constitucional. Delaveau señala que son 1 millón 200 mil alumnos los que potencialmente pueden quedar sin colegio y que al eliminar el aporte del Fisco la viabilidad de este tipo de colegios es simplemente imposible.
Fue una de las exposiciones más tajantes y la advertencia fue clara: de aprobarse, se trataría de una materia que podría resolver el Tribunal Constitucional. De esta forma el Instituto Libertad y Desarrollo dejó en claro ante la Comisión de Educación del Senado su posición respecto al proyecto que pretende poner fin a la entregar de recursos estatales a establecimientos educacionales que lucren.
“Desde el punto de vista constitucional la iniciativa es expropiatoria”, dijo ante la instancia Rodrigo Delaveau, director del programa Legislativo y Constitucional de L&D.
El debate del proyecto continúa hoy con la participación del propio ministro de Educación, Felipe Bulnes. De aprobarse, Delaveau augura un escenario complejo. De ser así, “tanto ellos (dueños), como quizás padres y alumnos, podrán recurrir judicialmente en defensa de sus derechos”, dice.
-¿Cuáles son las principales ventajas que ve en la educación subvencionada con fines de lucro?
-En primer lugar, no hay evidencia alguna que el término de lucro vaya a mejorar la calidad de la educación. El hecho de que tenga o no fin de lucro no hace mejor o peor a un colegio. Lo importante es que el permitir que haya este tipo de colegios, aumenta la oferta educativa en cuanto a cobertura y a diversidad en la educación, pues da espacio para proyectos educativos nuevos y laicos. Hay que tener en cuenta que los colegios particulares subvencionados sin fin de lucro son en su gran mayoría religiosos.
-¿Cree que se ha satanizado el lucro injustamente?
-Se ha malentendido el concepto y se ha asociado a una ganancia excesiva e ilegítima. Si revisamos quiénes son los dueños de colegios con fin de lucro, nos encontramos con que en su mayoría son profesores con colegios pequeños y con un proyecto educativo propio (el 83% tiene un solo colegio) y que atienden a alumnos vulnerables, que son cercanos a la comunidad, y que de hecho cobran menos por financiamiento compartido que los colegios sin fin de lucro, siendo además menos selectivos. Además, si lo que molesta es que se trate de fondos públicos, es contradictorio, pues todo el sistema de Chile Compra, subsidios eléctricos y agua potable, bonos Auge, vivienda social, fondos culturales y tantos otros, no son realizados directamente por el Estado, y por ello van dirigidos a instituciones que lucran, lo que evidencia que el lucro es compatible con muchos fines públicos no sólo los de consumo. Por ejemplo, proveer de viviendas sociales o garantizar prestaciones de salud. Así, lo importante no es quién presta el servicio, sino que lo haga bien. Por eso el tema del lucro es completamente distinguible del de la calidad, que es donde debiéramos concentrarnos.
[cita] De aprobarse la ley en los términos propuestos (eliminando el aporte estatal) a este tipo de colegios, la viabilidad de éstos es simplemente imposible. Ello atenta directamente sobre el proyecto educativo, que fue construido legítimamente bajo las reglas establecidas en las leyes, donde hubo endeudamiento, inversiones, y quizás mucho esfuerzo humano.[/cita]
-¿Cree que el sistema de la provisión mixta ha ayudado a dibujar un Chile más justo e igualitario?
-La educación es la herramienta fundamental para superar la pobreza. Es un hecho que el sistema mixto permitió aumentar de manera impresionante la cobertura, que hoy llega casi al 100% y llegar a personas que antes no tenían acceso. De hecho, hasta hace poco creíamos que este sistema educativo había profundizado la desigualdad. Eso quedó pulverizado con el reciente estudio de Claudio Sapelli (2011) donde demuestra contundentemente que la desigualdad educativa entre los jóvenes es mínima en comparación con los mayores, lo que dice que efectivamente en los últimos años la educación ha permitido achicar las brechas. La desigualdad comenzó a reducirse fuertemente a partir de los nacidos en 1962, que son los que comenzaron su vida en la educación superior en 1980, año donde se produce la apertura educacional en Chile. Tanto así que para los que se encuentran hoy entre los 25 y 35, su nivel de desigualdad es similar al de países como Francia o al de Suecia y mejor que el promedio de la OCDE, lo que demuestra que -si bien aún estamos lejos- vamos por buen camino. Esto cambia completamente la mirada que teníamos hasta hace poco sobre la desigualdad y el sistema educativo.
-La crítica es que los dueños lucran y no reinvierten en la calidad de educación de ese establecimiento. ¿Está de acuerdo con que eso sucede o es una caricatura?
-Los dueños de colegios pequeños no tienen cómo lograr al final del día ganancias importantes, pues no hay escala suficiente como para obtener rentas. Los dueños de redes de colegios, que son la minoría de los colegios con fin de lucro (menos del 15%), y que me imagino que son los que forman parte de esta imagen distorsionada que se tiene de lucro, son los que tienen los mejores colegios, con mejor infraestructura, que invierten desde su propio bolsillo, esperando que el colegio tenga buenos resultados. Y efectivamente los tienen.
-Si nos guiamos por el sistema estándar de medición, el SIMCE, el de 2010 indica que los subvencionados bajaron. ¿A qué se debe que no tengan mayor éxito académico?
-Si miramos los datos con detalle, esto no es así. No hubo tal caída en los puntajes. Más aún, controlando por características socioeconómicas y usando datos de panel, los datos del SIMCE 2005 y 2009 muestran que los alumnos que estudiaron en colegios Particulares Subvencionados obtienen un mayor incremento entre 4° y 8° básico que los que estudiaron en colegios municipalizados. Y este incremento es mayor para los alumnos de grupos socioeconómicos bajos. Es decir, que los colegios particulares subvencionados tienen en promedio mejores resultados y ayudan a que sus alumnos exhiban mejoras mayores en el tiempo, especialmente entre alumnos de grupos socioeconómicos bajos.
-¿Mediante qué mecanismo se puede asegurar que los dineros estatales tengan fines educativos y vayan en beneficios de los estudiantes y no a la cuenta corriente del sostenedor?
-De la mano de la libertad debe ir la fiscalización y rendición de cuentas, y por sobre todo la transparencia e información de los padres. Lo que hay que fiscalizar es que se estén usando bien los recursos, que se esté entregando una educación de calidad, más allá de si los excedentes son o no usados para mejorar los patios. Las familias también tienen que tener la información sobre los colegios, tanto financiera, como de reinversión, y por supuesto de los indicadores de calidad, para escoger adecuadamente dónde envían a sus hijos. Esto, sumado a que se flexibilice la salida de malos colegios, permite que haya un colador de establecimientos de baja calidad, primero desde el ministerio, que no deje operar a los que no cumplan con los estándares, y segundo, desde las familias que con toda la información disponible no van a querer matricular a sus hijos en los colegios con malos resultados, pero para eso necesitamos hacer más portable el subsidio y no menos, restringiendo la oferta de colegios, que es los que va a suceder de aprobarse este proyecto.
-¿Le ha hecho mal al sistema que existan tantos parlamentarios y representantes políticos que sean dueños de colegios?
-No tengo ningún antecedente al respecto.
-¿Cuál es la razón de recurrir al Tribunal Constitucional en caso de que la reforma sea aprobada, como anunciaron en su exposición en el Senado la semana pasada?
-La Constitución protege la libertad de emprender, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad. Si el legislador afecta este último expropiando, debe indemnizar, en lo que constituye la forma en que como sociedad nos hacemos cargo de esta expropiación, de modo de no imponerle individualmente a un sujeto el peso de una regulación. De aprobarse la ley en los términos propuestos (eliminando el aporte estatal) a este tipo de colegios, la viabilidad de éstos es simplemente imposible. Ello atenta directamente sobre el proyecto educativo, que fue construido legítimamente bajo las reglas establecidas en las leyes, donde hubo endeudamiento, inversiones, y quizás mucho esfuerzo humano. El Estado no puede llegar y quitarte eso de un plumazo. Por eso el proyecto es inconstitucional, ya que, al vulnerarte estos derechos se vuelve expropiatorio. Además, si esto debe contemplar gastos para indemnizar a los propietarios, entonces el proyecto de ley requiere fondos públicos, y por lo tanto es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, siendo dicho proyecto inadmisible y doblemente inconstitucional. En todo caso, hasta antes de que la ley quede tramitada, sólo pueden recurrir al TC los parlamentarios y el Presidente de la República. Los particulares sólo lo pueden hacer una vez aprobada la ley.
-¿Qué futuro augura en caso que se ponga fin al financiamiento estatal para los establecimientos con fines de lucro?
-Es tremendamente complejo. Son 1 millón 200 mil alumnos los que potencialmente pueden quedar sin colegio. De verdad resulta difícil explicarle a una madre que a pesar de que el colegio de su hijo tiene buenos resultados va a ser cerrado por que una ley prohíbe el financiamiento público a este tipo de establecimiento. Más inexplicable resulta ser que se quiera mejorar la diversidad y la inclusión de la oferta educativa con menos establecimientos, y no incentivando a que se creen más. El sistema de colegios subvencionados con fines de lucro ha permitido democratizar la enseñanza en Chile, ya que no la reserva exclusivamente para colegios municipales, de credos religiosos o de grupos económicos filantrópicos. Así –paradojalmente– la educación que adhiere a los principios progresistas será probablemente la más dañada, lo que resulta inexplicable considerando quienes, en teoría, apoyarían este proyecto de ley.
En este marco, el proyecto de ley resulta inconstitucional, toda vez que en la práctica expropia el modelo educativo sobre el cual este tipo de establecimientos realizó sus inversiones, bajo el amparo de la ley. De aprobarse en estos términos el proyecto de ley, tanto ellos, como quizás padres y alumnos, también podrán recurrir judicialmente en defensa de sus derechos.
