El secretario de Estado explicó que la atención de un condenado o imputado le significa al Estado entre 270 mil y 550 mil pesos mensuales, sin asegurar que al cumplimiento de su condena éste no vuelva a delinquir.
Durante el consejo consultivo anual de la fundación Paz Ciudadana, celebrado la mañana de este viernes en Casa Piedra, el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, llamó al fortalecimiento integral del sistema penitenciario, con el fin de bajar tasas de reincidencia y criminalidad en el país.
Para el secretario de Estado, mantener a un interno bajo las actuales condiciones penitenciarias “es un pésimo negocio desde el punto de vista financiero y por sobre todo social”, ya que -explicó- la atención de un condenado o imputado le significa al Estado entre 270 mil y 550 mil pesos mensuales, sin asegurar que al cumplimiento de su condena éste no vuelva a delinquir.
“Como gobierno estamos impulsando nuevas políticas carcelarias. La nueva política carcelaria es un concepto que es global, y que abarca desde la revisión de los planes y estudios de formación de Gendarmería, hasta las prácticas internas, el uso racional de las cárceles, penas alternativas, entre otras. Nosotros tenemos que entender que las cárceles no son un lugar para que la gente hoy día pueda adquirir realmente nuevas destrezas para ejercer un trabajo digno y puedan reinsertarse socialmente”, dijo el ministro ante los asistentes.
En este encuentro, destinado a abordar políticas en materia de seguridad, prevención y control de los delitos, el ministro Ribera expuso los ejes de su cartera que buscan cambiar la cara del actual sistema penitenciario y que a la fecha debe atender a más de cien mil personas condenadas o imputadas bajo un sistema de cumplimiento abierto o de reclusión.
El secretario de Estado enfatizó que “la cárcel no sólo debe cumplir con su labor de penitencia, sino que debe enfocarse urgentemente en la reinserción, rehabilitación y educación de los internos”, por lo que se hace indispensable avanzar en varias políticas públicas.
